El día 22 de noviembre del 2011 en las instalaciones del CINEP fue convocada la Segunda Jornada de Reflexión en “Avances e iniciativas en propuestas de paz 2011”, por la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y las iniciativas de paz. Su objetivo era realizar un balance de la situación actual del conflicto, analizar las iniciativas de legislación para la paz en curso en el Congreso de la República, presentar las propuestas y conclusiones resultantes del Encuentro de Barrancabermeja, así como de iniciativas tales como el Congreso de los Pueblos, Diálogos Diversos, la Comisión de Conciliación Nacional y otras iniciativas regionales; por último el encuentro se propuso avanzar en la construcción de una hoja de ruta de la sociedad civil para la paz y la negociación, de una perspectiva estratégica y de acciones prioritarias y conjuntas para el año 2012.
Mauricio García, director del CINEP, dio inicio a la jornada con la bienvenida institucional y con una reflexión para el público asistente acerca de la paz como una construcción colectiva. Posteriormente, Luis Eduardo Salcedo, de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, realizó un recuento de la primera jornada y continuó con la agenda del día, explicando que la metodología del ejercicio a realizar era trazar una ruta para la construcción de paz para el año 2012. Diego Pérez, de SUIPPCOL, recordó la reunión que se realizó el presente año en Cartagena, en el mes de abril, donde se tocó el tema de la incidencia de la sociedad civil en la construcción de paz, continuando con el objetivo del día de trazar una hoja de ruta estratégica que no fuera solo coyuntural, sino que pretendiera analizar el conflicto a través de sus insumos o características claves para determinar así las estrategias a seguir.
Se presentaron dos insumos relacionados con el balance del Plan de Consolidación del Estado y la postura del Gobierno y la Guerrilla ante una posible solución no militar. La primera intervención a cargo de Juan Carlos Palau, de Ideas para la Paz, hizo referencia al estado del arte del Plan de Consolidación del Estado, aportando los hallazgos del balance de dicha política nacional de consolidación territorial como una realidad operativa en las regiones de la Sierra Nevada, el Bajo Cauca, los Montes de María y la región de la Macarena. De acuerdo con la Directiva Presidencial No. 1 del 20 de marzo de 2009, el Plan Nacional de Consolidación Territorial es “un proceso coordinado, progresivo e irreversible, por medio del cual se busca afianzar la articulación de los esfuerzos estatales para garantizar de manera sostenible un ambiente de seguridad y paz que permita el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en beneficio del libre ejercicio de los derechos ciudadanos y de la generación de condiciones para su desarrollo humano”.
Palau definió la política de consolidación como una forma de intervención del Estado en las regiones, un medio de construcción y recuperación social ante las comunidades; sin embargo, dicha política no deja de identificarse con las operaciones de estabilización internacional, donde se pretende intervenir en Estados frágiles. Los fundamentos de tal estabilización los siguientes:
- Situaciones en las que se aspira que haya integración entre los esfuerzos militares y los civiles.
- Guerras asimétricas, donde los conflictos son de baja intensidad, dado que existe una gran desproporción entre las fuerzas tanto militares como políticas de los bandos implicados, lo que obliga a los bandos a utilizar medios fuera de la tradición militar común.[1]
- Políticas focalizadas estratégicamente de manera territorial, con tres componentes clave: refinamiento de las estrategias contrainsurgentes, extensión en aquellos territorios en los que hay cultivos ilícitos y desarrollo económico y social con la integración de los territorios a los procesos políticos. Este último componente es el menos elaborado, ya que no es claro si la política busca el desarrollo directamente o crea las condiciones para dicho desarrollo o busca la presencia del Estado, independientemente del desarrollo. Se presume que la política de consolidación no pretende lograr el desarrollo económico, político y social, sino que crea las condiciones para ello, disminuyendo el rezago de los territorios elegidos frente a otros territorios.
Precisamente sobre este último punto, Palau establece que la focalización geográfica no logra disminuir el conflicto a nivel nacional; sin embargo, está de acuerdo con la política, ya que cree que puede hacer importantes aportes a la paz en la medida en la que no busca un proceso de negociación, pero tampoco niega su posibilidad.
