Los actos de corrupción en las altas cortes, develados en el caso del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, abren las puertas a un desmoronamiento de la institucionalidad colombiana. Así lo asegura el consejero de Utadeo, José Fernando Isaza, en su más reciente columna de opinión publicada en El Espectador, el pasado 6 de septiembre.
Según lo relata el ex rector de Utadeo, ya era conocido por la opinión pública el hecho que los magistrados usaran sus posiciones para el enriquecimiento personal, al tiempo que se obtenían miles de millones de pesos provenientes de coimas que permeaban los fallos de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales regionales.
Isaza asegura que el detonante de estos actos fue el “pequeño soborno” de 10.000 dólares recibidos por Moreno, monto que podría ser solo una cuota inicial para arreglar el proceso a favor del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons: “Lo que sigue es la comprobación de los delitos de expresidentes de la Corte Suprema. Esto, unido a violaciones al Código Penal por un magistrado de la Corte Constitucional, ha, por decirlo así, dinamitado al poder judicial, desde sus más altas cortes hacia abajo. Un golpe demoledor a uno de los pilares del Estado democrático”, señala el columnista.
El consejero denuncia que la sociedad se ha vuelto tolerante ante la corrupción del Congreso, en la medida que los electores no les niegan el voto y reeligen a aquellos candidatos involucrados con escándalos como la parapolítica, el narcotráfico y el cartel de la contratación.
Isaza finaliza recordando que, iniciativas como el referendo contra la corrupción promovida por Claudia López, así como las reformas al juzgamiento a las altas esferas del Estado, son acertadas, pues se requiere evitar que a través de la elección popular lleguen al poder quienes violan los derechos humanos y no creen en la democracia.
