Sea cual sea el tipo de estrategia de construcción de paz que un Estado lleve a cabo, ora la firma de un acuerdo de paz, ora el diseño de una política de desarrollo de largo plazo, ella no puede dejar de responder a las demandas de la población, tanto de la directamente afectada por las múltiples violencias surgidas del estado de confrontación, como de la sociedad en general que reclama poder vivir en un ambiente pacífico, bajo la garantía de que la violencia y sus detonantes y reproductores serán erradicados o, por lo menos, llevados a niveles en los que no representen una amenaza para la paz. Atender dichas necesidades resulta ser una tarea difícil, entre otras cosas, si se tiene en cuenta que lo que parece ser homogéneo bajo la etiqueta genérica de “sociedad civil” dista mucho de serlo: allí conviven y rivalizan diversas visiones de mundo, encarnadas en colectividades formadas alrededor de distintos referentes (religiosos, políticos, sociales) que aglutinan y crean un sentido de comunidad, brindando a sus miembros símbolos, códigos e ideales que conforman identidad. A su vez, estos elementos trazan una frontera entre quienes se identifican como “nosotros” y “ellos” y definen una serie de intereses que frecuentemente entran en conflicto y luchan por ocupar un lugar en la sociedad.