“No hay ningún tipo de justificación para que a pesar de los avances que ha tenido el país en los últimos años, los niños se sigan muriendo de hambre", así lo afirma el profesor Ernesto Durán, director del Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional, quien ha estudiado por años los planteamientos del Código de Infancia y Adolescencia que cumplió doce años de existencia.
Desde el inicio de la implementación del código se han reforzado considerablemente las estructuras institucionales enfocadas en la protección de los menores de 18 años, con la puesta en funcionamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia, encargados de atender integralmente las situaciones que requieren de acciones inmediatas. La creación de las Comisarías de Familia, entidades administrativas cuya misión es prevenir la vulneración de los derechos de los niños o repararlos en los casos que lo requieren (aunque curiosamente aún en la práctica no se considera totalmente a los niños como sujetos que poseen derechos), en Bogotá actualmente existen 36 oficinas. En este marco también nace la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Fiscalía General de la Nación, encargada de conocer los procesos penales de menores de edad que cometen delitos, y, finalmente, se dio un importante aumento al presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de manera que su cobertura pudiera ampliarse y su función protectora a la infancia sea mucho más eficaz.
En el antiguo Código del Menor creado en 1989 no existían instituciones especializadas para tratar los casos que pudieran presentarse en temas principalmente de violencia, desnutrición y educación, “los niños eran vistos como adultos en miniatura los cuales tenían que cumplir con las órdenes de los adultos, esta concepción fue cambiando hasta finales del siglo XlX, ya que el Estado, la familia, las ciencias sociales empezaron a tener en cuenta al niño”, según el Rastreo de Investigaciones en Infancia en los últimos 10 años realizado bajo la tutoría de la profesora Alba Lucy Guerrero en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Sin embargo, a pesar de que en la actualidad podemos ver un panorama mucho más esperanzador que hace 38 años, la ley 1098 de 2006 que dio vida al Código de Infancia y Adolescencia en el año 2007 camina coja, pues gran parte de los artículos que contempla no han sido regulados, es decir, no existen aún mecanismos que logren que pase del papel a la realidad.
En países como Chile, con un presupuesto interno mucho menor al colombiano, se han logrado políticas que permitieron terminar con la desnutrición en pocos años. En el caso de Colombia el presupuesto del Estado para lograr la eficacia del código ha aumentado considerablemente, pues solo en Bogotá en el 2017 el ICBF tuvo un presupuesto en pesos colombianos de $42.431.767.451. En el libro “Políticas de infancia y adolescencia ¿Camino a la equidad?” realizado por el profesor Durán en conjunto con varios expertos en infancia, se cuestiona el impacto que en realidad tienen los planteamientos del código sobre las poblaciones de bajos recursos, pues, la calidad del desarrollo de un niño y sus oportunidades casi siempre van de la mano con la capacidad económica de su familia.
Aunque la ley actual tiene la capacidad de mitigar el impacto de esta desigualdad, pareciera que no hay un interés real de las instituciones por llevar este planteamiento a la práctica, pues solo en temas de desnutrición las políticas gubernamentales actuales terminan limitándose a la entrega de suplementos nutricionales en las instituciones educativas, sin tener en cuenta la necesidad de este factor durante la totalidad de la vida del niño, pareciera que la responsabilidad del Estado termina cuando el menor no está sumergido en las actividades académicas y vuelve a carecer de una dieta suficiente para su desarrollo integral, adicional a esto, la población mayor a 5 años en el país cuenta con un promedio de escasos 8,2 años de educación en las áreas urbanas.
Si bien en apariencia los recursos aumentaron y la ley obliga a que todos los departamentos y municipios en el territorio nacional tengan políticas públicas dirigidas al tema de infancia, la corrupción ha hecho su labor, impidiendo que el dinero destinado a solucionar gran parte de los conflictos existentes lleguen a la población que lo necesita, pues parte de los puestos en las instituciones encargadas de temas de niñez, son asignados de manera clientelista, es decir, los funcionarios se posicionan como pago de favores políticos o lo que llamamos en Colombia a través de la "rosca", lo que se traduce en que en muchos casos no existe un interés genuino para proponer soluciones efectivas para menguar esta situación, que, anualmente, cobra la vida de unos 15.000 niños en el país solo por desnutrición. Y si este panorama no resulta lo suficientemente preocupante, basta con saber que Colombia ocupar el penoso tercer lugar entre los países en los que más se asesinan niños en el mundo según la ONG Save the Children.
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Este texto hace parte del especial "Bogotá, de espaldas a la niñez", producido por el CrossmediaLab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que busca sumergir al lector en una realidad en la que el Estado colombiano se ha quedado sin manos para cumplirle a quienes considera su presente y su futuro.
Este texto hace parte del especial "Bogotá, de espaldas a la niñez", producido por el CrossmediaLab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que busca sumergir al lector en una realidad en la que el Estado colombiano se ha quedado sin manos para cumplirle a quienes considera su presente y su futuro.