La Comisión de la Verdad optó por un enfoque diferencial evidenciado en el Informe para con las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ víctimas del paramilitarismo, guerrillas y fuerzas armadas en el marco del conflicto armado.
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La comunidad LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer, asexual, demisexual, pansexual, entre otros) no ha sido ajena al conflicto armado en Colombia y esto se evidencia gracias al Informe Final de la Comisión de la Verdad, donde por medio de testimonios podemos entender como esta comunidad sufrió crimenes que antentaron contra sus Derechos Humanos (DDHH).
Entre las razones de estas condiciones se encuentra la carencia hasta la década de 1990 de la perspectiva de género en los estudios sobre conflictos y paz, de igual manera, la poca participación y divulgación de la condición de las víctimas LGBTIQ+ en el conflicto armado colombiano por parte del Estado.
Colombia históricamente ha priorizado una ideología indiferente respecto a la comunidad LGTBIQ+, siendo esto más evidente en territorios rurales alejados de las grandes urbes. Un ejemplo claro de esto, es que hasta el año 1980 se dejó de penalizar la homosexualidad en Colombia, donde se habia establecido una heteronormatividad y señalando de forma despectiva a todo lo que este en contra de esa ideologia.
En consecuencia de esto, grupos paramilitares al margen de la ley aprovecharon esta ideología y prejuicios para ganarse la confianza de la población civil, atentando contra los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ para imponer un supuesto orden heterosexual y cisnormativo, lo que les representaba mayor legitimidad en lugares donde la fuerza publica no llegaba.
La Comisión de la Verdad hizo un gran tarea de investigación para dar con voces y testimonios de vida que nos dan aún más claridad de la gravedad del conflicto armado, más específicamente contra la comunidad LGBTIQ+. Es importante reconocer los crímenes y delitos para así cumplir con el objetivo de perdón, reconciliación y no repetición.
En el Informe Final, se destacan testimonios de jóvenes provenientes de municipios muy apartados y olvidados del territorio nacional, que a pesar de las dificultades, están llenos de sueños y pasiones que el conflicto armado no pudo opacar. Un ejemplo claro de esto es Lizardo, integrante de la comunidad indigena Zenú que sueña con ser bailarín, desde niño cultivó la idea de pertenecer a un grupo importante de danza, como los que se presentaban en su natal Colosó en el departamento de Sucre. El 21 de enero de 2001, guerrilleros del frente 35 y 37 de las FARC-EP intentaron quitarle la vida con un disparo en el rostro simplemente por ser homosexual. Lizardo logra sobrevivir y contar su historia, pero con un rostro desfigurado por consecuencia de la violencia.
«En esa época no llegó la suerte, sino la muerte. Siete hombres fuertemente armados interrumpieron la tranquilidad de mi hogar y se hicieron pasar como integrantes del Ejército, aunque sabíamos que Sucre no tenía Ejército, porque acá lo que había era Armada. Tocaron la puerta y pidieron un balde con agua. Mi papá me mandó a abrir. Yo salí y los manes me encañonaron, me dispararon en varias ocasiones. De eso tengo secuelas. Perdí una parte de mi dentadura. Me hicieron cirugía reconstructiva maxilofacial. Pasé mucho tiempo desangrándome y aguantando, porque en ese tiempo no había médicos aquí y tampoco se podía salir, porque era zona roja».
En ese momento Lizardo, que tenía tan solo 14 años, estuvo a punto de morir por la gran dificultad de atención médica en su municipio, donde no había algún cirujano que lo pudiera atender de urgencia. Pero más allá de las consecuencias físicas, cuenta Lizardo, que las afectaciones espirituales y emocionales son aún más dolorosas para él. Lizardo aún recuerda lo que le decía su padre en relación a su sexualidad y como el hecho de pertenecer a la comunidad LGTBIQ+ lo sentenciaba a la muerte, dejandole en claro desde muy temprana edad que ser “marica” no era una opcion, era algo penalizado con la muerte por parte de las guerrillas.
«Si te gustaban los hombres, tenías que vestirte como hombre, no como mujer, porque eso no era bien visto en la sociedad. Una de esas personas que se vestía así, de mujer, se fue desplazada de Colosó; la desterraron porque eso no era permitido, o sea, hubo violencia psicológica».
Es preciso visibilizar las fallas institucionales que no plantean un enfoque diferencial LGBTIQ+ como el de la Ley de víctimas, ya que no implementan una sección especial para tratar la perspectiva de género en el conflicto, que acepte y promueva el respeto de la diversidad en la población y que a su vez, busque reducir los niveles de exclusión. Estas alternativas deben contribuir a la reconstrucción de sus proyectos de vida, ya que la reparación simbólica no solo es con los actores armados sino con toda la sociedad, pues esta población merece participar en la vida pública y en las mismas condiciones sociales que los demás ciudadanos.
Partiendo de la iniciativa de protección a las víctimas de la Ley 1448 del 2011, la cual contiene tres artículos (Art. 3, Art. 6 y Art. 13) que hacen énfasis en la orientación sexual como parte del enfoque diferencial, no reconoce de manera adecuada la existencia de una identidad de género distinta a la del sexo biológico. Este tipo de estrategias tienen el efecto contrario al del reconocimiento de la diversidad, pues es una injusticia que oculta a una parte importante de las víctimas y que provoca la aceptación de una realidad de violencia en ellas, y así mismo, la renuncia a sus derechos como seres humanos.
