"Maledicencia", columna de José Fernando Isaza en El Espectador
El consejero de Utadeo reflexiona acerca de los mecanismos más efectivos para erradicar la corrupción, a propósito de la muerte del juez brasileño Teori Zavascki.
A propósito del escándalo por corrupción en el caso Petrobras y Odebrecht, que compromete a funcionarios públicos de diferentes gobiernos a lo largo de Latinoamérica, el miembro del Consejo Directivo de Utadeo, José Fernando Isaza, escribió en su columna titulada “Maledicencia”, publicada el pasado 25 de enero en El Espectador, acerca de la muerte en un accidente aéreo del juez Teori Zavascki, quien tenía a su cargo una de las investigaciones más importantes sobre este caso en Brasil.
Un hecho similar ocurrió en febrero de 2006 con el helicóptero en el que viajaba Pedro Juan Moreno, ex amigo del entonces presidente Álvaro Uribe, quien meses antes había efectuado una serie de denuncias sobre corrupción: “Maledicentes dicen que sería bueno investigar si hay alguna relación entre los mecánicos de la avioneta y del helicóptero. Posiblemente no; hay mucha distancia espaciotemporal entre ambos accidentes. Una recomendación a los encargados de las investigaciones por corrupción, o quienes la denuncien, es que traten de no viajar en vuelos chárter o en aeronaves privadas, pues la probabilidad de accidente aumenta”, sostiene el columnista.
El ex rector de Utadeo sostiene que la obligatoriedad en la presentación de declaraciones de renta de funcionarios de las diferentes ramas del poder que inciden en la contratación, sentencia o cambios regulatorio es inútil, en la medida que el dinero proveniente de sobornos no se ve reflejado en ella. Por tal razón, las autoridades deberían inspeccionar más bien las finanzas de sus hijos y compañeros permanentes, pues es posible que el funcionario público utilice su poder para favorecerlos: “A un controvertido personaje del ámbito distrital se le comprobó, hace unos lustros, la posesión de varios apartamentos en Miami que no figuraban en la declaración de renta. Pudo eludir la acción de la justicia con el argumento de que disponía de dos años para incorporar los bienes”, expone Isaza.
El columnista destaca que los españoles en la colonia tenían en el juicio de residencia un sistema eficiente para detectar el dinero mal habido, pues se comparaba la riqueza de las casas de los investigados con el ingreso disponible.
