Con un llamado a precisar los límites del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el presidente del Consejo Directivo de Utadeo, Jaime Pinzón, en su más reciente columna de opinión en El Nuevo Siglo, recordó el encuentro que se desarrolló en Utadeo, en el marco del lanzamiento del Grupo de Seguimiento de Casos en Tribunales Internacionales.
A propósito de ello, evocó el derecho de petición realizado por la profesora tadeísta Martha Gutiérrez, en torno a la solicitud de las coordenadas geodésicas (longitud y latitud) de cada una de las líneas de base del archipiélago y si los límites han sido determinados, dirigido a a Cancillería, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Dirección Marítima (Dimar). La respuesta por parte de las entidades fue que estos límites no han sido determinados, pues no hay plazos para ello, según lo contemplado en el decreto 1114 del 2014, y no se suministra información por razones de Seguridad Nacional.
“Se trata de una labor compleja, que debe realizarse con cuidado, pero nos hallamos en el limbo mientras que la asamblea legislativa de Nicaragua, en nuevo acto ilícito internacional, ha aprobado unilateralmente extraña ley “creando” una órbita bio-estacionaria en la Reserva Seaflower, con mapa abusivo adjunto, trazando líneas que no corresponden, pretendiendo ejercer soberanía en parte del mar colombiano contra derecho, en decisión inaceptable desconociendo lo dispuesto por la Corte Internacional de Justicia que ratificó la vigencia del Tratado Esguerra-Bárcenas en el 2007 y la soberanía de Colombia en el archipiélago, enredando más las pretensiones incluidas en las demandas por incumplimiento de la sentencia inaplicable de ese Tribunal del 2012 y la petición de que se extienda su plataforma continental a más de doscientas millas casi hasta Cartagena. Estuvo bien que Colombia protestara por lo acontecido, sin embargo eso no basta”, puntualiza Pinzón.
