Cuatro Motores Para Impulsar la Locomotora del Agro
Considerando los lineamientos de política que se proyectan desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en la perspectiva de crecimiento del sector agropecuario para el año 2013, se pretende apalancar el desarrollo productivo del sector a partir de los programas que se basan en la distribución de tierras y asignación de partidas de financiamiento.
Considerando los lineamientos de política que se proyectan desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en la perspectiva de crecimiento del sector agropecuario para el año 2013, se pretende apalancar el desarrollo productivo del sector a partir de los programas que se basan en la distribución de tierras y asignación de partidas de financiamiento. Esto se orienta a partir del 2,6% del crecimiento del sector registrado para finales del año 2012. Nada honroso para un país de vocación agropecuaria y con un potencial enorme en la oferta de recursos naturales. Así mismo, la participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto (PIB) es cada vez menor. El otro elemento que ejerce presión sobre la dinámica productiva del sector se basa en la proyección del incremento mundial en la población, que según estimaciones reportadas en la última edición del reporte anual para el desarrollo del Banco Mundial, se estará bordeando los nueve mil millones de personas para el año 2050, lo que implica una duplicación de la producción agrícola para ese año en los países en desarrollo.
La principal pregunta que surge para el contexto agropecuario colombiano es: ¿Hacia dónde debe priorizar el lineamiento político, social y económico de nuestro país?. De acuerdo a este cuestionamiento me atrevo a plantear cuatro escalones necesarios, más no suficientes, para promover el desarrollo productivo sostenible y planificado del sector más importante para nuestro país. El primero se basa en el modelo de educación profesional y posgradual que se debe garantizar en nuestras instituciones de educación superior. El segundo se orienta hacia la renovación de la credibilidad en la política pública en términos del acceso a los microcréditos, la cual se perdió por medio de las prácticas corruptas que marchitaron la confianza del país en general. El tercer eslabón hace referencia a la gran incertidumbre en la estabilidad que cobija al sector, generada por el conflicto armado en las zonas rurales. Por último, planteo la opción de uso de los recursos naturales que oferta nuestro país bajo nuevos modelos empresariales de inclusión social, distribución equitativa de beneficios, aplicación del conocimiento tradicional y extracción sostenible.
La educación como elemento básico del capital humano
La educación Universitaria en Colombia ha presentado una dinámica ambigua en la formación de profesionales con las competencias básicas para producir, administrar y gestionar los procesos del sector agropecuario. Instituciones de educación superior han ofertado programas referentes a la producción pecuaria y agrícola. Las ofertas académicas históricas que vienen desde las décadas de los cincuenta y sesenta, se han orientado hacia la Agronomía, Veterinaria, Agrología y diversidad de ingenierías relacionadas o afines. Sin embargo, estos programas han tenido una visión reduccionista al afrontar los desafíos inherentes del sector, donde estos profesionales de orientación técnica han sido los gerentes y administradores de las empresas agropecuarias, con los resultados que evidenciamos actualmente. Es por esto que los nuevos gestores del sector deben tener una formación integral de calidad basada en el desarrollo de competencias en administración, y con un sólido conocimiento de los sistemas productivos, los recursos naturales, los territorios agrarios y las ventajas comparativas. Se deben formar profesionales capaces de intervenir cualquier organización del sector, con iniciativas de emprendimiento y negociación; y con la plena convicción de que el sector agropecuario debe ser manejado como una empresa con una estructura organizacional definida.
Por otro lado surge la necesidad de contar con una masa poblacional educada más amplia y diversa, especialista en temas relevantes para el actual panorama del sector, con nivel de formación de maestría y doctorado, en áreas referentes a la biotecnología, mercados verdes y biocomercio, agroecología, gerencia, agroindustria y política agraria. En Colombia, estos programas de formación posgradual no existen y los existentes son escuálidos. Además, la población de doctores en el país formados en estas ciencias y disciplinas se consolidaron hace varias décadas en el exterior bajo otros modelos. Estos doctores que fueron auspiciados por institutos de investigación y entidades del estado, actualmente se encuentran jubilados o trabajando como asesores de multinacionales en el país. La educación entonces es un elemento específico y relevante que debe impulsar el gobierno, particularmente desde la locomotora de la innovación conducida por COLCIENCIAS, priorizando en las necesidades del sector en el país en términos de formación e investigación.
Acceso y confianza en el financiamiento
El acceso a las fuentes de financiamiento permite apalancar las iniciativas productivas de los actores rurales. Sin embargo, la distribución, asignación y garantías de las mismas, han dificultado el propósito esencial de varias iniciativas gestionadas por las entidades del estado. Innumerables programas financieros han sido banderas en los escenarios populistas, donde los actores políticos se han hartado de prebendas y acuerdos a partir de la asignación de estos recursos para el agro. El caso más relevante que indigno a la población colombiana fue el sonado caso del programa de Agro Ingreso Seguro (AIS), el cual nació con un propósito firme de fortalecer el musculo financiero de los pequeños productores del sector. Sin embargo, este caso término de romper con la confianza de los colombianos cuando se evidenció la asignación irregular de más de $2.200 millones de pesos a una sola persona en el departamento de Magdalena, y más aún, cuando salió a la luz pública que este reconocido empresario no cumplía con los requisitos legales y morales para optar por este subsidio. La reorientación y rediseño del programa AIS ha generado mejores resultados en términos rurales, mediante la nueva conformación de lineamientos basados en la priorización de actividades, formulación de proyectos reales y equidad en los proceso de participación. Para recobrar la credibilidad de las políticas de subsidio agrario, fue necesario hasta el cambio del nombre del AIS, el cual se denomina en la actualidad como el Programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE).
