Redacción: Diego Quijano
“Máquinas de guerra”. Estas fueron las palabras del ministro de Defensa Diego Molano al tratar de justificar el bombardeo, donde murieron varios menores de edad en un bombardeo de Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército al campamento de alias Gentil Duarte (comandante disidente de las extintas FARC). Esto no es un capítulo nuevo en Colombia, pues el primer ministro de Defensa del gobierno Duque, Guillermo Botero, tuvo que renunciar tras ocultar información sobre el bombardeo de las FFMM en el Caquetá donde murieron 7 menores de edad. Este artículo trata de refutar las palabras del ministro apelando al Derecho Internacional Humanitario y la población vulnerable en conflictos armados internos, en este caso, menores de edad.
¿Por qué, según el DIH, los niños que participen en acciones bélicas, dentro de un conflicto armado, se vuelven objetivos militares? Porque los países firmantes de los acuerdos de Ginebra no quisieron responsabilizarse por lo que pasara con los menores de edad en una guerra.
Para el ministro Molano, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece que “las partes beligerantes tienen derecho a atacar un territorio o una población, siempre y cuando se justifique por qué es declarado objetivo militar y, además, los menores de edad que participen en acciones hostiles perderán todos los beneficios que le da la Comisión Internacional de la Cruz Roja (CICR), ya que pasan a ser combatientes y blancos militares legítimos.”
Estas afirmaciones, lastimosamente, son ciertas. Pero, están basadas en el Protocolo I de los convenios de Ginebra, el cual se refiere a conflictos internacionales y no a conflictos internos. De hecho, ni el DIH o la CICR contemplan las consecuencias del reclutamiento de menores de edad dentro de un conflicto armado interno. Y esto es muy grave, ya que los que más sufren en estas guerras son los niños; de acuerdo al “Informe de reclutamiento y utilización de niños en conflicto” de la unicef, estos niños son reclutados a la fuerza, amenazando sus vidas o las de sus familias. Son puestos como carne de cañón, obligados a cometer acciones bélicas en contra de su voluntad, muchas veces actuando bajo efectos de drogas o simplemente no son conscientes de las consecuencias de las acciones hostiles por su falta de madurez mental y emocional. Por lo menos en Colombia, la mayoría de los combatientes se unieron a la guerrilla siendo menores de 18 años. Según The Human Rights Watch, dos tercios de los menores de edad que entran a ser parte de los grupos armados ilegales, no han cumplido los 15 años.
Siguiendo con las palabras de Molano, podemos continuar apelando al DIH. El párrafo 3 del artículo 77 del Protocolo I adicional a los convenios de Ginebra dice: “Si, en casos excepcionales, no obstante las disposiciones del párrafo 2, participaran directamente en las hostilidades niños menores de quince años y cayeran en poder de la Parte adversa, seguirán gozando de la protección especial concedida por el presente artículo, sean o no prisioneros de guerra.“ El artículo 5 dice: “No se ejecutará la pena de muerte impuesta por una infracción cometida en relación con el conflicto armado a personas que, en el momento de la infracción, fuesen menores de dieciocho años.”
Esto implica una acción de inteligencia por parte de las FFMM, donde se justifique por qué declarar una población o un territorio como objetivo militar. Pues, según el DIH, no se puede declarar un objetivo militar, siempre y cuando haya población civil. En el caso del bombardeo en el Guaviare, hubo siete menores de quince años. Así porten armas, la DIH los sigue considerando como población civil (a no ser que hayan participado directamente en acciones hostiles) y son consideradas víctimas de reclutamiento forzado; uno de los delitos que más cometieron los grupos armados ilegales en Colombia.
Ahora, las partes beligerantes también pueden apelar al punto “H” del capítulo IV “Violencia y la Violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamado “La Regla de la Proporcionalidad”; el cual dice que “un ataque a un blanco militar es legítimo, siempre y cuando los objetivos militares sean mucho mayores a la población civil”. Con respecto al bombardeo en Buenos Aires, Guaviare, murieron 12 personas, de las cuales, ni el ejército ni la policía tienen claro si estos individuos, hacían parte del grupo disidente o era población civil. Además, según la Defensoría del Pueblo, hay dos menores de edad dentro de los cuerpos encontrados en la vereda luego del bombardeo.
Según la Unicef, para el 2014, 30 de cada 100 niños padecen pobreza multidimensional; es decir que, carecen de “educación, nutrición, salud, agua y saneamiento básico, vivienda, seguridad económica, seguridad, tiempo libre y recreación, y acceso a la información”(El Tiempo, 2014). La Fundación Save The Children Colombia afirma que, durante 1985 y 2019, más de siete mil menores de edad fueron reclutados forzosamente. Según el último informe del ICBF, “ el índice más alto de escolaridad es quinto de primaria , que recoge el 21% de los niños desvinculados de los grupos armados. El 13% asegura haber cursado hasta tercero de primaria y tan solo el 0,03% terminó el bachillerato”. ( El País Colombia, 2019).
Para el ICBF, las razones principales por las que los menores de edad son reclutados por grupos armados ilegales, son los conflictos familiares internos, la falta de educación, la desnutrición (“de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia, 560.000 niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica en el país y 15.600 padecen desnutrición aguda severa”(U. Sabana, 2020)) y la falta de empleo; según el ICBF, los grupos armados ilegales prometían a los niños el doble del salario mínimo si se unían a sus filas.
Pero muchos dirán: “esos menores, estaban armados y ya no eran población civil”. Puede que sí. Pero ¿cómo sabía el Estado que estaban armados? Puede que la personería de Buenos Aires y los familiares de los niños, hayan dicho que esos menores fueron reclutados forzosamente, pero ¿Cómo sabían que esos menores de edad participaron directamente en acciones hostiles, sabiendo que este ataque fue un bombardeo y no un ataque directo en tierra?
Efectivamente, este grupo armado disidente es culpable de esto y debe ser condenado, pues el reclutamiento de menores de edad es un crimen de lesa humanidad. Pero, quién asesinó estos niños fue el Estado. No tomó en cuenta que ya se habían hecho denuncias en el departamento por reclutamiento de menores, no hizo inteligencia suficiente para saber qué tipo de población había en estos campamentos y, además, ocultó información