Diferenciar el pecado del delito en el marco de una Estado laico, debe ser uno de los avances de las relaciones entre este y sus ciudadanos. Esta es la tesis del consejero de Utadeo, José Fernando Isaza, en su más reciente columna de opinión en El Espectador, titulada “Pecado”, donde hace una revisión sobre el tratamiento que otras formas de gobierno han hecho a la diferenciación entre las leyes penales y los códigos religiosos, a propósito del reciente proyecto de Ley radicado en el Congreso que busca multar a quienes contraten servicios sexuales.
“Un retroceso se produce cuando el Estado quiere meterse en la cama de los ciudadanos. El proyecto de ley que sanciona a quienes paguen por servicios sexuales enmarca dentro de la categoría de asimilar un pecado, la lujuria, con un delito. Por supuesto, son delitos la trata de personas, el esclavismo sexual y la prostitución de menores de edad. Estas conductas hoy están tipificadas y tienen sanciones severas. Lo que debe hacer el Estado es hacerlas cumplir. ¿Cuántos detenidos hay por propiciar el turismo sexual con menores?, se cuestiona el columnista.
Isaza, comenta, que por ejemplo en países como España el Código Penal contempla cárcel para la blasfemia pero esta ley no es aplicable. En Colombia, hasta 1936 esta conducta también se consideraba como punible al igual que el adulterio. Por su parte, en países considerados teocráticos como los musulmanes, se legisla teniendo como base las doctrinas del Corán, llegando incluso a castigos físicos y la pena de muerte a quienes blasfemen o practiquen el homosexualismo: “Hace pocos años, en Irán, donde se prohíbe la prostitución y hay leyes de divorcio muy simples y de matrimonios exprés, se celebraba éste entre una trabajadora sexual y un cliente y a las pocas horas se divorciaban. Así, como era sexo dentro del matrimonio, se evitaba la sanción penal”, destaca el ex rector de Utadeo.
De la misma manera, el autor afirma que en el país no todas las trabajadoras sexuales son explotadas, y que muchos hombres y mujeres adoptan este oficio como su opción de vida libremente escogida.
De este modo, Isaza hace un llamado a congresistas y a funcionarios del Ejecutivo, quienes desde su gestión consideran que la Constitución debe someterse a la Biblia: “El país debe continuar en su lento recorrido de separar la Iglesia del Estado y dejar que los pecados que no causen daños a terceros los juzgue Dios y no los atiborrados tribunales”, finaliza.