De acuerdo a lo anterior han surgido nuevas iniciativas a partir de la recuperación en la confianza en las entidades del sector. Uno de los ejemplos más importantes es el desarrollo del programa de fortalecimiento empresarial liderado por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), el cual ha superado la meta de insertar alrededor de seis billones de pesos en el 2012, y su vez, está alcanzando para el año 2013 la colocación de 6,4 billones de pesos en iniciativas reales y necesarias para el sector. Los requisitos y las condiciones son claras, y viables para los pequeños productores rurales.
Culminación del conflicto armado en el campo
Uno de los elementos más importantes que se debe garantizar en el desarrollo del sector agropecuario, con una visión al largo plazo, es la garantía en la estabilidad política y social de las regiones. El primer acuerdo de negociación logrado en el proceso de paz adelantado por el gobierno nacional y la guerrilla de las Fuerzas Revolucionaras Armadas de Colombia (FARC) se tituló “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”… Sin embargo, los principales cuestionamientos son: ¿Cómo es posible una reforma rural integral bajo un escenario de desplazamiento y violencia propiciada por el mismo grupo guerrillero?, ¿Cómo se inserta al campesino dentro de un modelo productivo inexistente, bajo las ausentes garantías de apoyo? Adicional a esto, en el documento acordado se pueden encontrar una serie de elementos que evaden la responsabilidad directa del grupo de las FARC en este proceso, los cuales se encuentran arraigados, y de forma descarada, en las afirmaciones que evidencian la no disposición a devolver las tierras usurpadas durante años.
Uno de los puntos que se debió haber tratado en este proceso, hace referencia hacia a el diseño de un modelo para la incorporación de la población rural a los sistemas productivos, bajo la identificación de la vocación de uso del suelo. De forma paralela, se hace necesario definir el término “integral” como el conjunto de atributos sociales, políticos y económicos que permitan el desarrollo de las actividades del campo mediante programas conjuntos de educación, salud, infraestructura y seguridad social. Y a partir de esto surge otro punto adicional: no se puede dejar a un lado a la población de re-insertados que engrosaría la masa crítica de personas que deben regresar a los campos productivos de los cuales fueron sacados. Es por esto que se diseñó la tan cuestionada Política de Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011) la cual contempla la asignación de dos millones de hectáreas formalizadas para finales del año 2014 en favor de más de 57 mil familias campesinas. La pregunta crítica adicional es: ¿Sera esto suficiente para lograr la integralidad que requiere el desarrollo rural?
Extracción y manejo sostenible de los recursos naturales
De acuerdo al Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Colombia es el primer país en el mundo en diversidad de aves y el segundo en plantas, peces y anfibios; lo que evidencia una gran complejidad en la oferta de bienes y servicios ambientales disponibles en nuestros ecosistemas, los cuales pueden ser la base de modelos productivos bajo los principios del biocomercio. Estos principios se basan en el aprovechamiento de la biodiversidad nativa, la inclusión social y el conocimiento tradicional, la distribución equitativa de beneficios, el comercio justo, la garantía de sostenibilidad y extracción renovable, y el mínimo impacto al medio ambiente en los procesos productivos. Esta ventaja comparativa y competitiva que evidencia Colombia en la oferta de recursos naturales, propiciaría nuevos modelos de cadenas productivas basadas en la agregación de valor bajo los estándares del comercio internacional y los tratados de libre comercio. En este contexto se pueden desarrollar materiales de alta calidad basados en resinas, ceras, fibras, tintes, principios activos, colorantes y demás elementos nativos de nuestra naturaleza.
Finalmente, es necesario impulsar nuestro esquema económico productivo desde el modelo de inclusión, sostenibilidad, educación, y acceso confiable a los beneficios de nuestras políticas públicas. Desde mi perspectiva como investigador y académico colombiano, he evidenciado el potencial productivo que tiene nuestro país, comprobando la calidad de las materias primas que se encuentran insertas en nuestros paisajes, lo que es complementado con la diversidad en el conocimiento de las poblaciones locales. Así mismo, mis experiencias de largas caminatas con varias comunidades indígenas por las selvas de la amazonia, los recorridos con las comunidad negras en los bosques chocoanos, las diferentes faenas de pesca en ríos, lagos y mares que nos bañan, las intensas sesiones agrícolas y de domesticación de especies de los Andes colombianos; me han permitido comprobar la riqueza y potencial productivo de nuestro país, la cual es enorme, pero que a la vez, es frágil y agotable.
Camilo Torres Sanabria
Decano (e) Programa de Administración de Empresas Agropecurias
