La comunicación compromete aspectos como la paz, la educación y la equidad. También tiene que ver con la recreación y la manera como una sociedad amplía o recorta su tejido social. Dimensiones y aspectos que no se pueden dejar en manos de unos gobiernos transitorios, ni mucho menos en manos exclusivas del mercado.
Todas las realidades tienen ciertas características socioeconómicas, políticas y culturales que se dan, en mayor o menor medida, en todas las regiones de Colombia exceptuando, quizás, las grandes ciudades capitales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. De manera que el impacto de una persona que quiera ejercer su profesión desde el cambio social, en cuanto al desarrollo social y humano en el país (por mencionar uno de los aspectos medulares de la posible crisis del post cuerdo) considerará como insumo para entender y transformar su entorno, la situación de pobreza de, al menos, el 60% de la población colombiana. Entendida la pobreza, no como problema de cantidad, sino de garantías para el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos, tal y como se entiende en las diferencias entre el desarrollo social y el desarrollo humano.
Política y administrativamente la Región Caribe, por ejemplo, está conformada por ocho departamentos, 182 municipios, 1.093 corregimientos y 493 caseríos. Vale la pena tener en cuenta que la Constitución de 1991 estableció nuevos lineamientos para ordenar las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Uno de los aspectos definidos en ella, en lo concerniente a la descentralización y la regionalización, es que concibe como estrategias para disminuir las desigualdades económicas, a los entes territoriales en pro de un desarrollo equilibrado. En Colombia paralelamente al hecho constitucional, se inicia en la década de los noventa, el proceso de la globalización de la economía, el cual privilegia las fuerzas del mercado. Se trata de un enfoque de desarrollo con éxito relativo en nuestro país, dependiendo de la región que se esté tratando. Para pensar el fenómeno en la costa Caribe, por ejemplo, hay que tener en cuenta a la corrupción y la instalación de la violencia, en virtud del conflicto armado. Elementos que han sumergido al país y, en especial a la región, en la peor crisis de su historia, hasta el punto que hoy Colombia es considerada en América el de mayor desigualdad en la distribución de su ingreso. De manera que el impacto de un comunicador supone referirse a un terreno lleno de tensiones.
La principal de todas es la exclusión - inclusión, es decir, una tensión que centraliza la asimetría económica, política, cultural, social, ambiental, de género, etc. Una asimetría donde muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Es así como, ante el interesante panorama mundial que nos aborda, un profesional de este tipo propone referentes que contribuyan a ordenar el debate sobre el desarrollo en territorios de ciertas características, como son las distintas regiones y sub-regiones de Colombia. Las consideraciones anteriores, fungen como un marco de elementos contextuales que justifica la aparición capacitada y profesional de un grupo de jóvenes que pretendan postularse como facilitadores de la construcción de lo público en relación con lo que significa el desarrollo humano y el desarrollo social.
El objeto de estudio en comunicación para el desarrollo, unas de las áreas en donde se pueden especializar los comunicadores sociales, consiste en comprender las acciones y estrategias de comunicación en los diversos planes y proyectos, tales como ciencia y tecnología, salud, educación, medio ambiente, procesos de paz y gestión cultural, entre otros. De acuerdo con el documento La Comunicación en contextos de desarrollo, de José Miguel Pereira y otros, los comunicadores para el desarrollo se enfrentan a “la necesidad de promover, facilitar y animar el fortalecimiento de la capacidad expresiva, comunicativa y lúdica de los habitantes, los lazos, los intercambios, las redes sociales cotidianas y los lazos entre las organizaciones y los movimientos sociales, que son la base para el fortalecimiento de la esfera pública y del tejido social y su conjunto. Esto implica, además, traducir a la realidad derechos consagrados de la Constitución Política Nacional, tales como el derecho a la información y expresión pública, la libertad de prensa, el pluralismo y la independencia de los medios masivos de comunicación“.
Para José Miguel Pereira, es preciso “comprender que en las actuales circunstancias que vive un país como Colombia, la comunicación para el desarrollo compromete aspectos como la paz, la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, los ingresos, el medioambiente, la justicia social, la equidad, la producción; pero también, tiene que ver con la recreación, el ocio, la creación, producción simbólico – cultural y la manera como una sociedad amplía o recorta su tejido social, sus espacios públicos de intercambio, gozo, fiesta y juego. Y estas dimensiones y aspectos constitutivos de la experiencia humana, no se pueden dejar en manos de unos gobiernos y administraciones transitorias, ni mucho menos en las manos exclusivas del mercado y de las industrias culturales en general“.
