En los últimos años, frente al aumento del delito de trata de personas en el panorama mundial que se calcula que asciende a más de setecientas  mil personas entre mujeres, hombres, niños y niñas cada año, la sociedad internacional ha demostrado una creciente capacidad de respuesta. Gobiernos y sociedades civiles han buscado nuevas formas de enfrentar los múltiples desafíos que les presenta este delito. Entre las muchas expresiones de dicho proceso, se identifica, el renovado interés de los Estados en las potencialidades de la cooperación interestatal, con la colaboración decidida de otros actores del sistema internacional como las Organizaciones Internacionales y las  Organizaciones no Gubernamentales. 

 

Consecuentemente, en el escenario de un mundo de tendencias hacia la integración de grandes bloques económicos y comerciales, la cooperación  internacional debe extenderse para afrontar los retos y problemas de la sociedad internacional en lo que respecta a temas de seguridad, principalmente en el combate del crimen transnacional. Ésta, debe materializarse fundamentalmente en acuerdos o tratados bilaterales y multilaterales; por lo que la justicia y la seguridad se convierten en un elemento clave para garantizar el funcionamiento y garantía de los diferentes acuerdos.

 

Así, el estudio del papel de la cooperación internacional en la lucha de la trata de personas se justifica por dos razones. La primera es la migración, que en la última década ha aumentado en forma significativa, agravado por el fenómeno de la globalización, resultando en un  desmejoramiento de la calidad de vida en los países menos desarrollados.  La segunda razón, la importancia de la cooperación internacional como herramienta eficaz para combatir la trata de personas a través de acciones conjuntas entre los gobiernos y demás actores de la sociedad internacional.

 

Este trabajo parte de la hipótesis de que la estructura del sistema internacional ha propiciado la coordinación de políticas estatales a favor de la cooperación internacional en diversas temáticas.  Esta opción de política exterior ha mostrado su capacidad para afectar no sólo, procesos de tipos político y económico entre las naciones, sino también,  la autonomía política de sus gobiernos y la dinámica de sus relaciones exteriores.  Además, ha evidenciado su capacidad de repercutir sobre otros temas como la coordinación de programas sociales, con el surgimiento de bloques económicos, comerciales y políticos que han logrado que el mundo evolucione hacia un sistema multilateral en el que existen nuevos actores, cada uno constitutivo de un centro de poder político, económico y social.

 

Este escrito consta de tres partes: La primera parte examina la importancia de la cooperación internacional en la prevención y combate de la trata de personas. En la segunda parte se analiza el debate entre la protección efectiva a los derechos humanos y la protección a la seguridad de los Estados.  En la tercera parte el papel que han desempeñado algunas  organizaciones internacionales en el combate de la trata de la personas.  Finalmente, se expondrán unas conclusiones con el objeto de determinar elementos teóricos y conceptuales desde el componente social en el tema de trata de personas,  con el fin de construir un escenario que implique la cooperación internacional para trazar políticas que ayuden a combatir el delito de trata de personas.

 

 

Importancia de la cooperación internacional en la prevención y el combate contra la trata de personas

 

Entender, prevenir y combatir la trata de personas demanda cada vez  mayores esfuerzos. Por lo tanto, se hace indispensable frente a ese delito transnacional, que no conoce fronteras, una estrecha colaboración entre los países de origen, de destino, y por ende, de aquellos por los que transitan las victimas.  Como convoca la Vicepresidencia de la República de Colombia, hay que “aunar esfuerzos y fortalecer los lazos de cooperación entre Estado y sociedad.”[1]  La OIM señala  “que sólo la cooperación internacional en términos de una adecuada y justa corresponsabilidad puede frenar el tráfico de personas.”[2] Es así como la cooperación internacional es decisiva en la aplicación internacional de la ley que cubra jurisdicción y extradición, ayuda legal mutua y confiscación de bienes.

 

Asimismo, es imperiosa una acción concertada basada en la confianza mutua en la esfera internacional,  donde se adopten programas coordinados entre los diferentes organismos públicos y privados, así como de las diferentes ramas del poder público en los  países involucrados en la problemática.  La solidaridad y el compromiso de la sociedad civil son necesarios para que el Estado garantice la seguridad e imparta justicia.

