Como un acto de cinismo y de conflicto de intereses califica, en su columna de opinión en El Espectador, el consejero de Utadeo, José Fernando Isaza, la posible ampliación de los periodos de los actuales alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, hasta el 2022, con el propósito de unificarlos con el mandato presidencial y del legislativo.
Isaza considera que esta medida es un asalto a la voluntad popular que pone de relieve una de las fracturas de la constituyente del 91, por cuanto el Congreso, con la mayoría simple y no con la mayoría calificada (dos tercios de los votos), puede hacer reformas electorales, y así, modificar un artículo que prolongue sus propios periodos: “Podría pensarse que no se atreverían a llegar a tal extremo, por el claro conflicto de intereses, más sutil; pero el conflicto existe al prorrogar el período de quienes manejan sus maquinarias políticas en las regiones”, afirma.
Quienes están a favor de la medida, asegura el columnista, prevén un ahorro cercano a los 409.000 millones de pesos en materia de la logística de las elecciones locales. Sin embargo, arguye Isaza, podría definirse que los mandatarios elegidos en 2019 terminen sus periodos con el del ejecutivo central, es decir, en el 2022.
Así mismo, los promotores afirman que cuentan con el apoyo de los gremios que agrupan a las autoridades locales, entre ellos la Federación Colombiana de Municipios, naturalmente lógico, en la medida que estas instituciones aglomeran a quienes serían beneficiados por la iniciativa.
Empero, el último argumento es el más poderoso, pero discutible, afirma Isaza, pues se dice que la unificación de periodos mejoraría la coordinación y articulación en la planeación económica de las entidades territoriales y el Gobierno Nacional.
