----------- Edición N° 14 - ---- Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América - ----

 
 
 
PROMESAS INCUMPLIDAS
 
 
En septiembre de 2005, las Fuerzas Militares del Estado capturaron diez guerrilleros de la cuadrilla Aurelio Rodríguez de las FARC, gracias a la información suministrada por *Jorge Armando León, campesino del municipio de San Antonio del Chamín en el departamento de Risaralda.

 

Al conocerse la efectividad de la operación, las fuerzas insurgentes iniciaron una persecución contra el colaborador, lo que condujo al informante a solicitar seguridad personal a los altos mandos militares. La Policía Nacional, por su parte, sólo remitió un documento sobre cómo autoprotegerse y de la recompensa por la colaboración suministrada nadie responde. ¿Qué estará pasando con las recompensas que el gobierno prometió dar a los informantes?

La presencia de la cuadrilla de las FARC en la finca de *Jorge Armando León lo alertó en repetidas ocasiones en el año 2005. Vélez ya había sido víctima del conflicto interno armado, cuando éste grupo guerrillero, asesinó a su hermano, presuntamente, por ser informante de los Paramilitares. En constantes operaciones la Brigada Móvil número 14 del Ejército transitó la misma ruta del grupo subversivo, lo que condujo a *Jorge Armando León a involucrarse en el proceso de seguimiento militar y participar como informante de las Fuerzas Militares.

A finales de 2005 Vélez había notificado al Coronel, Juan Luis Gutiérrez Restrepo, Comandante de la Brigada Móvil Nº 14, todos los sitios que frecuentaban los integrantes de la cuadrilla guerrillera incluyendo su comandante, alias Manolo. Todos los datos suministrados por el informante fueron precisos, permitiendo la captura de diez subversivos y su comandante, así lo certifica un documento expedido el 21 de septiembre de 2006 desde la comandancia del batallón.

En respuesta de la acción de *León, las persecuciones por parte de las FARC se hicieron presentes. El informante tuvo que trasladarse al municipio de la Virginia protegiéndose de los ataques, por lo que decide solicitar seguridad al Coronel José Antonio Poveda Montes, Comandante de la Policía de Risaralda, quien conocía sus datos, puesto que su institución, a través de la SIPOL, también participó en la operación que condujo a la captura de la cuadrilla guerrillera. La absurda respuesta del Coronel Poveda fue una completa carta de instrucciones de autoprotección a la que debía recurrir *León, dado que la Policía de Risaralda no autorizaba acogerlo en el plan de protección a informantes. Así lo revela un documento expedido por el comandante Poveda en agosto de 2007.

Desconcertado, *León decide seguir huyendo a las amenazas de las FARC que ya lo habían ubicado en el municipio de la Virginia, por lo que esta vez se instala en Bogotá. Buscando acogerse en el Plan de Beneficios a Informantes, León procede a la oficina de Acción Social de la Presidencia de la República donde informa sobre todo su dramático caso y, además, suministra los documentos expedidos por las autoridades donde manifiestan su participación como informante del operativo.

“Es una paseadera que me han dado en todas las oficinas del Estado y mientras tanto la guerrilla persiguiéndome” así lo manifestó *Jorge Armando León desde la Oficina Delegada de Derechos Humanos de la Personería de Bogotá.¿Por qué el Estado, que se benefició de la colaboración del informante, no procede a un acto primario de agradecimiento como es acogerlo al Plan de Protección a Informantes? ¿Qué pasó con la recompensa que Acción Social Ofrece a todos sus colaboradores? Es dudosa la gestión por parte de la Fuerza Pública y en la que la Personería de Bogotá tiene el ojo puesto por las constantes denuncias que han llegado a este despacho. No es la primera acusación que se refiere al caso de indiferencia frente a los informantes que han aportado datos precisos sobre grupos ilegales y que, además, han concluido en óptimos resultados.

Es la Presidencia de la República, a través de la Oficina de Acción Social, la que debe manifestarse sobre la situación de los informantes que arriesgan su vida por colaborar con la justicia y que no ven retribuido su trabajo ni en la paga de recompensas ni en la seguridad prometida. Por eso para muchos de ellos esto empieza a ser visto como una estafa desde las cúspides estatales. *Jorge Armando León. Este nombre ficticio corresponde a la identidad del informante que no puede ser revelada para proteger su integridad.

Por: Luis Carlos López Romero - Estudiante de Comunicación - UJTL

Fuentes - Foto:lustración de Giselle Machado – El temor y el miedo se apoderan de la mente y el corazón. Estudiante de Comunicación Social-Periodismo - UJTL

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