La decisión del alcalde mayor Carlos Fernando Galán de solicitar la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales abrió un debate en las Juntas Administradoras Locales (JAL). Ediles de Suba, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria compartieron sus posturas: mientras unos la califican como un acto político que genera incertidumbre en la comunidad, otros consideran que la medida solo tendría sentido en localidades con gestiones cuestionadas.
La medida que sacudió a las localidades
El 28 de agosto de 2025, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes y alcaldesas locales de Bogotá como parte de lo que llamó una "estrategia de control y seguimiento".
La decisión se conoció a solo una semana de que la Contraloría Distrital revelara hallazgos de presuntas irregularidades en contrataciones locales y mientras la Procuraduría adelantaba una indagación preliminar al propio Galán por supuestas omisiones en la designación del alcalde de Usme.
En ese contexto, los ediles -actores políticos de base que ejercen control sobre la gestión local- reaccionaron desde sus territorios. Suba, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria, cinco localidades representativas por su diversidad social y política, ofrecen un panorama del impacto y las interpretaciones de esta decisión.
Suba: “Una decisión política, pero necesaria en algunos casos”
Para Javier Sosa, edil de Suba, la medida de Galán responde más a cálculos políticos que a un balance real de las gestiones locales. Reconoce que en Suba la Alcaldía Local ha mostrado avances en proyectos como la Casa de la Cultura y en iniciativas de inclusión, aunque también critica la lentitud en la ejecución presupuestal, que el año anterior ocupó uno de los últimos lugares de la ciudad.
“Cuando un alcalde mayor pide la renuncia a quienes administran recursos en toda Bogotá, la pregunta es si realmente las cosas están funcionando. Yo creo que fue más una decisión política por irregularidades en otras localidades como Chapinero. Allí hubo denuncias por contrataciones irregulares y sobrecostos, lo que terminó arrastrando a todos los demás”, afirmó Sosa.
En su opinión, aunque la medida genera incertidumbre en la comunidad, no altera de inmediato los proyectos en marcha porque los contratos ya están firmados. “El golpe es más de percepción. La comunidad llevaba un año y medio con un alcalde y cambiarlo ahora rompe esa cercanía. Sin embargo, los procesos continúan, el plan de desarrollo no cambia”, concluyó.
Javier Alejandro Losada Porras es edil por el Centro Democrático en la localidad de Suba.
Foto de Valery Reyes.
Rafael Uribe Uribe: “Un mal mensaje, más político que administrativo”
Desde Rafael Uribe Uribe, el edil Fausto Andrés Yate es enfático: la medida no busca mejorar la gestión, sino presionar políticamente a ciertos sectores del Concejo. “Es un mal mensaje porque se está alterando el orden de las alcaldías locales por compromisos políticos y no en beneficio de la comunidad”.
Yate advierte que en su localidad los problemas urgentes no se resuelven con la salida de un alcalde, sino con inversión efectiva en riesgos como los de remoción en masa, donde hay más de 50 puntos críticos sin atender. Para él, la decisión del alcalde mayor no toca el fondo de las dificultades: “Me preocupa que solo se actúe cuando ocurra un desastre natural. Cambiar alcaldes no resuelve la falta de recursos ni de planeación”.
Su crítica refleja una visión extendida en sectores que ven la medida como una maniobra de poder más que como una estrategia de eficiencia administrativa.
Santa Fe: “Se retrasan los proyectos en curso”
La edilesa Ana Sabogal, de Santa Fe, considera injusto que la medida afecte a localidades donde los alcaldes apenas empiezan su gestión. Su caso es particular: el actual alcalde, Diego Alejandro López, solo lleva cuatro meses en el cargo, luego de que la localidad estuviera casi tres años con un mandatario encargado.
“Es injusto, sobre todo en localidades como Santa Fe donde el alcalde es nuevo y no ha tenido tiempo de mostrar resultados. Cambiarlo ahora retrasaría los programas y proyectos en curso. Estamos en cierre de año fiscal y un relevo podría dejar recursos sin ejecutar”, explicó Sabogal.
La edilesa recuerda además que los alcaldes locales son elegidos mediante un proceso meritocrático, con ternas enviadas por las JAL. En su criterio, si el alcalde mayor quisiera reemplazarlos, tendría que repetirse el proceso de selección para no vulnerar la autonomía de las localidades.
Ana Sabogal es edilesa de la localidad de Santa Fe.
Foto de Juan Heredia.
Puente Aranda: “Un acto politiquero que desconoce el buen desempeño”
En Puente Aranda, el edil Cirano Augusto Cardona defiende con firmeza la gestión de su alcalde local, Víctor Alfonso Cruz. A su juicio, la solicitud de renuncia generalizada carece de fundamento y desconoce los logros alcanzados.
“El alcalde Cruz ha sido eficiente y cercano a la comunidad. Ha cumplido con los proyectos aprobados y en ejecución presupuestal estamos en el cuarto lugar de toda la ciudad. No tiene sentido que por errores en otras localidades se meta a todos en el mismo costal. Es un acto politiquero del alcalde mayor”, afirmó Cardona.
El edil destaca especialmente programas deportivos como Puente Aranda Activa y la formación de más de 1.600 personas en escuelas deportivas. Para él, la continuidad de este tipo de iniciativas podría estar en riesgo si se da un relevo abrupto.
La Candelaria: “Un relevo afectaría el progreso de la localidad”
En el centro histórico, el edil Leonardo Fabio Soto respalda la gestión de la alcaldesa Angélica María Angarita y advierte que un cambio en este momento sería perjudicial.
“La alcaldesa ha demostrado un trabajo íntegro y compromiso con la comunidad. Ha cumplido con el plan de desarrollo y tiene disposición al diálogo. Si se acepta su renuncia, un nuevo alcalde tendría que empezar de cero y eso retrasaría significativamente la ejecución de programas”, señaló.
Aunque reconoce que La Candelaria ha tenido una baja ejecución presupuestal hasta mediados de agosto, Soto explica que esto se debe a que buena parte de los recursos corresponden a presupuestos participativos, cuyo proceso es más lento. “No es un argumento válido para cuestionar la gestión”, insistió.
Leonardo Fabio Soto es edil en la localidad de La Candelaria.
Foto de Melanie Guzmán.
Un debate abierto entre política y gestión
La decisión del alcalde Galán, enmarcada en un momento de creciente escrutinio de la Contraloría y la Procuraduría, no solo prueba su liderazgo frente a los alcaldes locales, sino que también pone a prueba la estabilidad de los proyectos en curso en las 20 localidades. Para Suba, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria, la incertidumbre ya es evidente.
Lo que ocurra en los próximos meses mostrará si esta estrategia fortalece la gobernabilidad o si, por el contrario, se convierte en un factor de parálisis administrativa y desgaste político.