Desde que se encendió una nueva guerra en los municipios de San José de Uré, Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano, el ejercicio de la administración pública se ha vuelto un trabajo de alto riesgo que debe hacerse a distancia. Alcaldes y secretarios de gobierno desempeñan sus funciones bajo amenazas de muerte. La violencia podría estar asociada al interés electoral de varios grupos ilegales.
Rafael Martínez Ricardo debió abandonar su despacho de secretario de gobierno en Puerto Libertador, sur de Córdoba, y huir escoltado por la policía en la noche del 16 de enero de 2019. Martínez había capoteado los nervios de las horas previas, pero tras la caída del sol cundió un rumor que él y sus allegados dieron por cierto: hombres armados le estaban siguiendo los pasos y en cualquier momento podían aparecérsele en su casa o en la oficina.
La situación comenzó una semana antes, en medio de un consejo de seguridad que el gobierno adelantó para evaluar la gravedad de la violencia en ese municipio, y el nivel de riesgo para líderes comunitarios y funcionarios públicos. Allí, un habitante del pueblo denunció que un integrante del Clan del Golfo estaba acechándolo para matarlo. Dos días después, la policía arrestó al señalado.
En la mañana del 16, Martínez se enteró de que en un grupo de WhatsApp conformado por habitantes del vecino municipio de Montelíbano circulaba un mensaje que describía aquella captura y afirmaba que el secretario de gobierno de Puerto Libertador había suministrado la información para facilitar el operativo.
“¿De dónde salió esa versión?”, se preguntó Martínez muy preocupado, “¿quiénes son las personas de ese grupo y por qué tienen ese mensaje?”. Así que en la noche, cuando se enteró de los hombres armados que lo estaban buscando, optó por no darles oportunidad.
Desde ese instante, Martínez se vio obligado a atender sus labores de gobierno a cuatro horas de distancia, en la ciudad de Montería, y procuraba ir a Puerto Libertador una vez por semana. Pero siempre que pisaba su despacho, los bandidos le escurrían un panfleto amenazante por debajo de la puerta, o lo ponían en la farmacia contigua o lo dejaban en la casa del vecino. Los términos de los mensajes eran agobiantes: “…tenemos estrictas órdenes de qué hacer contigo y con tu casa”. Le advertían que lo estaban siguiendo, le mencionaban sitios por los que él pasaba y que las personas que lo atendían iban a “resultar víctimas de este hijueputa”.
Una noche, su conductor le devolvió las llaves del carro. Martínez quedó sorprendido porque llevaba años trabajando con él. “Me acaba de parar un tipo ahí y me dijo que si yo quería seguir viviendo no siguiera con usted”, explicó el conductor. “Entonces, vengo a entregarle el carro y le recomiendo que se vaya de aquí”.
Ana Carolina Sánchez, defensora del pueblo regional. (Foto: Bünker)
Era la misma sugerencia que recibía de otras personas: que renunciara al cargo, que se fuera de la región, que no se siguiera exponiendo. Ya su jefe, Espedito Duque Cuadrado, el alcalde de Puerto Libertador, le había dicho que no fuera a renunciar porque en este caso el ataque no era contra Rafael Martínez Ricardo como individuo, sino contra el secretario de gobierno, es decir, contra la institucionalidad, así que el Estado debía protegerlo.
Esa noche, Martínez caviló la decisión en silencio. Tenía 52 años, estaba casado y era padre de dos hijos. Creyente, le pidió a Dios que le mostrara el miedo si debía sentirlo como mecanismo de defensa para renunciar e irse, o que no lo hiciera si él debía resistir en su cargo. A la mañana siguiente se dijo: “No le he hecho daño a nadie y mi pecado no puede ser el de ejercer mi trabajo con responsabilidad”. Lleno de una fortaleza interna que no había sentido antes, se afirmó: “Me quedo, no renuncio”. Y con su jefe acordó que iba dejar el pueblo y a atender sus funciones desde Montería; solo iba a regresar a Puerto Libertador el día en que el Estado le diera protección. “Así será”, le dijo el alcalde, “y no voy a nombrar a nadie en tu reemplazo”.
Era la segunda semana de febrero de 2019.
Puerto Libertador es un municipio de 52 mil habitantes situado en el sur del departamento de Córdoba. El 80 por ciento de su población está declarada como víctima del conflicto armado y tiene veredas cocaleras en las estribaciones del Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo.
