Laura Carolina Baños López
Observatorio de Construcción de Paz
El conflicto interno armado que se desarrolla en el país se ha caracterizado por la victimización de la población civil, constituyéndose en una clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Las víctimas de los diferentes tipos de violencias asociadas al conflicto interno armado, han evidenciado la transformación de sus vidas a partir de los hechos que las victimizaron. En consecuencia, un sector significativo de la población colombiana ha visto comprometida su integridad en el aspecto personal y social.
Los habitantes de áreas rurales son los más afectados por los hechos del conflicto, justamente porque ha sido en esos espacios donde se desarrolla el mismo. Además, en las zonas periféricas se ha vivido la crueldad de las violencias; sus pobladores han sido víctimas de despojo, desplazamiento, estigmatización, amenazas, asesinato de familiares, entre otros desmanes. Sumadamente, las áreas urbanas se han convertido en el refugio hostil de desplazados, y en el alberge de las denominadas BACRIM, evidenciando que el derecho a la no repetición por parte de algunos excombatientes de las AUC es hoy por hoy una ilusión.
Debido a que la población civil colombiana se ha afectado directa o indirectamente por el conflicto interno armado, se debe garantizar a las víctimas el cubrimiento eficiente de sus necesidades específicas, con el fin de que cada víctima pueda continuar óptimamente su existencia, comprendiendo que su estilo de vida cambia drásticamente a partir del hecho victimizante. Es pertinente, por ello, que la población civil afectada cuente con un real apoyo del Estado, de manera que se le permita acceder a bienes y servicios que mejoren sus condiciones físicas y psicológicas, teniendo en cuenta que no todas las víctimas poseen ingresos económicos suficientes para costearlos; la importancia de abarcar el aspecto psicológico radica en que los hechos victimizantes pueden generar traumas que disminuyen la calidad de vida de quienes los padecen y, de igual modo, muchas veces implican transformaciones en la relación individuo-sociedad, las cuales conducen al aislamiento, la estigmatización y la discriminación. Al respecto, cabe destacar las afectaciones psicológicas de quienes han sido víctimas del uso de la violencia sexual por parte de miembros de alguno de los actores que intervienen en el conflicto.
De igual modo, la población civil que ha sido víctima del conflicto interno armado no debe cumplir un papel relegado en la sociedad, sino que se debe tener en cuenta que el reconocimiento de su condición es el primer paso para la restitución de sus derechos. Por esta razón, a las víctimas del conflicto se les debe tener presente en la toma de decisiones públicas relacionadas con la actual agenda de paz; tal es el caso de la reintegración de excombatientes, puesto que las víctimas del conflicto interno armado deberán vivir un proceso de perdón y reconciliación más complejo que la población en general debido a las situaciones que han padecido.
Ante la petición de parte de las víctimas por un rol preponderante de ellas en la negociación en La Habana, considero que dicha postura es válida, pues coadyuva con el empoderamiento de las mismas y enriquece el debate. Para finalizar, considero transcendental concebir a la víctima como un sujeto de derechos y no de lástima. El Estado debe garantizarles la reparación y mayores y mejores espacios de participación.