Entre el 7 y el 11 de febrero de 2011 se celebró en Bogotá la XC Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. Los prelados participantes -aproximadamente 90 obispos y arzobispos, en representación de las 76 jurisdicciones eclesiásticas existentes en el país, además de una delegación del episcopado mexicano interesada en conocer la experiencia de la Iglesia colombiana en los procesos de construcción de paz y no violencia- reflexionaron en torno a la pastoral para la paz. Ante la realidad de un largo conflicto armado que paulatinamente se ha ido transformando y agravando, la Asamblea se propuso nuevamente enfrentar las cuestiones de los orígenes, las modalidades, los costos y los retos que implica el enfrentamiento entre el Estado y múltiples actores armados.
Desde una metodología del ver, juzgar y actuar, que significó un diálogo con diferentes expertos en los temas de la violencia y la paz y una apertura hacia los medios de comunicación, los religiosos se propusieron, en primer lugar, acercarse a la naturaleza del conflicto armado con el fin de indagar sobre sus orígenes y evaluar los costos y consecuencias que éste ha acarreado para el país. En segundo lugar, analizar la contribución de la Iglesia para la paz en Colombia durante los últimos decenios. En tercer lugar, proponer una pastoral para la paz, delineando los grandes derroteros que deben seguir las diferentes jurisdicciones eclesiales para responder a la situación actual del conflicto.
En el marco de la Asamblea, el obispo de Montería Julio César Vidal dio a conocer una carta en la cual algunas bandas criminales (Urabeños, Paisas y Rastrojos) manifiestan que estarían dispuestas a someterse a la justicia y contribuir a la paz y la reconciliación en el país. A cambio de entregar las armas e información sobre rutas y cultivos de narcóticos, las bandas solicitan al gobierno un espacio donde puedan entregarse con seguridad a las autoridades. La misiva fue entregada por monseñor Vidal al presidente Juan Manuel Santos.
El Obispo expresó su confianza en que la Iglesia Católica pueda ayudarle a los miembros de las Bacrim, a abrir un espacio que permita su eventual entrega al gobierno colombiano. Aseguró que la problemática vinculada al narcotráfico y a la presencia de las bandas en el departamento de Córdoba “es fruto de una descomposición social que tiene diversas causas como la lucha por las rutas del narcotráfico, que es lo que ha enfrentado en estos dos años a las bandas y ha traído como consecuencia tantas muertes, casi 600 en el 2009. Pero hay otros ingredientes y uno de esos es la injusticia en la que vive mucha gente, la pobreza de nuestros campesinos, la falta de oportunidades laborales, de educación para los campesinos.”
Monseñor Vidal reiteró que existen diferencias las AUC y las Bacrim, pues mientras los primeros eran organizaciones estructuradas y tenían una ideología antisubversiva, las segundas son bandas de narcotraficantes interesadas solamente en los ingentes beneficios del negocio. Por eso, precisó que “la respuesta debe ser integral, no cabe duda de que tiene que haber una respuesta militar como están haciendo con la presencia del Ejército, de la Policía, de la base naval, pero eso tiene que ir acompañado de una propuesta para reivindicar a los campesinos, que les permita vivir mejor su vida, que tengan acceso a la educación, a poder sacar sus productos. Todo eso hace parte de la superación del problema.”
En medio de la discusión del impacto de las bandas criminales en el conflicto armado colombiano, varios obispos del pacífico (diócesis de Tumaco, Guapi, Buenaventura, Istmina-Tadó, Quibdó y Apartadó) presentaron una carta pastoral en la que denuncian la amenaza que aquellas representan en la región, en particular para las comunidades indígenas y afrodescendientes que allí habitan. Afirman también que el territorio en el pacífico se enfrenta a otras amenazas graves como las obras públicas inconsultas e inapropiadas para el crecimiento de las comunidades, la consolidación del modelo económico extractivista, la penetración de los cultivos ilícitos, la ampliación y degradación del conflicto armado, el desplazamiento forzado y el confinamiento.
Ante el desalentador panorama que plantean estas agresiones al territorio, los obispos resaltaron las acciones de defensa y protección del territorio que han ejercido los pueblos del pacífico, como el surgimiento de asociaciones comunitarias para defender los derechos de las víctimas y la construcción de propuestas como los Planes de Vida de los pueblos indígenas y los Planes de Etnodesarrollo de los afrodescendientes, en los cuales la defensa de la soberanía alimenticia se convierte en un pilar fundamental. La carta finaliza con un llamado a toda la comunidad eclesial a enfrentar las causas de esos atropellos y sus responsables, enlazando todas las acciones de defensa de la tierra y el territorio con el marco de la exigibilidad y la justicia para la aplicación de los derechos de los Pueblos.
En ese sentido, es fundamental acudir al orden normativo e institucional nacional e internacional para que el Estado asuma la responsabilidad en el respeto, garantía y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. En suma, la carta reitera la problemática de la distribución y el uso de la tierra y el territorio como semilla del conflicto armado y la posición de la negociación política como única salida a la violencia. En continuidad con esos postulados, los obispos respaldan las iniciativas de las organizaciones étnico-territoriales de formular una Agenda regional de paz, la cual tiene como punto central el respeto del territorio y la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre el mismo. Además del silenciamiento de los fusiles, la construcción de paz exige el respeto de los derechos de segunda y tercera generación por parte de los grupos armados, las empresas y el Estado.
Bastante significativa fue también la reunión que sostuvieron los prelados con el presidente Santos, en la cual el jefe de Estado recordó los principales puntos de su gobierno frente a temas como el empleo, la paz y las buenas relaciones con los países vecinos y atendió algunas de las inquietudes de los obispos respecto a la educación y la ayuda humanitaria de las personas víctimas de la temporada invernal.
Sobre el encuentro, Monseñor Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, afirmó: “La reunión no era como para llegar a conclusiones o compromisos concretos. Era el primer encuentro del Presidente con la Conferencia Episcopal y por tanto le dejamos la iniciativa de manejar los temas como él quisiera. Nos hizo como un resumen de las grandes líneas de su Gobierno, a partir del Plan Nacional de Desarrollo [...] Le pedimos que tuviera en cuenta ciertos aspectos que nos parecen importantes: como la educación. Que no se entienda simplemente desde el punto de vista científico y tecnológico, sino que sea una verdadera educación en valores. Con la promoción de la vida, le planteamos que deberíamos nosotros recuperar esa cultura de la vida y participar en una lucha frontal contra todo lo que atenta contra ella.”