Entre las críticas que surgen al plan de consolidación, se encuentra que la noción de contrainsurgencia es insuficiente, dado que no se tiene en cuenta a las bandas criminales que tienen un carácter no político, frente a las fuerzas insurgentes que sí lo tienen. Por otra parte, la política focalizada no necesariamente es amigable con la población civil; al respecto, se menciona que hay preponderancia del poder militar sobre el civil, puesto que son los militares quienes imponen sus condiciones. Respecto a los cultivos ilícitos frente a la lucha insurgente, se puede decir que por atender uno de estos asuntos, se podría descuidar el otro, y dado que se busca la legitimidad del Estado, éste podría encargarse de la erradicación de cultivos ilícitos. Por último, en cuanto al tema del desarrollo, éste implica más recursos y por tanto una mayor relación directa con la política, que no es clara en el Plan de Consolidación.
En la participación del público respecto a la intervención del primer conferencista, se encontró malestar frente a las fuerzas de seguridad del Estado, ya que su imagen es de fuerzas de ocupación, puesto que no respetan autoridades, ni civiles de las regiones, relacionándolos con insurgentes y criminalizando los esfuerzos humanitarios o de diálogo para sortear las dificultades del conflicto; esto disminuye la acción de la política en las regiones. También se relacionó con una política agresiva de élites, ya que su apoyo a mineros y otros sectores importantes de la industria no permite la integración de los diferentes movimientos sociales en el desarrollo de las regiones. Finalmente se concluye que hay una relación entre la función coercitiva y la función social en el programa de la política de consolidación; sin embargo, se propone que el instrumento no sea descartado, sino que sea revisado y llenado de contenido democrático, ya que ha intentado integrar territorios que estaban abandonados a la dinámica del país, independientemente del valor económico que han ganado. Se podría por tanto, buscar la opción de evitar monopolios industriales.
La segunda intervención, a cargo de Jaime Zuluaga de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, se denominó “Postura del gobierno y guerrilla ante una posible solución no militar”. Su objetivo fue, básicamente, evidenciar algunos factores determinantes de la posición del Gobierno Nacional y las guerrillas (especialmente la de las FARC) frente a la posibilidad de comenzar diálogos de cara a unas eventuales negociaciones de paz. Zuluaga dedicó una primera parte de su intervención a evidenciar algunos elementos del contexto político y del estado actual de la confrontación armada. En primer lugar, señaló el fenómeno del desplazamiento del conflicto, desde las ciudades a la periferia, como resultado de las políticas de seguridad de, por lo menos, la última década. Tal situación ha tenido efectos tanto en el plano económico (aumento de la actividad económica impulsada por el Estado) como en el político (mayor control social, político y militar sobre la población civil). En segundo lugar, menciona el aumento de las acciones insurgentes en los últimos años, en términos de incremento de lo que llamó “iniciativa guerrillera”, que ha llegado a niveles que no se veían desde los años 2002 y 2003. En tercer lugar, los fuertes golpes militares que ha sufrido las FARC en los últimos tres años (el último de ellos, el abatimiento en combate de su máximo cabecilla alias ‘Alfonso Cano’) no parecen traducirse en un pronto fin de la confrontación armada; por el contrario, podría haber, en el corto plazo, un recrudecimiento de las acciones bélicas. Como cuarto y quinto elementos de contexto, Zuluaga mencionó la continuidad que, a su parecer, se evidencia en las políticas económica y de seguridad entre las administraciones de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, y un nuevo ascenso de movimientos sociales llevados a cabo por estudiantes, mujeres, trabajadores, indígenas y otros sectores sociales.
