El impuesto a los dividendos

En Estados Unidos se cobra un 39,6% a los propietarios, mientras las empresas pagan el 33%. En los países de la OECD, club al que aspiramos entrar, se paga en promedio 24% por los dividendos y 19% sobre la renta de las empresas. Se trata de cobrar impuestos proporcionales a la riqueza de los individuos y de que la desigualdad se reduzca, algo que no sucede en Colombia, uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Acá la desigualdad aumenta de generación en generación, porque además el impuesto a las herencias es bajo y no proporcional, igual al de la ganancia ocasional que es de sólo el 10% (simplificado de tarifas marginales de 18, 28 y hasta 33% por Santos I).

Cuando los dueños de las empresas quedan exentos de pagar impuestos sobre los dividendos, se agudiza la desigualdad. La secretaria de Luis Carlos Sarmiento Angulo paga una proporción bastante mayor de su ingreso que su jefe, quien gana mil veces más. La injusticia se reproduce con el impuesto al patrimonio porque las acciones están exentas del mismo. La evasión de los terratenientes es monumental: subvalúan sus propiedades al declarar un peso por cada 50 pesos de sus valores comerciales y se escapan de un impuesto que tiene algunos visos progresistas, si tan sólo recayera sobre las personas naturales. Otra consecuencia es que incentiva a las empresas a repartir más dividendos y a reinvertir menos sus utilidades. Por eso es un impuesto antitécnico y nocivo.

El impuesto al patrimonio de las empresas es contraproducente. Pagan más las empresas más viejas o que cuentan con amplias dotaciones de capital físico, como una acería o una generadora de energía. Las empresas que están invirtiendo grandes volúmenes de capital, cuya maduración puede tomar varios años, como la industria petrolera, son especialmente golpeadas. Eso puede determinar que ciertas inversiones simplemente no se hagan. Siempre es técnicamente superior un impuesto al flujo de ingresos que al patrimonio, pues éste puede no estar generando la caja requerida para enfrentarlo.

Quedamos pagando los que tenemos apartamento y ahorros en un fondo de pensiones, mientras que las empresas pagan el 80% del tal impuesto.

Si el impuesto al patrimonio recayera sólo sobre las personas naturales, sin eximir las acciones, por fin los hombres más ricos del país pagarían parte de lo que les corresponde para sostener al Estado que los protege. Como las deudas se pueden excluir del patrimonio, las personas naturales y las empresas se endeudan... ¡para comprar acciones! El incentivo puede crear una burbuja en el mercado accionario; al mismo tiempo, se reduce el colateral para respaldar sus créditos, lo que crea mayor riesgo para los bancos.

En 2015, el Gobierno estará recaudando sólo 12,4% del PIB, cifra que es vergonzosa después de dos reformas tributarias. Su decisión de cobrar el impuesto al patrimonio sólo por un año significa que se resigna a un déficit fiscal enorme, a menos que se venga con un aumento del IVA, para que los pobres y la clase media paguemos lo que no pagan los más ricos.
El Gobierno también podría tasar los dividendos y las herencias proporcionalmente, además de retirar las exenciones injustificadas al ahorro financiero; obtendría así, al mismo tiempo, el recaudo necesario y una mejor distribución del ingreso.

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com