El debate público que se ha reabierto en torno al ordenamiento de la propiedad en el sector rural, fue el tema central de la más reciente columna de opinión del profesor emérito de Utadeo, Salomón Kalmanovitz, publicada en El Espectador el pasado 21 de mayo, bajo el título de “La cuestión agraria, de nuevo”.
El columnista señala que este tema es crucial para los cerca de tres millones de campesinos que durante siglos no han sido considerados como ciudadanos por parte de las élites que monopolizan las tierras.
Al respecto, Kalmanovitz cita el caso de Álvaro Uribe y de su hacienda El Ubérrimo: “Es tierra fértil que en esa zona alcanza cotizaciones de $28 millones por hectárea. La propiedad se acerca entonces a valer $32.200 millones; no se sabe si es explotada intensivamente. Hace varios años traté de averiguar el impuesto predial que pagaba el expresidente a la ciudad de Montería y lo único que pude averiguar fue que el aporte de todos los predios rurales al municipio era irrisorio. Lo cierto es que la ciudad está muy agradecida por un puente que su administración construyó sobre el Rio Sinú y valorizó al Ubérrimo. Tampoco se conoce si el senador pagó impuesto de guerra que él mismo hizo aprobar cuando fue presidente y que después se tornó en impuesto a la riqueza”.
El columnista añade que “Álvaro Uribe representa intereses que se oponen a cualquier cambio en la legislación agraria, sobre todo a una jurisdicción de tierras que falle sobre aquellas en disputa. También se opone al catastro multipropósito que permita cobrar impuestos justos que ayuden al desarrollo de los municipios en donde prosperan esas enormes propiedades”.
El profesor emérito finaliza recordando que la propuesta del Gobierno de introducir los jueces de tierras que oirán a las partes en disputa y fallarán en derecho, requiere además que el Estado posea un catastro moderno.
