En la Plaza de Armas de Santiago, mujeres migrantes –principalmente venezolanas y colombianas– se ven forzadas a ejercer la prostitución debido a deudas ilegítimas por viajes, alojamiento y “cupos” impuestos por mafias, en un escenario que mezcla la pobreza, migración y trata de personas. A pesar de que el trabajo sexual es legal en Chile, su ilegalidad como empleo formal y la falta de protección gubernamental crean un vacío que facilita la explotación encubierta.
En el periodo entre 2011 y 2023, se registraron 405 víctimas de trata de personas en Chile, con un 60% de ellas siendo mujeres, según la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas (MITP). En el Ministerio Público, la proporción de mujeres víctimas asciende a un 70,1% en el mismo período. Las nacionalidades más afectadas corresponden a bolivianas, paraguayas, venezolanas y colombianas, que representan más del 60% de los casos formalizados.
En muchos casos, detrás de cada rostro hay una deuda, una historia de migración y, en muchos casos, una trampa.
"No es libertad, es deuda disfrazada".
Laura*, de 29 años, llegó a Chile desde Venezuela hace dos años. Dice que fue convencida por un conocido de su barrio en Maracaibo que le prometió trabajo como recepcionista en una peluquería en Santiago. Le ayudaron con el pasaje, el hospedaje por un mes y hasta ropa. Lo que nunca le dijeron fue que el supuesto trabajo venía con una deuda millonaria.
“Me dijeron que lo iba a pagar con trabajo, que no me preocupara. Pero cuando llegué acá, la peluquería no existía. Me dijeron que tenía que "ganarme" el hospedaje en la calle”. Hoy vive en una pieza compartida con otras tres mujeres y trabaja hasta las cuatro de la mañana para enviar dinero a su hijo que quedó con su madre en Venezuela. “Uno dice que lo hace por la familia, pero esto... esto es sobrevivir a la deuda”, agrega.
Según el Código Penal chileno, el comercio sexual es lícito mientras se trate de adultos que consientan libremente. Sin embargo, el problema no radica en la legalidad del trabajo sexual como tal, sino en las condiciones bajo las que muchas mujeres, en especial migrantes, son empujadas a ejercerlo. Las líneas entre el consentimiento y la coacción económica son tan finas como el maquillaje que oculta el cansancio en los rostros de estas mujeres.
Chile firmó en 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. La ley 20.507, promulgada en 2011, tipifica el delito de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, incluyendo la trata interna. Sin embargo, la aplicación y persecución de estos delitos enfrenta desafíos, especialmente cuando las víctimas temen denunciar por miedo o desconfianza hacia las autoridades.
Los denominados Nigth Club de Santiago Centro.
"Yo vine sola, pero igual me explotan".
Yessi*, de 32 años, es colombiana. Llegó por su cuenta a Chile en 2022. En su ciudad natal, Pereira, vendía productos por catálogo y trabajaba por días limpiando casas. La decisión de emigrar fue personal, motivada por la ilusión de poder ganar un poco más y mejorar su calidad de vida.
"No me trajo nadie, pero cuando llegué me di cuenta de que sin papeles no se consigue nada. La pensión donde vivo me cobra 150 mil pesos al mes por una cama y una cortina". "Cada día debo hacer al menos 3 o 4 servicios para cubrir eso y algo para enviar a Colombia. No tengo jefe, pero igual siento que no tengo salida".
En Chile no se penaliza la prostitución entre adultos si es consentida y no hay trata de personas de por medio. Pero, ¿qué pasa cuando el consentimiento está condicionado por la pobreza, la migración forzada o las deudas impuestas? ¿Puede una mujer realmente decidir si su única alternativa es el trabajo sexual?
El comercio sexual en Chile se encuentra en un limbo: es legal, pero no reconocido como trabajo formal, lo que impide acceder a derechos laborales básicos. La regulación sanitaria vigente desde 2007 eliminó la facultad de Carabineros de forzar controles médicos, buscando un enfoque más respetuoso de los derechos individuales, pero no aborda la precariedad laboral ni la explotación encubierta.
La falta de políticas públicas efectivas y la informalidad laboral crean un caldo de cultivo para mafias que imponen “deudas” por pasajes, alojamiento y “cupos” en pensiones precarias, atrapando a las mujeres por meses o años en un sistema de esclavitud moderna. Desde 2013 a 2023, el Protocolo Intersectorial de Atención a Víctimas de Trata de Personas ha atendido mayoritariamente a personas venezolanas (25%), bolivianas (22,4%) y colombianas (12,6%), mientras que las víctimas chilenas representan solo un 5%, evidenciando el impacto desproporcionado en migrantes.
Además, la trata afecta también a niños, niñas y adolescentes. Entre 2022 y el primer semestre de 2024, se identificaron 17 víctimas menores de edad, con un aumento sostenido de casos relacionados con crimen organizado, tráfico y explotación sexual. Expertos y organismos oficiales coinciden en que la deuda es un mecanismo coercitivo que limita la libertad real de estas mujeres, atrapándolas en un ciclo de explotación que se oculta bajo el manto de la migración y la informalidad laboral.
Así, noche tras noche, mujeres como Laura y Yessi siguen ocupando las esquinas frías de Santiago, donde el comercio sexual se confunde con la desesperación, y donde la libertad muchas veces se escribe con la letra pequeña de una deuda.
*Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las fuentes.