Luego de un periodo corto de calma, posterior a los Acuerdos de Paz entre las Farc y el gobierno nacional en noviembre de 2016, los municipios del sur de Córdoba volvieron a la zozobra de la guerra un año más tarde, después de que aparecieran las iniciales BVPA pintadas con aerosol en las paredes de casas y comercios en San José de Uré. Era el saludo atemorizante de una estructura armada que se hace llamar Bloque Virgilio Peralta Arenas.
En adelante, en este municipio y en otros tres del sur de Córboba —Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano— empezaron a matar líderes comunitarios, estallaron combates en la parte alta de las montañas, ocurrieron desplazamientos masivos de familias campesinas, homicidios selectivos en las calles y, por último, abundaron amenazas contra alcaldes, secretarios de gobierno y funcionarios.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha explicado en tres informes de riesgo (San José de Uré, Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano) emitidos en 2018 que se trata de una confrontación entre una disidencia de los frentes 5, 18 y 58 de las Farc —que ha retomado su histórica posición en el Paramillo—, este bloque Virgilio Peralta Arenas —llamado también Los Caparros— y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, que el gobierno denomina Clan del Golfo. Estos informes admiten que la disidencia de las Farc mantiene una alianza con los BVPA para combatir a las AGC.
Martínez piensa que esta oleada de amenazas tiene que ver con los comicios para alcaldes y gobernadores, concejales y diputados que se realizarán el próximo 27 de octubre. “No es descartable que además de los grupos armados ilegales haya otras fuerzas interesadas en desestabilizar a la administración municipal, justo en este momento electoral”. Martínez es cauto y no da nombres de políticos —no hay pruebas— de Puerto Libertador y del sur de Córdoba que sostengan relaciones directas con grupos criminales. Pero admite que le asusta que en esta coyuntura los bandidos terminen poniendo a los gobernantes locales.
Carlos Alberto Pérez, director pastoral social en Montelíbano (Foto: Bünker)
Una autoridad regional que pidió reserva de identidad le dijo a La Liga Contra el Silencio que ese era el origen esencial del riesgo que corría el secretario de gobierno Rafael Martínez Ricardo así como el alcalde Espedito. “Uno de los políticos opositores en Puerto Libertador mantiene acuerdos con Dios y con el diablo. Tiene vínculos reales con un grupo armado. Esas amenazas contra ellos dos tienen ese doble carácter: político porque se acercan las elecciones y quieren sacarlos de competencia espantándolos de miedo o matándolos, y de conflicto armado porque estos gobernantes han tomado medidas de autoridad con las que han llevado criminales a la cárcel”.
Para la regional de la Defensoría del Pueblo este aspecto es el más sensible de cara al día de votaciones en el sur de Córdoba. Ana Carolina Sánchez, la directora, adelantó que su oficina está elaborando un informe que expondrá en detalle la probabilidad de que los cargos de elección popular queden en manos de bandidos. “La comunidad nos ha expresado que siente miedo de que las personas que tienen o han tenido relaciones con grupos criminales vuelvan a lanzarse a cargos democráticos”.
Antes de haber contactado al doctor Martínez Ricardo, La Liga quiso entrevistar a su jefe, el alcalde Espedito, pero hasta último momento se negó a dar cualquier declaración sobre el riesgo que corre su vida. Según Martínez, que es su mano derecha, hacia finales de 2018 y comienzos de 2019 el alcalde empezó a recibir mensajes en su cuenta de WhatsApp en los que lo acusaban de financiar la guerra en Puerto Libertador y de ser “patrocinador” del Clan del Golfo, razón por la cual iba a ser “ajusticiado”.
Martínez detalló que el alcalde vive de un lado para otro, entre dos municipios, que se obliga a cambiar rutinas y horarios de trabajo, que es muy consciente del peligro que le cuelga y que él mismo ha costeado sus escoltas. “No pierdo la oportunidad para reiterarle su seguridad, pero él es muy tranquilo; me calma diciendo que tiene nervios de acero, que ha aprendido a manejar la tensión orando”. Su caso, por demás, no está registrado en la Defensoría del Pueblo.
Otro gobernante amenazado y que se mueve con escoltas y carro blindado suministrado por la Unidad Nacional de Protección, UNP, que tampoco se dejó entrevistar fue el secretario de gobierno de San José de Uré, Ubaldo Mercado.
Para llegar a este municipio hay que viajar cuatro horas desde Montería en dirección a Montelíbano, y luego pasar por el borde de Cerro Matoso, la enorme mina de ferroníquel que alimenta el presupuesto nacional desde hace casi treinta años. Un riachuelo de playas y agua refrescante que avanza a un lado del pueblo ha servido como balneario para lugareños y vecinos. La temperatura ronda los 33 grados y al mediodía la gente se esconde bajo techo.
