El derecho a la intimidad y a la vida privada, consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vuelve a convertirse en tema de debate, luego de las denuncias hechas por el expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, acerca de las interceptaciones ilegales en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de obtener pruebas sobre una supuesta presión a los testigos convocados en procesos que esa entidad adelanta en su contra.
Ante ello, el presidente del Consejo Directivo de Utadeo, Jaime Pinzón, en su columna de opinión en El Nuevo Siglo, fue enfático en declarar su rechazo frente a este tipo de acciones, sin importar la persona a la que va dirigida esta violación, ya sea del gobierno o de la oposición: “Entre chuzadas y chuzadas ya no sabemos cuáles son legítimas, tendientes a avanzar en la averiguación de conductas punibles, en este caso hubo arbitrariedad”, advierte.
Pinzón también reflexiona acerca del mal uso que se le está dando a los avances tecnológicos por parte de funcionarios judiciales y de las empresas con licencia para espiar: “En la era digital no se ha logrado delimitar el campo de la adquisición testimonial, ni sus alcances, es difícil encuadrar declaraciones sobre hechos que afectan a la sociedad, ellas se vuelven espectáculo, con énfasis superior cuando se convierten en noticia referente a personas involucradas en la vida pública, no solamente relacionadas con la actividad política, a la gente le agrada rumiar el escándalo”.
Finalmente, el columnista afirma que, si bien los magistrados están facultados constitucionalmente para intervenir comunicaciones, el marco normativo no se encuentra bien reglamentado, razón por la que, esgrima, es “preocupante y negativo” el uso que se le están dando a las tecnologías.
