La imposibilidad de los entes de control por erradicar la corrupción, dado que la manera como los funcionarios son elegidos impide que estos concentren sus esfuerzos en investigar las conductas punibles, es la reflexión que hace el profesor emérito de Utadeo, Salomón Kalmanovitz, en su columna de opinión en El Espectador. Siguiendo el estudio de Arango, Dávila y Newman acerca de las recomendaciones hechas a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, el columnista sugiere que los altos funcionarios de estos entes de control son seleccionados por ternas políticas y no por méritos, al tiempo que los requisitos para ocupar estos cargos son poco exigentes y no se deben aclarar los conflictos de intereses pasados que podrían llegar a interferir en futuras investigaciones y por los cuales luego deben declararse impedidos.
Kalmanovitz expone el caso del actual fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dado que ha sido uno de los abogados de importantes emporios económicos, como los de Mattos y Sarmiento Angulo, así como consultor de gobiernos y de agencias de contratación estatal de la ANI: “Su abuso de poder es evidente con su atropello de la JEP”, agrega el columnista, para quien el fiscal tiene como propósito avanzar en su carrera profesional más que en combatir los crímenes y la corrupción.
Otro de los flagelos que afecta a los entes de control es que a estos se les prohíbe el acceso a los datos reservados de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), lo cual permitiría comprobar ilícitos por parte de funcionarios y reparar a las víctimas.
