Políticas de mercado que pueden ayudar a controlar el alcoholismo

Por Jaime Tenjo

El año pasado ocurrieron varios accidentes de tránsito, originados por el consumo irresponsable de alcohol por parte de conductores de vehículos, como resultado de los cuales algunas personas inocentes murieron o quedaron parapléjicas. Lo que más exacerbó la opinión pública, fue que muchos de los conductores implicados quedaron en libertad o se encuentran en detención domiciliaria.

No queremos entrar a discutir las razones judiciales (que posiblemente fueron las correctas) por las que los conductores implicados no recibieron un tratamiento diferente. Lo cierto es que esto generó fuertes sentimientos de indignación entre la población,  creando un clima propicio para que el congreso aprobara la ley 1696 del 19 de diciembre de 2013 que endurecía de manera muy drástica las penas contra los conductores borrachos. Las sanciones para una persona que conduzca bajo la influencia del incluyen multas (que varían entre 1.85 millones y 29.5 millones de pesos), suspensión de la licencia de conducción por un año o más (hasta cancelación indefinida), inmovilización del vehículo por hasta 20 días hábiles y otras cosas. Esta son ciertamente penalidades muy severas.

El resultado de estas medidas fue inmediato y permitió una caída récord en la accidentalidad y las muertes en accidentes durante las vacaciones de fin de año. Esto de por sí es, sin duda un beneficio muy importante de la ley.

Sin embargo, no todo es perfecto. La mencionada ley, a pesar de su impacto sobre las muertes por accidentalidad (que es, sin duda, un aspecto muy importante) no tiene ningún efecto sobre problemas menos visibles pero que son tan o más importantes que la accidentalidad. Y posiblemente, como lo han mencionado algunos expertos en criminología, puede convertirse en un factor de corrupción en el futuro, debido a que las altas penalidades crean incentivos para ofrecer sobornos.

El problema que deja por fuera la ley 1696 es el consumo de alcohol en general y en particular el alcoholismo, que, como lo menciona Juan Gossain en su columna en El Tiempo el 15 de enero (página 16),  es un problema muy serio. Colombia  (según Gossain) es el país donde los jóvenes comienzan a tomar licor más temprano y donde es menor la proporción de abstemios. El consumo de alcohol es responsable por una buena parte de la violencia doméstica (que en gran medida es invisible) y otras muertes violentas. No conozco estudios al respecto, pero posiblemente el alcohol está asociado a la baja productividad de algunos trabajadores (el ausentismo del trabajo o van enguayabados) y al bajo rendimiento de muchos estudiantes.

Un problema que no hemos enfrentado es que en Colombia los precios del alcohol son muy bajos, especialmente el precio relativo con respecto a otras bebidas como las gaseosas y el agua embotellada. En un supermercado se puede conseguir cerveza a precios muy similares (o aún menores) a lo que cuestan otras bebidas hidratantes. Cuando se compara el precio de la cerveza en Colombia con el de otros países, posiblemente Colombia es uno de los más bajos del mundo (menos de un dólar por botella de 350 cc). Hace años los precios del licor eran mucho más altos, que los de otras bebidas, pero con el tiempo se han igualado.

Lo que se debería hacer es desincentivar el consumo de alcohol en general (no solo el de los conductores) y esto se puede lograr con una combinación de medidas que incluyen, primero que todo, un incremento significativo a los precios de las bebidas alcohólicas, complementado con campañas bien estructuradas de prevención y educación, especialmente para los jóvenes.

Los economistas sabemos que la demanda es sensible al precio en mayor o menor grado. Se ha dicho (aunque no conozco estudios) que la demanda por alcohol es inelástica (poco sensible al precio), pero la gran disminución en consumo ocurrida durante las pasadas celebraciones de fin de año en Colombia son un indicador de que dicho mito no es tan cierto. Esto indica que hay buenas posibilidades, por lo menos en el mediano y largo plazo, de restringir de manera significativa el consumo de licor con incrementos de precio (generados por impuestos) a estas bebidas. Esto no solo afectaría a los conductores a quienes se les debe seguir sancionando si manejan bajo la influencia del alcohol (aunque probablemente con penas menores que las de la ley 1696), sino también al resto de la población.

Esta es la política que según la revista The Economist están implementando países en Europa y Norte América. Según dicha publicación la provincia canadiense de British Columbia es una de las más exitosas. En dicha provincia se fijó un precio mínimo por unidad de cada tipo de alcohol y en promedio el incremento fue de 10%. Como resultado, las muertes atribuidas al consumo de alcohol cayeron en 32%, aunque el efecto se demoró varios años para manifestarse.

En resumen, un manejo más adecuado de los precios de las bebidas alcohólicas en Colombia, haciéndolo significativamente superior al de otras bebidas, puede tener efectos importantes no solo en la reducción de la mortalidad atribuible a la conducción de vehículos bajo la influencia  del alcohol  sino en la reducción de otros efectos nocivos menos visibles, pero igualmente importantes, atribuibles al consumo de licor.