La Verdad es Arcoiris
Así se titula el subcapítulo del sexto capítulo del Informe Final de la Comisión de la Verdad, titulado “Mi Cuerpo es la Verdad; Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado” en el que a simple lectura identifica que existen víctimas a parte de las mujeres en el conflicto. El subcapítulo cuenta con más de 150 páginas enfocadas a la comunidad en el cual se desarrollan diferentes temas que permiten entender a fondo las causas y consecuencias de la violencia perpetuada.
La comunidad LGBTIQ+ representa fuerza, historia y resiliencia; eso es lo que demuestra La Verdad es Arcoiris. Podemos encontrar un pequeño contexto histórico que logra ubicarnos geográficamente en una Colombia patriarcal y heteronormativa, analizando antecedentes del conflicto desde el año 1958, por consiguiente una mirada general a las violencias ejercidas por los diferentes responsables y centralizadas en situaciones importantes a lo largo del conflicto, el informe final destaca estas categorías:
● Violencias contra personas LGBTIQ+ por parte de paramilitares y la Policia Nacional en los Montes de María entre 2000 y 2008
● Violencias contra personas LGBTIQ+ por parte de las FARC-EP y los paramilitares en el Urabá antioqueño entre 1989 y 2013
● Violencias contra mujeres lesbianas en Arauca por parte de las FARC-EP entre 2004 y 2016
● Violencia contra mujeres trans por parte de la Policía Nacional en Cali durante las décadas de 1980 y 1990
● Violencia contra personas negras y afrodescendientes LGBTIQ+ por parte de grupos paramilitares post desmovilización entre 2008 y 2016 en Tumaco
● Violencias contra personas LGBTIQ+ en Caquetá por parte de las FARC-EP y los grupos paramilitares entre 1996 y 2008
También se enfocan en el porqué se dió esta persecución a la comunidad y que impactos hubo en ellos, diferenciando igualmente cada organización (FARC-EP, paramilitares, o fuerza pública) por medio de patrones y factores explicativos en donde se evidencian los psicosociales, físico sexuales, salud y la autonomía sexual y reproductiva, socioeconómicos, comunitarios y sociopoliticos y el que enmarca en si el enfoque diferencial “Impactos diferenciados”.
Como se dijo anteriormente, no solo los grupos al margen de la ley son responsables de los abusos y los crímenes contra la comunidad LGBTIQ+, sino también el estado por medio de las fuerzas militares. Un testimonio de falsos positivos es Rafaela, mujer trans que en noviembre del año 2000 fue privada de la libertad al ser señalada de guerrillera y terrorista por parte del estado colombiano. Más específicamente se afirmó que Rafaela en verdad era alias Karina y mientras estaba en la tranquilidad de su casa, varios militares se la llevaron directamente a la cárcel, siendo condenada a sesenta años de prisión por delitos que nunca cometió.
«Supuestamente, para ellos, yo era Karina, la comandante del Bloque 34 de las FARC, que mató a dos policías y diecisiete soldados y derribó un helicóptero. Me iban a meter sesenta años en la cárcel... Por qué, si ellos sabían cómo era Karina –mujer afro, y yo, trans blanca– por qué me señalaron como si fuera ella... por qué tuve que pasar quince meses en una cárcel viviendo una cantidad de atrocidades y luego conformarme con: “Ay no, es que usted no es; usted es inocente”. En el momento de la detención me hicieron toda clase de exámenes, que si yo había manejado armas, que si le había disparado a alguien, y yo dije que no. Es que con el solo hecho del género se iban a dar cuenta de que yo no era».
Estas víctimas de falsos positivos fueron capturadas con la afirmación de que al ser miembros de minorías, nadie iba a buscarlas y los responsables de estas detenciones ilegales jamás serían descubiertos. Estas minorías podían ser de comunidades indígenas, afro o como en este caso de la comunidad LGBTIQ+. A pesar de que la inocencia de Rafaela se comprobó y quedó en libertad, jamás se hubiera imaginado que ese mes de noviembre un helicóptero la llevaría a la hasta la cárcel de Bellavista, en Medellín, y mucho menos que la señalaron de ser la reconocida comandante Elda Neyis Mosquera García, alias Karina.
Al final en las recomendaciones la Comisión hace un llamado a un cambio y transformación indispensable aplicando los enfoques diferenciales ya nombrados con perspectivas de género y antirracistas, enfatizando los diferentes métodos de opresión que violentan la vida normal de la comunidad LGBTIQ+, con acompañamiento del estado colombiano a corto, mediano y largo plazo. Radican que solo con el reconocimiento y la aplicación de esto junto con la recopilación de las voces de las víctimas presentadas en el informe y las que faltan se materialice la construcción del cambio deseado garantizando la no repetición y la reparación simbólica de los mismos.
Así mismo, la Comisión recalca que para hacer cumplir esas recomendaciones es preciso que la comunidad LGBTIQ+ haga parte de «los espacios de toma de decisiones, elaboración de diagnósticos e implementación de las medidas, mediante su vinculación social, política y laboral con los entes descritos, y que las diferentes entidades públicas garanticen su participación activa y permanente». Es decir que al poner en práctica estas acciones transformadoras se creará un espacio que posibilite borrar las causales que encadenaron esas violencias contra la comunidad y por otro lado, que las personas LGBTIQ+ distingan y reconozcan el papel significativo que tienen en la construcción de una sociedad encaminada a la paz, el perdón y la reconciliación.