Carrasquilla reincide

Hace más de una década el actual ministro de Hacienda lanzó una iniciativa parecida a la que volvió a hacer frente al gremio de los industriales, de gravar toda la canasta familiar y devolver a los estratos más bajos lo que hubieran podido perder en sus compras diarias: el 19 % de la cucharada de aceite, de las dos papas, del hueso carnudo, del vasito de leche, del par de huevos, de las vísceras de pollo, de los sobrecitos de azúcar y de café. Para poder hacer la devolución, todas las familias del país deberán entrar al redil del sistema financiero, del que huyen por sus exorbitantes comisiones sobre el uso de las tarjetas débito, por mover o no mover la plata y porque pagan un interés ridículo sobre los depósitos recibidos. Algún vocero del gremio financiero propuso que se aplicara el 4 x 1.000 al uso del efectivo, lo cual significaría que el propio Estado restringe su soberanía monetaria y renuncia a la universalidad del dinero que emite.

Sucede que las familias más pobres son las que menos usan el sistema financiero, de tal modo que sería improbable que el Ministerio les devolviera lo que les quitó al igual como se le roba un dulce a un niño, aun si tuviera la voluntad de hacerlo. El resultado es otro aumento de la desigualdad social por la intervención del Gobierno, que es regalado con las empresas, a las que les reduce impuestos que compensa castigando a las familias pobres y a la clase media. Carrasquilla dijo crípticamente que había que hacer un Sisben de ricos, con lo cual pudo decir que hará el listado de subsidios que reciben de parte de la administración tributaria para eliminarlos o quizá todo lo contrario.

Con respecto a las contribuciones de la clase media, se oyen muchas quejas por la entrada en acción de la reforma tributaria de 2016 que limitó el total de las deducciones que se hacían antes y que han terminado con aumentos hasta del 40 % en la carga para la declaración de este año. Se prepara entonces otra peluqueada de los ingresos de los asalariados profesionales, mientras que los dividendos, rentas e intereses del 1 % de las familias más ricas del país seguirán exentos.

Juliana Londoño ha argumentado a favor del impuesto al patrimonio como un instrumento que causa pocas distorsiones económicas, aumenta el monto del recaudo y es progresivo. Hay que agregarle que el impuesto al patrimonio puede extraer recursos de sectores de terratenientes rurales y dueños de lotes urbanos, que han sido grandes evasores históricos del fisco colombiano. Este tipo de impuesto fue utilizado por las administraciones Uribe y por el propio Santos de manera exitosa, contribuyendo al fortalecimiento del Estado, pero como todo impuesto progresivo fue aprobado temporalmente por el Congreso. Según Londoño, el 1 % más rico de colombianos concentra el 44 % de la riqueza del país, incluyendo los patrimonios ocultos en paraísos fiscales, algunos de los cuales fueron descubiertos en las revelaciones sobre los Panamá Papers. Según ella, el sinceramiento de algunos de los patrimonios escondidos mejoró la progresividad del sistema tributario.

La taimada propuesta de Uribe de otorgar un caritativo salario mínimo especial por decreto de Duque solito obstaculiza la política del Gobierno y cuestiona además al propio Carrasquilla. Busca también deslegitimar a las organizaciones sindicales que han jugado algún papel en la negociación anual del salario mínimo.

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com