Jaime Pinzón López, presidente del Consejo Directivo de Utadeo escribió esta semana para El Nuevo Siglo su columna "Reajuste y despolitización, Petición a la Corte Constitucional" en la que señala que "Aquí acostumbramos a tomar el rábano por las hojas. Si un magistrado de esa Corte es llamado a indagatoria por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, es decir, que el investigador considera la existencia de indicios graves en su contra por la comisión de uno o varios delitos, esta es suficiente causal para que la corporación lo declare impedido de actuar como funcionario público y juez del máximo tribunal cuya misión es la salvaguardia de la Carta Magna conforme a las normas esenciales del Estado de Derecho".
Y anota que "Colombia no puede permitir la ruptura de cuerpo de la rama judicial ni el país aceptar vacíos de poder, ni interrupción o paralización de la actividad judicial lo cual se relaciona con la turbación del Orden Público. El normal funcionamiento de la Corte Constitucional está estrechamente ligado con el proceso de paz, lo cual, en la mitad del “yo acuso, tú acusas, él acusa”, parece olvidarse".
