Contrataciones 'legales' en medio de la cuarentena
Pese a la coyuntura de pandemia por la que atraviesa el país, la corrupción no ha cesado. Así lo denuncia el exrector y consejero de Utadeo José Fernando Isaza, en su columna de opinión en El Espectador, al recordar que muchos políticos, aprovechando su poder, han buscado estrategias para enriquecerse y enriquecer a sus amigos y financiadores de campañas.
El columnista resalta que, desde el 2010, aproximadamente el 80% de la contratación pública se hizo directa, partidas que en su gran mayoría beneficiaron a los financiadores, quienes, en promedio, recibieron una retribución de $9,90 por cada peso invertido en campaña, lo cual, según Isaza, resulta tan rentable como el tráfico de drogas o la minería ilegal.
“La corrupción es ilegal por los efectos perversos que tiene sobre la sociedad, al desviar los recursos públicos que deben invertirse para el beneficio general y usarlos en el enriquecimiento del contratante y el contratista. Cuando se observa, por ejemplo, el deplorable estado del hospital de Leticia, que carece de la mínima dotación, población que tiene el mayor índice de contagios por coronavirus, queda claro el efecto del enriquecimiento ilícito”, agrega el directivo.
Recuerda que la corrupción al ser un ilícito, puede ser combatida a través de diferentes mecanismos legales e instituciones. Sin embargo, esto no ocurre cuando la inversión de los recursos públicos se destinan a gastos que no benefician a la sociedad, en la medida que la mayoría de estos procedimientos se hacen con formalidades legales, aún cuando los efectos sobre el bienestar general son deplorables.
Isaza cuestiona, por ejemplo, la reciente contratación que hizo la Presidencia de la República para definir e implementar una estrategia de imagen y posicionamiento online del presidente Duque, o el caso de la construcción de una refinería con sobrecostos de más de 3.000 millones de dólares.
