"Dificil de entender" opinión de Jaime Pinzón para El Nuevo Siglo
El Presidente del Consejo Directivo cuestionó el esquema de contratación por parte de la Fiscalía para encontrar las responsabilidades de las Farc en el conflicto armado.
El presidente del Consejo Directivo de Utadeo, en su columna de opinión publicada el 19 de agosto, cuestiona los procesos de contratación para encontrar el origen, ejecución y responsabilidades de las Farc en el transcurso del conflicto armado. Pinzón señala que estas actividades le corresponden a la Fiscalía General de la Nación y no necesita contratar analistas vinculados a medios de prensa, radio y televisión, quienes a su vez subcontratan la participación de terceros: “cuando se determinó la conformación de la Comisión de la Verdad, aún no integrada, ni el Gobierno, ni los voceros de la guerrilla, ni las víctimas, ni la opinión, sabían que la recolección de pruebas y testimonios estuviese vinculada a onerosos convenios, ni que el ente acusador mantuviese en reserva su avance”, resalta el columnista.
Jaime Pinzón considera que detrás de este esquema de contratación se esconde el clientelismo y las discrepancias éticas de quienes asesoran el proceso: “son nítidas las incompatibilidades por parte de quienes asumieron la tarea a cambio de remuneración sin inhibirse de continuar expresando opiniones respecto de asuntos insertos en sus compromisos”.
Finalmente, Pinzón menciona que la Fiscalía tiene la obligación de hacer pública la información referente a la cuantía de los contratos y los hallazgos evidenciados en el proceso de búsqueda de la verdad. Al respecto, el columnista concluye que “es conducente que el fiscal Eduardo Montealegre explique la cuestión ante el Congreso de la República. La Comisión de la Verdad, cuando inicie labores, mal puede recoger información así recolectada y es urgente definir su relación con las ramas del poder, con los organismos de control, para evitar equívocos. ¿Las conclusiones de los contratos son para uso exclusivo de la Fiscalía? ¿Hasta dónde esa información se incorpora en los expedientes y los jueces la reciben? ¿Coincide el planteamiento con lo expuesto en La Habana?”.