Es claro, los problemas de concentración económica y política –cada día más creciente- de los medios de comunicación, el acceso, la producción simbólica y cultural, los desequilibrios nacionales y regionales en la producción y al acceso a la información y al conocimiento, la estandarización de los contenidos, las discusiones sobre reglamentaciones y políticas públicas de comunicación, son cuestiones que competen a todos los ciudadanos y a la sociedad civil en su conjunto. Necesitamos, sostiene Jesús Martín Barbero en su artículo Identidad, Comunicación y Modernidad en América Latina: “Una política democrática que busque contrarrestar esa tendencia, no como medidas que marginen a la colectivad del contacto con las nuevas tecnologías, sino aquella que sostenga y apoye toda actividad y práctica cultural que fortalezca el tejido social, aquella que estimule las formas de encuentro y reconocimiento comunitario, no tanto para rememorar los hechos de un pasado funcionalizado políticamente, sino para posibilitar experiencias colectivas que contrarresten la atomización urbana y el repliege hacia una privacidad narcicista“.
El aspecto medular del objeto de estudio de alguien que quiera hacer su aporte desde la comunicación, está en la toma de desiciones que afectan los distintos ámbitos de la vida cotidiana de las personas. Estas desiciones son de carácter político, lo que implica rescatar la puesta en práctica de las leyes, por parte de las personas que se ven afectadas por las determinaciones dadas en las instancias públicas. Desde la perspectiva de la comunicación, tomar desiciones en un conglomerado territorial implica fortalecer un sentido de la justicia con respecto a la destinación y la co-gestión de los recursos para un propósito dado. Al respecto, el investigador Jair Vega, en su artículo Comunicación, Políticas Públicas y Planeación del Desarrollo, considera que “es en esta perspectiva del fortalecimiento y consolidación de la participación, donde aparece con mayor importancia el rol de la comunicación. Entendida no solamente como el proceso de generación o intercambio de información entre gobernantes y gobernados, sino como un proceso de construcción colectiva de sentidos y significaciones en relación con varios aspectos: el futuro, las limitaciones y potencialidades para construirlo, las políticas necesarias para orientar la acción, las acciones específicas a desarrollar por parte de los diferentes actores clave, la forma y el sentido de la evaluación y sobre el rol que cada uno de los actores debe jugar. Para que la participación sea posible, se requiere entonces generar escenarios, procesos y capacidades de comunicación adecuados. Cuando hablamos de escenarios y procesos hacemos referencia a la necesidad de repensar los previstos en las dinámicas de planeación y crear otros desde la perspectiva comunicacional, que garanticen efectivamente, la visibilidad de los intereses de diversos actores y las condiciones más equitativas posibles, para que todos puedan incidir en las decisiones“.
Para ello es importante la generación de capacidades comunicacionales en los diversos actores, de manera que se puedan superar las asimetrías descritas anteriormente por el profesor Vega. Estas capacidades comunicacionales estarían orientadas a los diferentes niveles de participación y podrían ser, entre otras: capacidades para el acceso, uso, producción y socialización de información; capacidades para la elaboración de un punto de vista propio con suficiente solidez para aportar cuando se es consultado; capacidades para la argumentación y des-argumentación en los procesos de deliberación; capacidades para la construcción de consensos, y capacidades para asumir compromisos y realizar seguimiento a los mismos en un nivel de co-responsabilidad.
“Estas capacidades comunicacionales posibilitarían entonces, no sólo la generación de herramientas para que los diferentes actores construyan sus propias apuestas, sino la capacidad de concertar con otros sueños colectivos de sociedad, las políticas y acciones que les permitan avanzar y los compromisos que posibiliten el seguimiento y evaluación de los avances. Es este uno de los campos en el cual es evidente la contribución de la comunicación para el cambio social“, sostiene el texto.
La pertinencia está explicada entonces. Se trata de estar preparados para una verdadera mediación de los procesos que facilitan la participación ciudadana en asuntos relacionados con el desarrollo humano, social y económico; lo que implica la construcción del espacio público, lo que justifica la necesidad de ser más visibles una vez se firme y se aprueben los acuerdos de La Habana.