El pasado lunes, el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, le mencionó a El Espectador los dos puntos clave que estarían en la mesa de discusión: en primer lugar, decía, el Gobierno quiere eliminar la integración vertical en el sistema de salud. Esto es, en términos muy simples, la posibilidad que hoy tienen las EPS de ser dueñas de hospitales y clínicas, a las cuales contratan y pagan por sus servicios.
Para el presidente Gustavo Petro, quien ha criticado duramente esta posibilidad, esto ha permitido que en el sistema se pueda “sobrepagar a las clínicas de los dueños de las EPS, y subpagar a los hospitales públicos y quebrarlos”, escribió en X en febrero de 2023. Esa crítica va en la lógica de la función que tienen hoy las EPS de ordenar el gasto: estas entidades reciben las facturas de los servicios que prestan los hospitales y clínicas y les pagan. Para el presidente, lo que ha sucedido es que en ese pago han privilegiado a las clínicas y hospitales de las que son dueños. Pero hay algunos matices en esa visión.
“Hay que reconocer que ha habido un abuso de la integración vertical. Es claro que ha habido preferencia de pagos y tarifas de algunas EPS a su red, pero eso es un tema más de regulación que de eliminación”, dice Giovanni Jiménez Barbosa, investigador de la U. Jorge Tadeo Lozano. Para el académico, ha habido una falta de control: “La ley 1122 restringió la integración vertical al 30%, pero ha faltado vigilancia en ese porcentaje”. En contraste, según Jiménez, la integración ha tenido ventajas como “agilizar los procesos de atención, eliminar algunas barreras administrativas para los pacientes y crear economías de escala”.
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