Una reflexión entre la legalidad y la moralidad en el actuar de los funcionarios públicos elegidos democráticamente, es el tema de la más reciente columna de opinión del consejero de Utadeo, José Fernando Isaza, publicada en El Espectador bajo el título de “Captura”. Allí, el ex rector de la Universidad enfatiza en que si bien la corrupción es un acto punible en nuestro sistema legal, la captura al Estado no lo es, convirtiéndose en un fenómeno nocivo, pues beneficia y evita el riesgo penal tanto al funcionario como a aquel que financió su campaña, en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Uno de los ejemplos expuestos en su columna es el del carrusel de las pensiones en las altas cortes, que permite a personas allegadas a los juristas acceder a megapensiones de hasta veinte millones de pesos, con el simple hecho de reemplazarlos durante algunos meses, bajo la figura de licencia. Un caso simular sucede en el Congreso de la República, donde un senador, bajo la figura constitucional de la suplencia vertical, inscribe a uno de sus amigos ejecutivos en su lista, y en la legislatura solicita que lo reemplace por un determinado periodo de tiempo: “Realmente hay patrones generosos con los recursos de otros”, puntualiza Isaza.
El columnista finaliza en que existen otras formas en las que las financiaciones de las campañas políticas generan rendimientos que superan cualquier actividad legitima. Los cambios en el uso del suelo y las medidas restrictivas a la competencia, son algunos de ellas: “Esto no es necesariamente ilegal, pero es a todas luces inmoral”, concluye Isaza.