Aunque en el último año Colombia redujo en un 10 % el número de hectáreas deforestadas, pasando de 219.973 en 2017 a 197.159 en 2018, según el reporte entregado por el IDEAM durante el primer semestre del 2019, la cifra actual, equivalente a casi 2000 kilómetros cuadrados (225 kilómetros más que la superficie de Bogotá), sigue preocupando a las autoridades, ambientalistas, biólogos e ingenieros forestales del país.
La situación no es para menos, pues como lo indica César Augusto García, profesor invitado de la Especialización en Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos de Utadeo, los bosques cumplen una función reguladora de la cuenca hidrográfica, pues el agua se distribuye entre las ramas de los árboles y baja lentamente al suelo, recorre las montañas y llega a los ríos de manera controlada, logrando que en verano el preciado líquido aún esté en movimiento.
De esta manera, dice el experto, cuando se hace deforestación se experimentan cambios en el uso del suelo, lo cual lleva a que en invierno la lluvia baje rápidamente por las laderas y cause inundaciones, mientras que en verano se experimentan temporadas de sequía.
De acuerdo con el informe del IDEAM de este año se identificaron nueve núcleos principales de deforestación en el país, los cuales se ubican en las sabanas del Yarí y el bajo Caguán (Caquetá); el norte del Guaviare, en los límites entre Meta y Vichada; los municipios de Uribe, Mesetas y Vistahermosa, en el sur del Meta; Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo (Putumayo); Mapiripán (Meta); la Serranía de San Lucas, en límites entre Antioquia y Bolívar; los municipios de Tibú, Sardinata y El Tarra, en la región del Catatumbo (Norte de Santander), las selvas del Sarare (Arauca) y el municipio de Riosucio (Chocó), en límites con Panamá.
En todo caso, como lo expresa Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, uno de los flagelos que más afecta a los bosques de nuestro país tiene que ver con la tala ilegal de árboles y transporte irregular de esa madera proveniente de áreas protegidas. Se estima que en estas áreas se deforestaron en 2018 cerca de 20.000 hectáreas, un 8 % menos que el año anterior.
Actualmente, Parques Nacionales tiene a cargo 21 millones de hectáreas, distribuidas en 59 parques nacionales y 3 distritos nacionales de manejo integrado. El 60% de estas áreas corresponden a diversos tipos de bosques naturales, entre los que se encuentran selvas basales (por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar), bosques secos, andinos y alto andinos (entre 2000 a 3000 metros sobre el nivel del mar).
De este modo, dice Jarro, las áreas protegidas más afectadas se ubican en el departamento del Meta, en los Parques Nacionales Naturales de Tinigua y Macarena, la Reserva Nacional Natural Nukak y el Parque Nacional Natural Sierra de Chiribiquete (Caquetá y Guaviare). Por su parte, el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí (Norte de Santander) y el Parque Nacional Natural Paramillo (Córdoba y Antioquia) presentan un panorama negativo, pues se han incrementado las hectáreas deforestadas. De acuerdo con la experta, quienes llevan a cabo este ilícito tienen en cuenta principalmente árboles con maderas finas, entre ellos el cedro, pues en su comercialización tiene un mejor precio y una cadena de valor más sólida.
El Parque Nacional Natural Tinigua es una de las zonas más afectadas. Pasó de 3.285 hectáreas deforestadas en 2017 a 10.471 en 2018.
“Las áreas protegidas son patrimonio de todos los colombianos y de ellos depende buena parte de la base productiva del país. Más del 50% de la población que vive en zonas urbanas consume el agua que viene de áreas protegidas”, señala la experta, quien advierte que la tala en estas zonas se da principalmente por procesos de acaparamiento de tierras y extracción ilícita de recursos del bosque a través de comercio ilegal.
