Agosto 10-12 de 2011
Los Congresos Nacionales de Reconciliación, que viene convocando el SNPS desde hace varios años, son espacios donde convergen diferentes actores sociales que durante un par de días reflexionan en torno a temas de importancia para el país desde la perspectiva de la reconciliación. En el 2011, el Congreso estuvo dedicado al análisis de tres temas relacionados con la búsqueda de una paz duradera en Colombia que incluya a las víctimas: reparación integral, restitución de tierras y justicia transicional. Los tres temas fueron tratados desde diferentes perspectivas: académica, política, religiosa y de la comunidad internacional.
En el primer panel, titulado “la reparación integral como una oportunidad para la reconciliación a través de la dignificación de las víctimas”, se abordaron los principales alcances y retos de las políticas de reparación formuladas por el Estado colombiano durante los últimos años, especialmente la recientemente aprobada Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) y se analizó cómo estas políticas se vinculan con la reconciliación. Los panelistas (Rubén Salazar, Manuel Oviedo, Juan Monje, Juan Cristo, Iván Cepeda, Francisco Nieto) hablaron principalmente sobre los siguientes temas:
La importancia de la coyuntura política. El cambio de gobierno y la aprobación de la Ley de Víctimas abren una ventana de oportunidad para posicionar los temas relacionados con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, los procesos de justicia transicional y la restitución de tierras.
Balance de la legislación. Las leyes dan muestra del interés del Estado por enfrentar la situación de violencia, pero persisten muchas dificultades relacionadas con seguridad de los líderes, las condiciones para los retornos, el impacto desproporcionado del conflicto sobre las mujeres y las garantías de no repetición.
Retos de la Ley de Víctimas:
- Reglamentación de temas cruciales que fueron dejados pendientes por la Ley.
- Protección de las víctimas, especialmente de los líderes.
- Garantizar condiciones para los retornos y garantías de no repetición
- Profundizar el enfoque diferencial
- Crear condiciones que permitan la participación de las víctimas en las políticas públicas y los modelos de reparación.
- Crear una nueva institucionalidad realmente capaz de garantizar la implementación de la Ley.
En el segundo panel, titulado “justicia transicional: un camino a recorrer en Colombia que garantice la participación de las víctimas en la construcción de paz”, los expositores (María Camila Moreno, Marcelo Álvarez, Francisco de Roux y Aura Bolívar) debatieron acerca del modelo de justicia transicional y su aplicabilidad en Colombia. Después de una somera presentación de los orígenes de la justicia transicional, las discusiones se concentraron en los siguientes asuntos:
Balance de justicia transicional. El marco jurídico transicional en Colombia (principalmente la Ley 975 de 2005) ha permitido revelaciones importantes sobre las dinámicas de la violencia y sus responsables, pero persiste mucha incredulidad y decepción respecto a los alcances de la Ley, particularmente en temas de reparación. Además, aun perviven las estructuras armadas y los estímulos y presiones para permanecer en las mismas. Igualmente, la aplicación de justicia ha sido muy limitada, pues pese al volumen de la desmovilización, no se han ejecutado condenas importantes.
Justicia transicional sin transición. Emprender la transición en medio del conflicto es un cuestionamiento del propio concepto de justicia transicional, y aunque el reconocimiento de las víctimas y la implementación de medidas para conseguir verdad, justicia y reparación son factores positivos, la pervivencia del conflicto plantea complicados desafíos y contradicciones para el modelo transicional en Colombia.
Justicia transicional transformativa. En un contexto como el colombiano, hay que pensar en un modelo de justicia transicional en el que no solamente se restituya la tierra y se reivindique la memoria y la dignidad, sino que hay que ir más allá y transformar las condiciones estructurales de la violencia. Esto se relaciona también con una reforma institucional en Colombia que contribuya a plantear garantías de no repetición.
Diagnóstico Ley de Víctimas. Se reconoce que significa un salto cualitativo hacia el reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas en el país, favorecido en gran medida por el cambio de ambiente en la sociedad, el Gobierno y el Congreso. Sin embargo, se perciben serias falencias en la Ley:
- No se reconoce explícitamente la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos y se excluye a sus víctimas.