La segunda parte de la intervención de Zuluaga se centró en presentar un breve diagnóstico de las posiciones del Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Por un lado, el Gobierno mantiene una posición ambivalente entre la política “reformista”, palpable en proyectos como el de la Ley de Víctimas y restitución de tierras o la creación de un Departamento Administrativo para la Política Social, y la política de seguridad por la que se mantiene la presión militar sobre las guerrillas. Por otro lado, se afirma que, desde la perspectiva de las guerrillas, no es posible salir de la guerra por medio de la negociación sin hablar en estos espacios de los “factores determinantes del conflicto armado”, entendidos estos como parte de las exigencia de los grupos guerrilleros para pactar cualquier acuerdo político con el Estado Colombiano. A partir de estas posiciones, se retoman algunas condiciones claves para la formulación de propuestas de construcción de paz en el país. Así, se mencionan (1) el fortalecimiento de los sujetos sociales, entendidos como segmentos o sectores de la sociedad civil que abren espacios de democratización, con miras a concertar políticas de paz con el Gobierno Nacional; y (2) el compromiso con un proceso democratizador de la sociedad, que incluya también una presencia integral del Estado en el territorio nacional. En una tercera y última parte, Zuluaga lanza algunas hipótesis encaminadas a reactivar las opciones de una política de negociación con las guerrillas. Ante el diagnóstico desalentador que habla de un “inmovilismo en propuestas políticas” por parte de Gobierno y guerrillas, y de una tendencia de la dos partes a centrarse en la solución militar al conflicto, se propone que éstas cumplan algunos acuerdos mínimos para emprender eventuales negociaciones:
• Las guerrillas deben liberar a todos los secuestrados sin condiciones y deben comprometerse a respetar el Derecho Internacional Humanitario.
• El Gobierno, por su parte, debe comprometerse a pactar con las guerrillas una tregua bilateral, siempre que éstas cumplan las condiciones mencionadas.
• Debe existir un acompañamiento de la comunidad internacional, tanto de organizaciones internacionales como de gobiernos amigos, con la función de hacer veeduría y restablecer la confianza entre las partes. La intervención de los Estados Unidos en estas funciones es fundamental.
Se destacó de la participación del público la necesidad de repensar los procesos de diálogo, ya que la situación es diferente a la de años anteriores (con compromisos como cese al fuego y tregua bilateral); la llamada “correlación de fuerzas” ha cambiado, por lo que se debería proponer un desescalonamiento del conflicto, agendas políticas de democratización, entre otros. Así mismo, la necesidad de espacios de convergencia entre los movimientos sociales y actitud de sinergia entre las iniciativas que contribuya a la construcción de paz.
El tercer tema relacionado con el análisis y balance sobre las iniciativas legislativas para la paz y sus implicaciones políticas y jurídicas estuvo a cargo de María Camila Moreno y Daniel Millares, quienes hablaron acerca de la justicia transicional, su concepción e implicaciones. Según Moreno, el Gobierno Nacional mantiene la visión de lograr una victoria militar sobre las FARC, pero también habla de justicia transicional e impone una solución política y jurídica a los conflictos. Por su lado, la guerrilla es insistente en las acciones violentas, a pesar que dicen estar dispuestos al diálogo. La justicia transicional tuvo sus inicios en el proyecto de ley de justicia y paz (ley 975 de 2005), que se basa en acciones penales sobre los paramilitares (Marco jurídico para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, aunque eventualmente podría ser utilizada en procesos de desmovilización de grupos guerrilleros), la ley 1424 de 2010, que define las instancias jurídicas y no jurídicas de los soldados rasos, donde se crea un “limbo jurídico”, como una ponderación entre conflicto y paz, y la ley 1448 que es la ley de reparación de víctimas.
La justicia transicional busca que la transición sea justa, no que la justicia sea transitoria, por lo que los procesos de construcción de paz deben ser justos y sostenibles en el largo plazo. Esta justicia expresada en el artículo 66 del acto legislativo 094, propuesto por Roy Barreras, plantea:
1. Elevar a rango constitucional la justicia transicional, lo que por lo que volvería esta justicia permanente.
2. Las posibilidades de aplicar las medidas judiciales y no judiciales. El Estado debería a perseguir penalmente a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad; sobre esos grandes determinadores o financiadores se concentraría el aparato judicial para sancionar. Sin embargo, no hay un límite claro para la elección de los máximos responsables. Esto genera un conflicto para una posible alternativa de diálogo, ya que no sería práctico que el Estado en una mesa de negociación le proponga a los máximos responsables de la guerrilla que su única solución es la cárcel.
