Laura Baños López
Programa de Relaciones Internacionales
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Entre el 5 y el 7 de octubre del 2011 se llevó a cabo el seminario internacional “Desafíos para la reparación integral a las víctimas del conflicto interno en Colombia”, el cual contó con la participación de ilustres ponentes que nos acercaron más hacia la visión del Estado y la academia con respecto a la reparación a las víctimas de la violencia en nuestro país, haciendo énfasis en la Ley de Víctimas.
Angelino Garzón, actual vicepresidente de Colombia, comenzó su intervención invitando al Estado y a la sociedad a ser más sensibles y generosos con las víctimas; posteriormente explicó que para alcanzar la paz en el país se debe ser duro con los victimarios sin perder de vista el camino del perdón y afirmó que los colombianos hemos sido más duros con las víctimas –a las cuales les hemos asignado un papel de segundo plano- que con los victimarios. Frente a los grupos armados ilegales, explicó que el Estado debe actuar duramente en los aspectos militares y judiciales. Igualmente, aseguró que el debate nacional, tanto dentro del Estado como en la sociedad civil, debe demostrar que lo ilegal atenta contra la democracia y que por eso no existen grupos ilegales menos malos, pues todos conspiran permanentemente contra la constitucionalidad democrática.
Asimismo, comentó que las puertas de la paz no están cerradas, pero que el gobierno nacional ha establecido las siguientes condiciones para posibles negociaciones con los grupos al margen de la ley:
1. Libertad de los secuestrados sin condiciones.
2. Cese del secuestro y de las actividades terroristas.
3. Cese de la práctica de minas antipersonal.
4. Libertad de los reclutados de manera forzosa.
5. Abandonar la violencia.
Finalmente, Garzón recordó el período de violencia bipartidista que finalizó con el Frente Nacional, el cual catalogó como un acto político de perdón y reconciliación, y afirmó que Colombia necesita un nuevo pacto político y social para poner fin a la violencia.
Por su parte, Clara López, alcaldesa de Bogotá, centró su charla en lo referente al conflicto que atraviesa el país y la ley de víctimas. Comentó que Colombia se ha acostumbrado a la guerra y a la utilización de la fuerza en vez del diálogo. Enfatizó en la necesidad de distinguir entre los combatientes rasos y los verdaderos instigadores de la violencia, asegurando que para los primeros la mano debe estar tendida y para los segundos deben evaluarse las culpabilidades pormenorizadamente. También expresó que para abrir los caminos de reconciliación y paz no se puede esperar a que acabe la guerra. Por otra parte, la alcaldesa aseguró que la memoria constituye un aspecto importante dentro de la reparación y resaltó la importancia del Centro Bicentenario a la Memoria, la Paz y la Reconciliación en ese sentido.
Diego Molano, director de Acción Social, realizó una descripción del trabajo en la implementación de la Ley de Víctimas. En término generales, planteó que en el Plan de Desarrollo es claro que la reparación integral a las víctimas es una condición para la prosperidad económica del país. Aseguró que en el contexto de la aplicación de la ley de víctimas hay varios desafíos importantes: erigir una institucionalidad muy fuerte, garantizar que la norma sea aplicada en todos los municipios del país, garantizar la transparencia de los procesos de indemnización, prevenir nuevas modalidades de violencia e implementar mecanismos de protección para las víctimas.
La intervención de Miguel Samper, director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y de Justicia, giró en torno a dos grandes temas: el marco general de la justicia transicional y la Ley de Víctimas. En principio, afirmó que la justicia transicional en Colombia surgió en un plano atípico porque era promovida por los movimientos sociales y no contaba con fundamentos constitucionales ni legales. Posteriormente, con la promulgación de la Ley de Justicia y Paz se avanzó bastante y se sentó un precedente de justicia transicional. Samper se refirió a una propuesta de la Procuraduría de incluir a las Bacrim y los miembros de las organizaciones narcotraficantes en las normas transicionales, considerándola inviable por cuanto la Convención de Palermo obliga a luchar contra el crimen transnacional; además, según él, se le darían incentivos a las Bacrim, que no tienen orientaciones de carácter político, para intentar consolidar bandas con el fin de acceder a los beneficios que otorga la ley.
Explicó que la Ley de Víctimas es indispensable y comprende un marco de reparaciones amplio: medidas de asistencia, reparación, restitución, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. Asimismo, argumentó que la nueva institucionalidad creada por la Ley debe superar tres desafíos: articulación con los territorios, consultas con las comunidades y cumplimiento de los compromisos en un periodo no mayor a 10 años. Finalmente, afirmó que la Ley de Víctimas y el marco de justicia transicional trae grandes beneficios: reducción de la desigualdad y la inequidad social, fortalecimiento de las bases para un proceso de paz y avance hacia la superación de la deuda social existente en Colombia, particularmente con las víctimas de la violencia.
Para finalizar, los panelistas coincidieron en que la Ley de Víctimas no puede por sí sola acabar con el conflicto en Colombia, pero de alguna forma genera avances en ese sentido. Igualmente, opinaron que este tipo de seminarios contribuyen para que la ciudadanía comprenda cada vez mejor temas tan sensibles y pertinentes como la reparación integral a las víctimas, el cual es un proceso que recién comienza en Colombia.