Conflicto y medio ambiente: una preocupación más
Por: Beatriz Eugenia Suárez López, profesora de deracho e investigadora del Observatorio de Construcción de Paz de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
No es un secreto que uno de los efectos devastadores del conflicto armado colombiano es el relativo a la afectación del medio ambiente. El informe del Centro de Memoria Histórica “Basta ya” (2013) pone de presente que uno de los impactos que ha generado la guerra ha recaído sobre los recursos naturales y el medio ambiente, producto de diversos métodos de guerra, que lejos de hacerle daño solo al Estado, trae consecuencias adversas a la población, sobre todo a la sociedad en general. Así, la contaminación por la voladura de oleoductos, la contaminación por el ejercicio de la minería ilegal, la tala indiscriminada de árboles deja una huella imborrable sobre el medio ambiente, pero también afecta de manera directa a la población civil, quienes viendo que los recursos naturales de los cuales subsisten están siendo gravemente contaminados, no tienen más remedio que recurrir al desplazamiento buscando nuevas formas de subsistencia.
Varios sectores, académicos, políticos, sociales, han hecho múltiples llamados para que el tema de la protección ambiental sea un punto específico en la agenda de negociación de La Habana, sin embargo, la respuesta a estas solicitudes han ido siempre por la misma vía: que el tema medio ambiental, si bien no está expresamente establecido como un punto de discusión, si lo es de manera trasversal, por lo que se hace un llamado a la calma pues estas cuestiones están siendo discutidas; empero, preocupa que al no ser expresamente un punto de discusión, la problemática ambiental se pierda dentro del mar de temas que si son manifiestos.
Además de esto, es claro que el gobierno debe hacer frente en la actualidad a la afectación medioambiental, para centrarnos en una problemática concreta, por ejemplo, lo que sucede con la minería criminal. El Estado ha identificado diversas clases de minería: la legal, la informal, la criminal; ésta última, es principalmente preocupante pues, la actividad minera por sí misma genera impactos graves y en ocasiones irreparables para el ambiente, ahora, si el ejercicio de la actividad minera es realizado por grupos armados al margen de la ley, el control del Estado se ve mermado, al menos en lo relativo a los permisos para poder ejercerla, sin embargo, existen diversas herramientas en cabeza del Estado, incluso penales, para atacar esta clase de actividades ilícitas, como lo son los delitos de contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburo (art. 333 CP) y el de Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales (art. 338 CP). Lo importante es que exista el interés y la capacidad del Estado para perseguir, investigar y judicializar estas conductas, que claramente se están cometiendo en el territorio nacional.
Es preocupante también, que este tema solo sea relevante a nivel local, es decir, es claro que para la comunidad internacional el ejercicio de la minería ilegal no es tan importante, pues no genera efectos negativos directos, como si lo hace por ejemplo, el tráfico de drogas, por lo cual, no hay un interés expreso en apoyar iniciativas que tengan que ver con la protección ambiental, empero, hay que ser claros también con los intereses de nuestra sociedad, en donde el medio ambiente sano tiene la naturaleza de derecho colectivo y resulta vital para la construcción de una verdadera paz estable y duradera.
Se espera entonces que el tema medio ambiental adquiera la verdadera importancia que tiene en las conversaciones y sobre todo en un escenario de postconflicto, en donde las riquezas naturales deben ser protegidas y no dejadas al azar por el propio Estado.