 

Entonces, la sociedad internacional debe asumir roles de mayor participación, acción y presión, asumiendo una actitud de denuncia y divulgación de las violaciones a los derechos humanos concertando redes nacionales e internacionales que fortalezcan sus acciones.  Como bien lo expresa Fernando Díaz “El trabajo de una sociedad en los actuales momentos, es crear condiciones para que la gente vea y comprenda que actuar de acuerdo con la ley produce ganancias individuales y sociales, y no como ahora, donde el delito produce tan buenas ganancias y tan pocas restricciones, que la posibilidad de formar una empresa criminal es muy llamativa”[3]. 

 

En tal caso, una de las estrategias importantes en la que debe avanzar la cooperación internacional mediante acuerdos, ya sean formales o informales, es ofrecer confianza a las victimas a través de las fuerzas de seguridad de los distintos Estados para que acudan a ellas y se sienta seguras. Esto es básico para que se progrese en la captura y posterior enjuiciamiento a los tratantes, pero “si se muestra demora, o complicidad con los traficantes, o penalización a la victima, el efecto continuará desalentando la denuncia de los autores de este crimen y dificultando su erradicación y castigo[4].

 

Sin embargo, el éxito de los acuerdos no podría derivarse exclusivamente de los organismos de justicia, sino que se requiere de la voluntad política de los diferentes Estados, cuya acción promotora debe privilegiar entre otros, el respeto a los derechos humanos y  la incorporación al proceso de todos los actores sociales, con instrumentos legales para perseguir las bandas de tratantes y proteger a las victimas.  Por lo tanto, la cooperación entre los gobiernos con estrategias consensuadas que incluyan más vigilancia y control dentro y fuera de las fronteras y  seguimiento a los capitales de dudosa procedencia, entre otras, se convierte en una herramienta eficaz para desafiar este ilícito.  

 

Si bien es cierto que lo anterior resulta determinante en el combate contra el delito de la trata de personas, también es indispensable la disposición que muestran los Estados para alcanzar logros significativos, porque la voluntad por sí sola es insuficiente.  Entonces, el factor decisivo por la magnitud, complejidad y alcance del delito, sigue siendo el trabajo conjunto tanto del sector público como privado.  En este último grupo, la participación de la sociedad civil es definitiva para el logro de las metas propuestas con miras a   derrotar, o por lo menos a disminuir, el impacto de esta agresión de gran magnitud y de consecuencias catastróficas para las personas victimas de las bandas de tratantes. 

 

Sin embargo, para conseguir involucrar  a los gobiernos, a la sociedad civil y a la comunidad internacional, debe haber una gran  sensibilización del problema que se traduzca en conocerlo y reconocerlo, para así hacer recomendaciones y prescribir acciones encaminadas a minimizar los efectos drásticos del delito y apuntar a su supresión.

 

Análisis del debate entre la protección efectiva a los derechos humanos y la protección a la seguridad de los Estados.

 

Un aspecto que está estrechamente ligado con la trata de personas es la migración, que en la última década ha aumentado en forma significativa, agravado por el fenómeno de la globalización.

 

Así, en esta sociedad globalizada se presenta una paradoja para los migrantes, pues  “al mismo tiempo que se da la libre circulación de capitales, ellos viven la creciente restricción de la circulación de personas”[5] lo que demanda los servicios de los traficantes por los excesivos controles para migrar legalmente y que posibilitan, aún más, la trata de personas.

 

A su vez esto facilita y aumenta la inseguridad de los migrantes exponiéndolos a la dominación y abuso de las organizaciones criminales. En este sentido, las políticas migratorias deben ser diseñadas de manera tal, que garanticen el debido trato a los migrantes y no se conviertan en políticas sancionadoras para las victimas del delito de trata de personas al crear diferencias que categorizan a los seres humanos como de primera y segunda clase, lo que incide para que surjan y aumenten nuevas formas de exclusión social.

 

Muchos gobiernos todavía responden a la trata  a través de políticas restrictivas lo que hace más vulnerable a los migrantes frente a los traficantes[6]. Este modelo da prioridad a las leyes y a la seguridad de los Estados por encima de los derechos de las personas traficadas.

