No se discute al derecho de invitar a la movilización ciudadana para que exprese su apoyo o rechazo a iniciativas gubernamentales o a las de la oposición. Hay que reconocer que el presidente ha respetado las marchas opositoras; a diferencia de su antecesor, que estimulaba la represión armada con dolorosos saldos de muertos y heridos. El argumento de recurrir a la movilización como medio de presión o de atajo institucional recuerda al expresidente Uribe cuando proclamaba que el estado de opinión es una fase superior a la Constitución como argumento para perpetuarse en el poder.
La política de priorizar el poder de “la calle” sobre los otros balances constitucionales genera el siguiente problema: “la calle” no es exclusiva para los defensores del gobierno, la oposición también la puede y debe emplear. ¿Quién define cuando es lo suficiente masiva una movilización para que se convierta en política su demanda o rechazo?