La intervención de Daniel Millares tuvo como objetivo hacer algunas aclaraciones sobre el análisis que la MAPP-OEA hizo al acto legislativo 094 y al proyecto de ley 096 de 2011 “mediante el cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005”. Millares anota que una preocupación principal de la MAPP-OEA es la poca seguridad jurídica de la ley 975 de 2005. Se critica, asimismo, la propuesta de este proyecto de elevar la Justicia Transicional a rango constitucional y la arbitrariedad inconveniente en el hecho de que se establezca como fecha de postulación última para desmovilizaciones colectivas de la AUC seis meses después de la fecha de expedición de la ley, y un año después para las desmovilizaciones individuales, pero estipulando como fecha tope de estas últimas el 1 julio de 2012. Entre las propuestas que hace la MAPP-OEA se resaltan: la creación de una ley que establezca mecanismos de priorización (no de selección) de los desmovilizados; el establecimiento de una comisión de la verdad que se complemente con elementos de la justicia penal, así como una comisión de cierre posterior a ésta en un lapso de aproximadamente 10 a 15 años. Frente a este marco jurídico de nuevo se mencionó la necesidad de fortalecer el movimiento social de manera que ejerza presión a fin de lograr la paz.
Con el fin de consolidar los insumos para la elaboración de la ruta hacia la construcción de paz, se presentaron algunas de las alternativas y sus propuestas, entre las que se encontraban el Congreso de los pueblos, que le apuesta a una mayor articulación regional, a que exista conversación entre las agendas y las diferentes iniciativas, dados los intereses comunes, y para evitar que “las luchas sigan siendo dispersas”. La construcción de un proceso social se debe basar en la igualdad para todos, sin jerarquías de por medio para luchar por la reivindicación de los derechos y por la construcción del país que los pueblos necesitan. Diálogos humanitarios y regionales, pretenden conceptualizar la paz de acuerdo a las diferentes agendas. Se construyó una agenda social que se basó en el tratamiento de los siguientes temas: la violencia sexual, las minas, el reclutamiento de niños y niñas y la autonomía de las comunidades, como temas importantes para la concientización. Diálogos diversos, propone diálogos regionales y una conceptualización de la paz como término global que involucra condiciones económicas, sociales, políticas, etc., a partir del cual se debe crear un plan de acción del movimiento por la paz y puntos de la agenda para la paz. Colombianos y colombianas por la paz busca la liberación de los secuestrados. Se logró que las mujeres líderes del mundo enviaran una carta a la guerrilla solicitando la liberación de los secuestrados. CINEP tiene dos líneas de acción, la primera es la perspectiva histórica que revisa procesos, experiencias e identifica las lecciones aprendidas, y la segunda es la perspectiva territorial, encarnada en la red de programas regionales de desarrollo y paz que analizan las dinámicas de los conflictos en las regiones y sus particularidades.
De las conclusiones de la jornada, se rescata que para la construcción de la paz se deben fortalecer las iniciativas, consolidarlas y articularlas a fin de convertirse en un referente de paz frente al Gobierno y la sociedad en general. A propósito de esto, se debe buscar la manera de incidir sobre la población para ganar la opinión pública y ejercer presión a través de acciones estratégicas conjuntas para todos. El proceso de construcción colectiva de la paz exige no sólo la participación de todos los agentes involucrados en el conflicto, sino el análisis del contexto en el que se encuentra un Estado con unas prioridades lejanas a las necesidades integrales de las regiones y sus habitantes y unos grupos armados y al margen de la ley cuyas acciones violentan los derechos de la población colombiana. Precisamente de ese análisis debe surgir una propuesta concreta, con objetivos claramente definidos y realizables en el corto y mediano plazo, que resulte de la participación activa de los grupos afectados donde se establezcan sus necesidades y las posibles alternativas a fin de orientar esfuerzos colectivos hacia un mismo fin.
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