 

En tal caso, la cooperación interestatal es el medio idóneo para reafirmar, favorecer, defender, respaldar o apoyar acciones en contra del delito transnacional en las que se protejan los derechos humanos; por ejemplo, pactar controles fronterizos con los cuales se logre identificar las victimas de los tratantes de personas, versus, simples migraciones ilegales, no violar los derechos humanos de las víctimas ni de los emigrantes ilegales, crear instrumentos que protejan los derechos humanos y tomar  medidas para la construcción de la confianza mutua a todo nivel, desde lo diplomático hasta el acercamiento con los diferentes organismos de seguridad. 

 

Por  tanto, la cooperación internacional para el combate del delito transnacional, especialmente la trata de personas, presupone el desenvolvimiento de un proceso  que despliega la aparición de un nuevo espacio donde todos los Estados envueltos en la problemática plantean nuevas formas de combatirlo,  pero en un escenario común y  “en el cual los programas  y  las políticas unilaterales se sustituyan por programas conjuntos” [7].   De ahí, se hace necesaria la coordinación de políticas que se interesen más por el respeto a los derechos humanos que por la aplicación de las normas migratorias de los diferentes Estados;  aunque, desde el punto de vista político se interesen, en algunas ocasiones más por las consecuencias institucionales y costos políticos que estas medidas pueden tener, que en minimizar el delito como tal.

 

Esta visión egoísta requiere de un cambio de actitud responsable por parte de los hacedores de política con la adhesión de todas las esferas sociales  para producir efectos certeros en el combate de la trata de personas.  Gallicchio lo expresa así:  “Los cambios necesarios no pueden ser abordados por organizaciones aisladas ni por proyectos puntuales, sino que deberán establecerse fórmulas sistemáticas y persistentes de interacción social”[8].  Estos cambios metódicos que sugiere Gallicchio lograrán crear conciencia de la existencia real del problema, además  de enfrentarlo sin avergonzarse  y mucho menos ocultarlo como ocurre en algunos países explotados y explotadores.

 

El papel que han desempeñado algunas Organizaciones Internacionales en el combate de la trata de la personas

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) preocupados por la magnitud y el crecimiento de este delito en la última década, han planteado diferentes formas de combatirlo.  Lo mismo puede decirse de la Organización para las Migraciones (OIM) y de algunos Organismos no Gubernamentales, como la Fundación Esperanza.

 

En cuanto a la Organización de las Naciones Unidas a través del tiempo ha evolucionado. Al mismo tiempo  los problemas de la sociedad internacional se han hecho diversos, conduciendo a replanteamientos de las tareas de la Organización. 

 

Con respecto a la trata de personas, instó a los Estados partes a una acción efectiva para prevenir y combatirla, arguyendo que sólo logrará su efectividad en la prevención y el combate de la trata de personas mediante una aproximación comprensiva internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir tal tráfico, incluyendo su protección bajo el reconocimiento de los derechos humanos internacionales.

 

No obstante, a partir del año  2000 con el Protocolo de Palermo la situación cambia por los avances logrados; entre estos se destaca la protección y asistencia a las víctimas en lo referente a los derechos humanos, así como la promoción para lograr la cooperación entre los Estados parte. 

 

Por su parte, la Comisión Interamericana de la Mujer y el Instituto Internacional del Niño, que forman parte de la estructura de la OEA, han convenido intercambiar información con personal consular, oficinas de migración, recintos de policía, iglesias y organismos internacionales involucrados en el combate contra la trata de mujeres, formando redes y lazos de cooperación entre los mismos para la protección y asistencia a las víctimas de trata de personas.

 

Asociado a la C.I M y al I.I.N se encuentra el Instituto Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad  DePaul  de Chicago, con un proyecto que investiga la forma, estructura, contexto y circunstancias del tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual en América Latina y el Caribe, con el fin de recolectar datos para que los gobiernos promulguen leyes y las organizaciones internacionales formulen políticas para combatir el tráfico y dar protección  a las víctimas.

 

Finalmente, la OEA hace un llamado para promover la cooperación en la búsqueda de consensos internacionales y regionales para lograr el desarrollo y seguridad común dentro de un cuadro democrático, bandera de la organización.

