Hablar sobre algunos temas es encerrarse en la inexorable realidad, y formarse aspiraciones e ilusiones banales que pueden “subjetivizarnos” lo suficiente como para perder el rumbo y empezar a hacer poesía. El conflicto en el Medio Oriente es anacrónico, porque en pleno siglo XXI, fuera de que pasó de moda la guerra, es evidente que por lo menos desde una perspectiva genuina, tal enfrentamiento vuelve estático e inoperante el avance en materia de respeto a los derechos humanos o la contundencia cuando se trata de castigar las graves violaciones de estos.
Aproximadamente 11.000 niños han muerto en 30 meses de guerra en Siria, afirma el diario Vanguardia Internacional, hecho per se, contradictorio, de la adhesión que realizó ese estado a la convención sobre los derechos del niño y su participación en los conflictos el 20 de octubre de 2006; 101.513 el número total de víctimas, confirma la ONU, y claro, la mayoría civiles, personas ajenas a la ideología, al núcleo del conflicto. Tales muertes son desproporcionalmente injustificadas, porque la gente muere si se está de acuerdo, y también si no, si se tiene una opinión y también si no se tiene, al fin, la única garantía de no morir a manos de un rebelde o por las balas que autoriza Bashar al-Asad, el presidente sirio, es no viviendo, no existiendo en la Tierra cerca de Irán que da crudo y a la vez muertos.
Sumado a la deplorable situación, claro está si se hace una comparación y un estudio transcultural, el 11% de las víctimas de violaciones sistemáticas son mujeres. Con relación a este tipo de violaciones y además de
otras, siendo sistemáticas repito, cabe pues hacer el respectivo análisis jurídico que delimita los hechos acaecidos. Siria ratificó recientemente el Tratado de Versalles de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) del que aún persiste por demás el debate de si se debe o no considerar como tratado de derechos humanos; este estado ratificó además los convenios I y II de Ginebra en 1953 Y 1983, respectivamente, además de ello es miembro permanente de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pero, por ejemplo, no ha suscrito el Estatuto de Roma lo quiere decir que en principio la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene jurisdicción para investigar, acusar y sancionar los delitos cometidos en ese país contra la humanidad.
Desde luego, este es el primer obstáculo por lo menos formal para intervenir en Siria. Uno de los caminos que tienen las organizaciones multilaterales es lograr que, como en el caso de Gadafi, al-Asad visite países con ratificaciones de los tratados, hecho que en el evento de que haya certeza plena de las violaciones por parte de él se proceda a su captura, y no es pretensión trivial ni falta de ponderación pero ya se conoce de la existencia de responsabilidad por parte del presidente de Siria en actos cometidos contra la población; en un reciente comunicado de la coalición de la Corte Penal Internacional se pretendió que con Al Bashir en Sudan se hiciese lo mismo, ya que este tuvo la intención de asistir a la 68 Asamblea General de las Naciones Unidas en New York y para tal hazaña tendría que haber transitado el territorio de varios Estados que tienen ratificación de tratadoshabilitantes para la CPI.
Ahora, es preciso decir que según el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, del cual Siria es estado parte, el Consejo de Seguridad de esa organización puede remitir al Fiscal General de la CPI la investigación, acusación y juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos, como ocurrió recientemente en el caso de Darfur (Sudan) con el requerido Al-Bashir a quien la Corte Penal Internacional le dictó orden de captura, ya que el consejo de seguridad de la ONU, por medio de la resolución 1593 remitió al Fiscal Penal Internacional los casos de violaciones de ese país, a pesar de que ese Estado no había suscrito el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, pero si era parte de la organización de las Naciones Unidas.
Por lo que afortunadamente para las victimas sirias y para la comunidad internacional se pueden observar algunas soluciones al problema, como la adopción de tribunales penales ad-hoc para la investigación y juzgamiento de los graves delitos contrala humanidad. De todos modos no hay que dejar de lado en materia de derecho internacional público el principio de complementariedad de estas cortes internacionales del cual no ahondaré en este artículo.