Para García, las causas de la tala ilegal a nivel general son dinámicas y obedecen, en parte, a la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria en el país, así como a procesos de colonización ilegal en zonas como la Amazonía y la cuenca del río Magdalena, esto debido a las problemáticas sociales que agobian a los habitantes de algunas regiones del país, quienes tienen que desarrollar estas actividades ilícitas para poder subsistir. Agrega que, en todo caso, no se puede desconocer la deforestación por efecto de la plantación de cultivos ilícitos, razón por la cual es necesario que, desde lo público y lo privado, se piensen en nuevas actividades económicas que propendan por el desarrollo de esas comunidades, al tiempo que se plantea una activación del turismo en los ecosistemas de bosque, dada la biodiversidad que allí se asienta: “en el bosque natural lo que menos valor tiene es la madera. Lo que más vale es la diversidad que está allí inmersa que, incluso, puede ofrecer soluciones farmacéuticas”.
Para contrarrestar este flagelo, desde Parques Nacionales Naturales, dice Jarro, se llevan a cabo acciones en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Ambiental, con el fin de instaurar las respectivas denuncias penales y abrir las investigaciones que sean pertinentes. Sin embargo, no todo tiene que ver con lo sancionatorio. También se desarrollan acciones de educación y sensibilización a las comunidades para que estas valoren las áreas protegidas y trabajen en su conservación.
Fortalecer los incentivos forestales, un reto de regulación para Colombia
Si bien cualquier colombiano puede solicitar un permiso de aprovechamiento forestal de bosque natural ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles y las corporaciones autónomas regionales, estos se encuentran atados al cumplimiento de unos requisitos muy específicos y a salvoconductos de movilización de las maderas. También se debe tener en cuenta que existen algunas especies de árboles que son susceptibles de protección, entre ellas el roble y la palma de cera, cuya veda, en algunos casos, es levantada por las autoridades, siempre y cuando el deforestador cuente con mecanismos de compensación ecosistémica, es decir, tengan las capacidades para reforestar el área.
“Colombia tiene un potencial forestal impresionante. Debemos enfocarnos en establecer plantaciones forestales que garantizarían alternativas económicas importantes para inversionistas y poblaciones, entre ellos los colonos”, expresa García.
Precisamente, uno de los retos es fortalecer los incentivos a las compañías madereras que desarrollen plantaciones forestales, pues estas mitigan la generación de gases de efecto invernadero, dado que los árboles, a medida que van creciendo, absorben y encapsulan carbono: “el hecho de tener un uso de esa madera a largo plazo, como por ejemplo a través de un mueble, significa que allí está encapsulada una cantidad de carbono y ese es un servicio ecosistémico que brindan las plantaciones. Sin embargo, Colombia ha sido tímida en ese aspecto”, agrega.
Actualmente, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, financia a las empresas madereras el 50 % del costo de las hectáreas plantadas de árboles exóticos como pino y eucalipto, y del 75% de las hectáreas reforestadas de bosque de especies nativas. Además, reconoce su mantenimiento durante los primeros cinco años. “Las autoridades ambientales deben pensar nuevamente en la restauración hidrológica y forestal de las cuencas. También hay que repensar el Sistema Nacional Ambiental que propuso la Ley 9993 y ver si esta regulación ha funcionado”, afirma García podrían ser algunas de las posibles respuestas para mitigar la deforestación en el país.
Las soluciones tecnológicas, por su parte, también son un gran aliado a la hora de monitorear en tiempo real el estado de nuestros bosques. Colombia cuenta con tecnología de punta, especialmente desde el IDEAM y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (URPA). En estas entidades, según precisa García, se entrega información de primera mano acerca del estado y cambios en las coberturas forestales y vegetales del país, a partir de imágenes satelitales actualizadas a escala. Sin embargo, precisa, podrían llegarse a tener imágenes mucho más detalladas a partir del uso de drones.
Desde Parques Nacionales Naturales también se realizan monitoreos satelitales para vigilar, en tiempos muy cercanos al real, las zonas de bosque protegido que están más afectadas, generando mecanismos más eficaces de control en el territorio. También, manifiesta Jarro, se desarrollan proyectos en red que involucran a las comunidades desde el monitoreo colaborativo y el mantenimiento del bosque.