Daissy Liliana Salcedo
Observatorio de Construcción de Paz
El pasado 9 de abril, durante la sexta Cumbre de las Américas realizada en Cartagena, el país se encontraba dividido entre opositores y partidarios de la aprobación del TLC con Estados Unidos. Esta división existe desde hace varios años, puesto que el TLC entre ambos países se estaba gestando desde antes del 2006. Durante la negociación, el Tratado tuvo entre sus principales adeptos al partido republicano de Estados Unidos y la mayoría de los senadores del país, mientras que entre los opositores estuvo en algún momento el propio Barack Obama, quien manifestó durante su campaña para la presidencia que no estaba de acuerdo con la firma del TLC mientras en Colombia se mantuvieran las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas. Finalmente, y a pesar de las resistencias, el TLC entró en vigencia desde el 15 de mayo de este año.
Básicamente, un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial entre dos o varios países que, a través de las acciones sobre las barreras arancelarias y no arancelarias, busca el aumento del comercio, facilitando el flujo de bienes y servicios entre las partes. Así mismo, promueve la competencia justa, incrementa la inversión, protege los derechos de propiedad intelectual y estimula la producción nacional, lo que debería conllevar mejoras en el bienestar de la sociedad: generación de empleo, aumento de la riqueza nacional a través de mayores ingresos percibidos por las exportaciones, modernización del aparato productivo vinculado con importaciones, promoción de empresarismo y acceso a mejores condiciones en los precios de los productos y/o servicios.
A pesar de tan atractivos beneficios, muchos colombianos que salieron a marchar el 1 y el 15 de mayo de este año en las diferentes ciudades del país, rechazaron la implementación de este tratado, puesto que según ellos, los efectos serán negativos para varios sectores de la economía, entre ellos el sector agrícola, del cual dependen muchas familias de pequeños y medianos productores que han sido azotados por el fenómeno de la violencia y del desplazamiento. Adicionalmente, este sector sería afectado por la falta de herramientas y recursos para competir frente a las garantías que Estados Unidos ofrece a sus agricultores, lo que a su vez generaría pérdidas en la seguridad y soberanía alimentaria.
Así mismo, argumentan que el TLC no garantiza el respeto a los derechos sindicales, ni laborales, lo que se evidencia en que a la fecha, luego de casi 2 meses de vigencia del tratado, no se conocen acciones orientadas a la promoción de estos derechos. Al respecto, habría que tener en cuenta que las cifras de violencia contra los sindicalistas son bastante alarmantes en el país (cifras que cabe aclarar, han sido bastante discutidas entre la opinión pública); igualmente, las cifras de empleo indirecto, que con sus condiciones intrínsecas de precariedad, van en aumento, violentando el derecho a la libre asociación y a la negociación colectiva. Además, los opositores al TLC plantean una alta preocupación por la seguridad de la biodiversidad, el deterioro de los ecosistemas y el desplazamiento de poblaciones indígenas y afrocolombianas de sus territorios, así como la enajenación de sus culturas ancestrales, creando un panorama bastante desalentador para esta población tan golpeada por la violencia.
Pero mientras que el Gobierno y los grandes empresarios esperan promover los intereses económicos del país, así como motivar la inversión en el mismo, los resultados en otros países que tienen TLC con Estados Unidos no son muy favorables. Si se revisan los casos de México, Perú y Chile, se observa que los resultados no se alinean con las expectativas esperadas; por el contrario, se encuentran problemas de pérdida de sectores agrícolas y sus empleos, limitación a sectores de interés prioritario para Estados Unidos, crecimientos per cápita poco significativos e importaciones superiores a las exportaciones. A nivel social, los diferentes TLC tampoco han mejorado significativamente las condiciones de vida de los países participantes: Chile, México y Perú contemplan índices de desarrollo humano que, en una lista de 186 naciones, los ubican en los puestos 44, 57 y 80 respectivamente; ostentan coeficientes Gini de 52.1, 51.7 y 48, lo que indica un nivel de desigualdad alto que se complementa con los porcentajes de las poblaciones bajo la línea de pobreza (15.1%, 47.4% y 34.8%) y tasas de alfabetización que no superan el 96%. Además, México y Perú registran altos niveles de violencia: de acuerdo con el índice de paz, ocupan los puestos 135 y 79 entre 158 países.
Luego de esta mirada a los TLC, y teniendo en cuenta las condiciones sociales críticas del país relacionadas con la violencia, el desempleo, el empleo informal e inestable, la desigualdad social y de ingresos, la exclusión étnica, entre otros aspectos, las perspectivas del TLC con Estados Unidos no son muy prometedoras para Colombia, ni siquiera si aumentase el volumen de comercio en un periodo corto, puesto que el país no posee una infraestructura institucional eficiente en la implementación de estrategias de distribución de ingresos y bienestar entre la sociedad.
Habrá que esperar si el destacado crecimiento económico alcanzado en 2011 (5,9%), se mantiene con la entrada en vigencia de este tratado y las “oportunidades” que ofrece, logrando superar y aportar a la mejora de las condiciones del país, tanto por parte del Estado en la estabilidad económica y social del país, como por parte de Estados Unidos en su aporte al desarrollo y a la defensa de los derechos humanos. Cabe mencionar que este proceso, que se encamina de manera indirecta a la construcción de paz en la medida que aporta herramientas clave para la disminución del conflicto, definitivamente debe ir acompañado de la participación activa de la sociedad, lo que permitiría la distribución de los beneficios del TLC de una manera eficiente y equitativa.