 

La Organización Internacional de las Migraciones tiene por mandato promover la migración ordenada y humana, ayudar a proteger los derechos de los migrantes y cooperar con sus Estados miembros para encarar los problemas relacionados con la migración.  Lucha contra la trata de personas por ser una forma irregular de migración explotadora que viola los derechos humanos de los migrantes. “[...]considera que hay tráfico de personas cuando un migrante participa ilegalmente en el paso de fronteras, es reclutado, secuestrado o vendido, bien sea dentro de las fronteras nacionales o internacionales” [9] aunque consagra el principio de que la migración ordenada contribuye al desarrollo de las sociedades en cuanto se dé en términos del respeto a la dignidad humana.

 

Por último, la Fundación Esperanza es una organización de la sociedad civil  sin ánimo de lucro, trabaja en Colombia para reducir la magnitud y los efectos de la trata de personas, a través de estrategias de prevención y de atención.

 

Desde hace varios años ha trabajado contra la trata de personas, especialmente contra la trata internacional de mujeres con fines de explotación sexual.  Sin embargo, a medida que se ha ido consolidando en ese campo, ha extendido su ayuda a las victimas de otras modalidades de  trata de personas como son: la trata de personas con fines de explotación laboral y la trata de niñas y niños, entre otros.

 

Por lo tanto, la participación de los organismos internaciones como los Foros Multilaterales y las Organizaciones no Gubernamentales son de suma importancia. Sobre todo estas últimas, porque proporcionan la mayor información sobre este flagelo ya que los datos oficiales son escasos, ya que  muchos gobiernos no llevan estadísticas de las personas sometidas al tráfico; las ONG sobresalen además, porque trabajan activamente en la protección de los derechos humanos y en la protección y asistencia a las victimas de la trata de personas.

 

Conclusión

 

En la última década con el aumento y la generalización del problema de la trata de personas en el mundo, queda la impresión de la necesidad de replantear los procesos de cooperación internacional encaminados a la protección de las víctimas, prevención del delito y castigo para los tratantes.

 

El fenómeno de la globalización ha transformado el mundo con una clara incidencia en la comunidad mundial y, por ende, trae consigo una reconformación global en el ámbito de la cooperación internacional, con la preeminencia de nuevas formas de ayuda  en diferentes escenarios.

 

Así, la tendencia a cooperar internacionalmente se explica por la propagación de formas y grados de la misma, plasmada en  tratados bilaterales  y  multilaterales que  han surgido entre Estados o grupos de  Estados en los últimos años, lo cual resulta útil para combatir la trata de personas.

 

Sin embargo, queda claro que la firma de los acuerdos no es suficiente para lograr los objetivos propuestos, sino que se requiere de verdadera voluntad política de los Estados.

 

Además,   éstos a su vez deben incorporar  en esta tarea a todos los estamentos de la sociedad para apuntar a una estrategia consensuada que trate el problema de la trata de personas en toda su complejidad.  Por lo tanto, es decisivo el trabajo conjunto tanto del sector público como del sector privado.

 

A este respecto, el quehacer de la política consistirá en aumentar las regulaciones internacionales vinculantes y de convenciones e instituciones internacionales en el ámbito de las leyes transnacionales.   De ahí,  que el combate contra la trata de personas ha de ir acompasado con una coordinación de política entre el mayor número de países del mundo, en estrecha cooperación  con los organismos internacionales con la finalidad de movilizar recursos para que sea más eficaz.

 

En este orden de ideas, la cooperación internacional entre los países de origen, tránsito y destino es crucial para combatir la trata de personas  con propósitos sexuales y en todas sus modalidades.  Por tanto, los hacedores de política y todos los estamentos de la sociedad internacional tendrán que asumir nuevas actividades con respecto a la cooperación internacional,  frente a los desafíos que presenta el combate contra la trata de personas para los diferentes Estados, en correspondencia con una estrategia común que privilegie los derechos humanos frente a las leyes de inmigración.

 

En este sentido, la cooperación  internacional debe extenderse para desafiar los retos y problemas de la sociedad internacional en lo que respecta a la custodia de los derechos humanos y a los temas de seguridad, principalmente, en el combate del crimen transnacional.  Hay  grandes retos para que los países verdaderamente combatan el problema de la trata  de personas, relacionados  con el debate entre los derechos humanos y las leyes de inmigración.

 

 

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