De esto la opinión pública sabe muy poco debido a que la realidad de los hechos, en la mayoría de los casos es tergiversada y sólo algunas veces se esclarecen. Lo que convierte una acción legal en una nueva forma de intimidación en contra de los comunicadores que por anhelo a la verdad denuncian, pero debido a la imposibilidad que mencioné antes, tienen que esperar que alguien con mejores medios decida corroborar la información.
Conciente de este tipo de situaciones es lamentable ver que el propietario del periódico El Colombiano (Medellín y senador), Juan Gómez Martínez, presente, por tercera ves, un proyecto de ley para que se eleven las penas por calumnia e injuria o “cualquier aseveración sin fundamento o prueba controvertida si, directores, periodistas y columnistas cometen este tipo de faltas".
Como es apenas obvio ejercer el periodismo en nuestro país es cada vez más complicado, amenazas, secuestros y asesinatos cometidos contra periodistas así lo demuestran. Ahora súmenle estas nuevas normas que quieren imponer para coartar el derecho a la libre expresión. |
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Un ejemplo de ello es el caso presentado en el informe de Sociedad Interamericana de Prensa, en octubre de 2005, en el que se denuncia al senador y ex presidente del Senado Humberto Gómez Gallo, quien dijo, el 17 de marzo, en la emisora La Cariñosa de RCN del Tolima "Los tolimenses deberíamos iniciar un boicot contra 'El Nuevo Día', no deberíamos comprar ese periódico, no deberíamos pautar en él (...) para que castiguen a 'El Nuevo Día' por su infamia y por la bellaquería (...) 'El Nuevo Día' jamás debería pronunciarse en torno a mi nombre ni para bien ni para mal, porque ha mostrado sevicia, porque ha mostrado odio", retractandose después a través de el diario EL TIEMPO asegurando que su declaración fue mal interpretada. Menos mal que todo quedó grabado.
El hecho se presentó después de que el Nuevo Día denunciara irregularidades de su actividad pública. El caso está en siendo monitoreado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
La “ley” continua siendo rápida en estudiar nuevas leyes en contra de los periodistas para, por ejemplo, restringir el acceso a la información, pero no tiene la misma efectividad para encontrar a los intimidadores y a los asesinos de los periodistas.
No puedo imaginarme la magnitud del problema si hubiese sido un periodista y no el gobierno del Presidente Uribe el que hubiera acusado al señor Rafael Pardo de tener nexos con el grupo narco-terrorista de las FARC, para que al final saliera con la misma excusa que expresó el gobierno en su momento, tal ves lo hubieran encarcelado como única opción.
Debemos escribir con pies de plomo; siempre apegados al afán de conocer la verdad, debemos recordar que no tenemos la ventaja de ser jefes de un país, pero, como periodistas, damos fe pública de los hechos que acontecen en nuestra nación.
Somos interlocutores, a quien se le ha brindado un espacio para dar a conocer lo que el país debe conocer, no puedemos dejar de aprovecharlo y, claro, también estamos en la obligación de saberlo aprovechar, debemos saber decir las cosas y si algo se publica, que sea porque se tiene la certeza de que lo que se escribe es cierto, no podemos correr el riesgo de dañar la imagen de una persona inocente. |
