El recrudecimiento del conflicto

La suspensión del cese unilateral del fuego por las Farc es una mala noticia para la economía colombiana y para las finanzas del Gobierno.

Los ataques a los pozos, camiones cisternas y oleoductos pueden reducir el volumen de crudo producido de la cima de más de un millón de barriles diarios que se obtuvo entre enero y mayo de 2015, mientras se mantuvo el desescalamiento del conflicto. Una coyuntura de precios bajos, agravado por las acciones destructivas de la guerrilla, son mala noticia par el país.

Como lo dijo el presidente de Ecopetrol, “la paz nos ayuda mucho a tener oleoductos que no sean sujeto de ataques como también a mantener la paz en zonas donde es más difícil trabajar. No hay que olvidar que Ecopetrol produce utilidades con las cuales se hacen escuelas, centros de salud, se paga la infraestructura. Los últimos atentados le han puesto estrés a toda la compañía”. Se afectan negativamente tanto las finanzas nacionales como las de todas las regiones que perciben regalías para apoyar sus presupuestos locales.

Algo similar, pero con mayor sufrimiento para la población afectada de Buenaventura y Tumaco, sucede con los impactos que tienen las voladuras de torres de energía que han devuelto a las regiones más pobres del país a la edad de piedra.

Los costos en vidas de soldados, guerrilleros y de la población civil a que lleva el recrudecimiento del conflicto son enormes. Nos hemos convertido en un país inmune al dolor de los demás, donde amplios sectores no sienten empatía alguna por las muertes y los sufrimientos de los campesinos y de las etnias que son los más afectados por el conflicto. En efecto, Nariño, Cauca y el Chocó, el Norte de Santander y las regiones de frontera son las más empobrecidas de Colombia y las que soportan el mayor horror del conflicto en términos de masacres, desplazamientos y expropiaciones de sus tierras y haberes.

Los más acervos críticos del proceso de paz parecen haber engrosado sus activos con el pillaje de tierras de los desplazados. Los paramilitares iban matando, mientras los empresarios y políticos los seguían comprando. Parece haber una relación entre los concentradores de la propiedad y la belicosidad que demuestran contra el proceso que requiere el país para comenzar a sanar las heridas inflingidas desde la guerra civil de 1948.

La guerrilla se ha degradado en medio del conflicto al exhibir una enorme dureza frente a sus víctimas y recurrir al secuestro y al narcotráfico para financiarse. Perdió así la estatura moral que pudieron mantener otros movimientos insurgentes en los conflictos de Suráfrica o El Salvador, lo que se expresa en el repudio de la opinión pública en contra de sus dirigentes.

No ayuda que el Gobierno se deje arrinconar por la procacidad del Centro Democrático que es el mayor negacionista del conflicto. Las políticas públicas están a cargo de la misma élite tradicional y predominan los delfinatos. El Ministerio de Agricultura está en manos de un representante de la aristocracia decadente del viejo Cauca, quien no está por adelantar la devolución de tierras arrebatadas durante el conflicto y menos modernizar el catastro o medio adelantar una reforma agraria.

El acuerdo sobre la Comisión de la Verdad ayuda a ponerle un horizonte de largo plazo a la negociación de La Habana. Lo malo es que sólo tendrá lugar acordado el fin del conflicto, algo que no está cercano.

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com