Se podría hablar entonces de una violación flagrante a los convenios de Ginebra arriba mencionados ya que recientemente se confirmó por parte de investigadores de la ONU el uso de armas químicas en Damasco por parte del gobierno sirio en contra de la población civil, hecho que dejó 1.500 muertos, traduciéndose esto en crímenes de guerra contra la humanidad y además de genocidio. Sobre lo anterior, Rusia y Occidente,
principalmente EE.UU, han solicitado por parte de la ONU una resolución que obligue a Siria a la eliminación de ese tipo de armas desmesuradamente letales y sistemáticas. Estados Unidos de Norteamérica incluso propuso intervención militar transitoria y fugaz que permitiese dar colofón a aquel problema; recientemente el presidente de Bolivia Evo Morales se refirió a este hecho durante la Asamblea General de la ONU en la cual sarcásticamente y con ironía deletérea dijo: “hay mucho cinismo cuando (Obama) habla de justicia, de libertad y de paz como si fuera dueño del mundo. Aquí no hay dueños del mundo, cada país tiene su soberanía, y dignidad”, y además agregó: Quiere controlar las armas nucleares y las armas químicas”, cuando ni siquiera controla, ni destruye, su propio arsenal de armas nucleares.
Considero pues, frente a la polémica que comento que tal pretensión del gobierno americano, hábilmente, no fue respaldada por Londres y Rusia, en el entendido de que me parece incoherente y oportunista “extinguir el fuego con petróleo”. El director del Centro Sirio de Estudios Políticos y Estratégicos, Radwan Zadeh, aseguró que “desde el inicio del conflicto no se ha abierto ni una sola investigación contra algún miembro de las fuerzas armadas”, por ende difícilmente podrán sancionarse, acusarse o investigarse tales hechos que representan por demás deberes internacionales de los Estado; además la vicepresidenta de la Colisión Nacional Siria, Suhair Atasi, relató la realidad de la población como extremadamente precaria, particularmente en las áreas sitiadas por el ejército, estrategia, dice, “que utiliza como forma de castigo colectivo”. Atasi también critica el hecho de que Siria conserve su haz de legitimidad y permanezca presente en el seno de la Organización de Naciones Unidas.
Por simples paradojas Bashar al-Asad es graduado de Medicina de la Universidad de Damasco, especializado en Oftalmología, hermano de Bassel al- Asad quien tendría que haber sucedido a Hafez al-Asad, ex presidente y padre de Bashar. Vivió varios años de tranquilidad, incluso según una publicación de revista Semana, Bashar fue considerado en algún momento un líder de una nueva generación, que traería el cambio a siria. Los 1.500 muertos con gas sarín, una efectiva disminución con relación a los casos de la misma índole vividos en la Primera Guerra Mundial y en Etiopía, en Japón o Irak serían los cambios que fraguaba el líder de los damascenos, esas serían las formas menos teatrales de llevar a cabo los mismos asesinatos. Empero al- Asad niega haber ordenado la muerte a algún integrante de su pueblo. Hace algunos días en Medellín hablé con el ex fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, de manera diáfana me dijo: “el mundo cambió y los violadores de Derechos Humanos no se han percatado, el mundo ha ido transformando desde hace dos décadas sus normas, su concepción de derecho consuetudinario; los hechos aunque transiten hacia el olvido tendrán que ser investigadosy sancionados.” Kai Ambos ex juez del tribunal estadualde Göttingen (Alemania), evoca aquel dicho famoso alemán: “la máquina de la justicia trabaja lenta pero continuamente” Espero los buenos autores, el señor ex fiscal Moreno, y mi incauta y neófita imaginación tengan razón y estos hechos queden absolutamente aislados de la impunidad, y esas organizaciones que llevan a cabo esos grandes eventos, efectúen magnas investigaciones, acusen grandes violaciones y sancionen con contundentes y ejemplares castigos.