El consejero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza, escribió en su columna de opinión para el periódico El Espectador que "La revisión de los títulos de quienes se lucraron de la violencia está en la ley de tierras y reparación de víctimas que el Congreso aprobó. Al finalizar la “violencia”, el presidente Alberto Lleras determinó que las transacciones de tierras realizadas durante ciertos periodos y en áreas determinadas quedaban sin efecto, medida mucho más radical que la contenida en la ley de tierras. El espectáculo del procurador Ordóñez y de los representantes del C.D., impidiendo que se hiciera efectivo el derecho de los desplazados a recuperar sus parcelas arrebatadas por los latifundistas, fue un presagio de lo que vendría".
Isaza agrega que "Dos propuestas de Uribe: amnistía general para los guerrilleros rasos no incursos en delitos de lesa humanidad y no aceptar el narcotráfico como delito conexo a la rebelión, aun si los recursos se dirigen a la financiación de la subversión y no al lucro personal, son contradictorios entre sí. Es poco probable que un militante raso de las Farc no haya participado, por ejemplo, en recolectar las “tasas de gramaje” o en proveer “seguridad” a algún laboratorio o una pista. Por lo tanto, la amnistía se cae al ser sindicado de participar en algún eslabón de la cadena del narcotráfico, delito, según Uribe, no conexo con la rebelión y, por la tanto, sujeto a penas contempladas hoy en el Código Penal y a la posibilidad de extradición".
