Mucho se ha asegurado que el logro de un acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno traerá múltiples beneficios económicos al país, entre los que se destacan el aumento de la inversión extranjera gracias a la disminución del riesgo en la colocación del capital; el aumento de la productividad y la competitividad de los sectores económicos en general; y la disminución de los costos del conflicto relacionados con daños a la infraestructura física del país, pago de rescates y extorsiones, indemnizaciones y asistencia económica a las víctimas y gastos en defensa y seguridad, lo que seguramente beneficiaría a la población colombiana con un mayor recurso disponible para gastos en temas de desarrollo.
Sin embargo, es importante analizar el favorecimiento de los efectos económicos en el corto plazo, que para el caso del aumento de la inversión extranjera directa se mantendría para los sectores de petróleo, minas, servicios domiciliarios, comercio, restaurantes y hoteles; para el caso de la productividad, las empresas reorientarían sus recursos hacia innovación, tecnología y diversificación de productos y/o servicios, lo que también se reflejaría en el tema de competitividad, comercialización y mejor redistribución de recursos económicos y fuerza laboral, teniendo en cuenta una disminución de los costos del conflicto que llevaría consigo un aumento real de los ingresos de las empresas.
Los anteriores efectos económicos que se lograrían en el corto plazo son importantes para el crecimiento económico del país y su reconocimiento a nivel internacional en el ámbito empresarial. Pero se debe resaltar también que el crecimiento económico no corresponde necesariamente con la solución de problemas sociales estructurales que el país ha afrontado desde hace mucho más de 48 años, tiempo que lleva el país “conviviendo” con el conflicto y que han sido precisamente su causa.
Temas como la inequidad en la distribución de los recursos, el desempleo, la inseguridad alimentaria, el restringido acceso a salud, la falta de incentivos a la producción agropecuaria en un país con un inmenso potencial agrícola, así como la concentración de tierras por parte de un pequeño porcentaje de la población, no se resolverán con el logro económico que alcanzaría un acuerdo de paz, puesto que se favorecerá inmediatamente al sector empresarial sin garantías actuales de solución a dichos problemas sociales.
Las encuestas dicen que la mayoría de los colombianos, a pesar que están a favor del diálogo entre el gobierno y la guerrilla, no están dispuestos a concesiones; además, no se puede pasar por alto el número de personas que no están de acuerdo con la negociación, lo que se puede relacionar con un escepticismo resultado de los fracasos de las anteriores negociaciones de paz, el recrudecimiento de la guerra y la falta de solución a las problemáticas que vive el país aparte del conflicto armado.
Seguramente, los colombianos empezaremos a apoyar activamente los diálogos y a dejar el escepticismo cuando, además de la agenda ya establecida entre el gobierno y la guerrilla, se le garantice a toda la población la implementación de acciones orientadas hacia el desarrollo. Sobre esta base, la solución del conflicto debería disminuir las distracciones del gobierno frente a sus obligaciones de garantizar los derechos de los ciudadanos al acceso equitativo a la salud, la educación, el empleo y las condiciones básicas que requerimos para el logro de nuestro bienestar socio económico.