Yo en verdad no tengo ni idea de cómo hacer crecer la economía colombiana. Pero algunos economistas piensan que pueden deducir fórmulas para incrementar la riqueza nacional.
En los años 70, Lauchlin Currie se ideó un sistema de crédito hipotecario basado en la captación de ahorro del público, que fue exitoso en desatar la construcción urbana y también revolcó el sistema bancario, profundizándolo. No obstante, cortó un proyecto anterior de desarrollo exportador que hubiera podido ser más profundo y generador de capacidades en la población.
En la coyuntura reciente, la excesiva dependencia en las exportaciones de petróleo y las oscilaciones de sus precios afectaron negativamente tanto a la industria como a la agricultura y la renta percibida por el Estado. Cuando ésta llegó a ser muy grande fue aprovechada para reducir impuestos y aumentar el endeudamiento público. Con su brusca reducción, no parece haber fuentes de crecimiento alterno para la economía del país.
El intento más reciente de entender el problema es el de Hernando José Gómez y Laura Higuera, de Fedesarrollo, que hacen una descomposición de los factores trabajo, tierra y capital, para establecer sus respectivas productividades y óptima combinación. Advierten que hacia futuro la población colombiana dejará de crecer y que habrá muchas más personas en la tercera edad imponiendo costos crecientes a sus familias. El meollo del problema lo encuentran en que la mayoría de la población está atrapada en un sector informal de baja productividad, lo cual es un serio impedimento para que la sociedad pueda aumentar su riqueza.
Una de las causas de la informalidad tiene que ver con la economía política que los autores no analizan directamente. Como los impuestos a la riqueza y a las rentas son tan bajos, gracias a la influencia que tienen los ricos sobre los legisladores, los impuestos y contribuciones a la seguridad social que se les cuelgan a las nóminas son abrumadores, de tal manera que la informalidad se torna estructural. El gobierno Santos bajó un poco las cargas parafiscales con un efecto marginal benéfico para el empleo formal.
Los autores mencionan que la tierra está monopolizada y que es sustraída de la producción, con lo cual se generan rentas. Vuelven a dejar de lado el poder de los terratenientes tradicionales y nuevos que aprovecharon el conflicto para acrecentar sus propiedades a costa de los más débiles. En ambos casos el sistema político garantiza que los más ricos no tributen, perpetuando la desigual distribución de la riqueza y cortando el acceso de los más productivos a la tierra.
El trabajo destaca que los bienes públicos no son provistos de acuerdo con las necesidades de la población ni del desarrollo económico. La cobertura de la educación ha aumentado, pero la calidad no es la mejor, lo cual afecta las capacidades de organizar mejor la producción y desatar la creatividad. Asimismo, la carencia de infraestructura encarece el transporte y la logística.
Gómez e Higuera tampoco dicen que detrás de todas las falencias está el sistema político clientelista que, sumado a la baja tributación, da lugar a un Estado débil e ineficiente, plagado de corrupción. La contratación pública favorece a los que financian las campañas, por lo cual los servicios no llegan, las obras públicas cuestan el doble de lo necesario, pero además no se terminan o se derrumban antes de utilizarlas.
Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com