- No plantea criterios claros judicialización.
- No parte de una identificación previa de los hechos y las víctimas, lo cual se explica en parte por la carencia de una comisión de la verdad.
- No hay una distinción clara entre acción humanitaria, política social y reparación.
5. Retos de la justicia transicional en Colombia. Entre los elementos que deben tener en cuenta la Ley de Víctimas y las próximas medidas de justicia transicional en Colombia están los siguientes:
- Develar la verdad y construir de relatos de memoria histórica.
- Solucionar el limbo jurídico en el que se encuentran los desmovilizados de los diferentes grupos armados ilegales.
- Remediar las tensiones con la justicia penal ordinaria.
- Articular adecuadamente las instituciones encargadas de aplicar las normas y asegurar la sensibilidad de las mismas frente a las necesidades de las víctimas
- Superar la polarización, la ambigüedad social y la estigmatización de los ex-combatientes. Lograr perdón y reconciliación.
- Reparación con enfoque diferencial (minorías étnicas, género).
- Participación real de las víctimas en el proceso de implementación.
El tercer panel, denominado “restitución de tierras: condición esencial para la transformación social hacia la reconciliación nacional” se concentró en los apartes de la Ley de Víctimas relacionados con ese tema. A grandes rasgos, los panelistas (Marco Romero, Luis Garay, Carlos Salgado, Alejandro Reyes, Yamile Salinas, Tom Burst, Ana Ibáñez y Juan Ospina) partieron de enfatizar la importancia de la tierra en el conflicto armado interno colombiano e hicieron un diagnóstico histórico sobre los preocupantes niveles de concentración de la propiedad, informalidad e improductividad en el sector rural colombiano y la necesidad de cambiar esa situación.
Los panelistas reconocieron el avance que representa la Ley de Víctimas al establecer mecanismos y responsabilidades para recuperar, devolver y reconvertir productivamente la tierra, lo cual demuestra un interés del Estado por subsanar las consecuencias de la violencia y saldar una deuda política, moral y económica con el campesinado. Sin embargo, fueron muy tajantes al afirmar que hay que tomar las cosas con cautela, pues el asunto de la tierra ha sido un asunto muy delicado a lo largo de la historia del país que requiere una profunda restructuración que supera las potestades de la Ley. Además, la implementación de la misma presenta numerosas dificultades y retos, que de no ser subsanados, significarán el fracaso de un nuevo intento de reforma agraria en Colombia:
Conceptos utilizados (como competitividad, emprendimiento y empleabilidad) son riesgosos, pues pueden reñir con las concepciones de las minorías étnicas y abrir la puerta para la adquisición de la tierra por parte de grandes empresas.
Estrategias planteadas para el desarrollo rural no son innovadoras y no se compadecen con el discurso de transformación planteado por la Ley.
Institucionalidad rural está desmantelada y no existen burocracias especializadas; además, la tecnocracia económica es un obstáculo para la implementación.
La mayoría del campesinado (cerca del 80%) tiene derechos de propiedad informales. La falta de títulos afecta más a las mujeres, pues tradicionalmente han visto negado el derecho a la propiedad. Por otro lado, algunas comunidades étnicas practican formas de propiedad colectiva que no es formalizada.
No diferenciación de los actores rurales.
Demasiada incertidumbre debida al exceso de promesas y enunciados hacia el futuro.
Propuesta de creación de nuevas instituciones no ha ido acompañada de claridad en criterios de coordinación. Tampoco hay certeza sobre las herramientas que se utilizarán para blindar las nuevas instituciones de la corrupción y el sabotaje.
Falta de consulta previa con las comunidades y marginación de las mismas, en particular de las mujeres, en la legislación y el andamiaje institucional.
Solicitudes y concesiones mineras amenazan los territorios agrícolas y los resguardos.
No es posible devolver la tierra si el Estado no la arrebata primero a los actores armados y los terratenientes ilegales. Además, el hecho de que muchas propiedades rurales estén en manos de testaferros complica aún más el problema.
No se plantean medidas serias para garantizar la seguridad de las personas que decidan retornar a los territorios