Francisco Alean, alcalde Montelíbano. (Foto: Bünker)
De todos los líderes políticos amenazados en la región, aquí fue la única parte donde uno de ellos cayó asesinado: el 1 de febrero encontraron el cadáver con impactos de bala de un aspirante a la alcaldía llamado Herney Castrillón Gutiérrez, quien había estado desaparecido. Y cuatro días antes de que este equipo periodístico llegara al sur de Córdoba, un campesino de Uré, habitante de la vereda El Cerro, fue decapitado y su casa incendiada.
La cita con Ubaldo Mercado estaba pactada para las dos de la tarde en su despacho de la alcaldía. Pasados treinta minutos, el vehículo oficial estacionó en la entrada de la casa de gobierno, el funcionario se bajó sin premura, dio dos pasos en dirección a la puerta principal, pero algo lo detuvo y dio media vuelta. Se subió al carro y arrancó. Tardó un tiempo en contestar el teléfono; por WhatsApp se disculpó diciendo que había tenido que salir del municipio a “un traslado de unas familias de la vereda El Cerro”. La Liga intentó reprogramar la entrevista, pero el funcionario nunca más volvió a contestar.
Quien sí recibió a este equipo fue el alcalde de Montelíbano, Francisco Aleán. Sentado a una mesa de reuniones en su oficina, dijo que él no se sentía en peligro a pesar de las amenazas en su contra. “Todo pudo haber sido obra de un charlatán”.
Aleán es un hombre de 52 años, docente de profesión —lo mismo que Martínez Ricardo—, y muy popular entre los habitantes de su municipio. Su caso ocurrió entre los últimos días de abril y los primeros de mayo de este año. En una llamada a su celular una voz de hombre joven, sin identificarse, dijo: “Profe, soy docente, fui alumno suyo en Tierralta y quiero decirle que por acá cerca están diciendo que hay que neutralizarlo a usted y al exalcalde”. Aleán preguntó de inmediato “¿Qué más sabe? ¿Qué quiere decir con neutralizar?”. La voz evadió la respuesta diciendo que no podía hablar más en ese momento: “Yo le escribo apenas pueda”, y colgó.
Cuatro o cinco días más tarde, Aleán recibió un mensaje de WhatsApp en el que le decían que lo iban a neutralizar en su casa o en una parada de semáforo. “No se mencionó la palabra asesinato nunca, por eso para mí no fue una cuestión clara que yo diga que hay un riesgo latente”.
Montelíbano es el municipio más poblado del sur de Córdoba. Tiene unos 90 mil habitantes y en esta reciente etapa de violencia ha debido limpiar harta sangre del pavimento: a mediados de diciembre de 2018, doce personas resultaron heridas luego de que alguien arrojara un explosivo en la entrada de una discoteca. Entre ese bombazo y finales de marzo, las autoridades levantaron 35 cadáveres en vía pública de personas asesinadas a manos de sicarios. Según Aleán, todos estos muertos eran maleantes que perdieron la vida en la confrontación entre Los Caparros y el Clan del Golfo. “En esos días advertían los homicidios: no habían asesinado a nadie cuando alguien llamaba a la policía y decía que acababan de matar a tal persona, que hacía parte de tal banda y se dedicaba a esto y a esto otro. A los pocos minutos, se desataba una balacera y caía muerta la persona anticipada”.
El director de la Pastoral Social de Montelíbano, padre Carlos Alberto Pérez Hoyos, coincide con Aleán y dice que entre noviembre de 2018 y marzo de 2019 muchos vivieron encerrados de miedo. “La gente evitaba hasta asistir a la eucaristía de siete de la noche”. Fueron días en que circulaban panfletos con nombres propios de futuras víctimas, y aunque nadie estaba plenamente convencido de aquellas promesas de homicidio, no faltaba el crimen que coincidía con uno de los citados. “Ahí era donde uno pensaba que las amenazas sí eran reales”, dice el padre, “porque de quince o veinte nombres caían dos o tres”.
Rafael Martínez, secretario de Gobierno de Puerto Libertador. (Foto: Bünker)
De abril para acá ha menguado la violencia homicida, aunque las amenazas contra líderes políticos del municipio parecen no cesar. Dos días antes de esta entrevista con el alcalde Aleán, un hombre llamado José David Cura, que tiene previsto lanzarse a la Alcaldía en las próximas elecciones, se declaró víctima de amenaza de muerte. En respuesta, se organizó un consejo de seguridad con autoridades militares y de policía. Así que el día de la entrevista, el centro de Montelíbano estaba atiborrado de soldados, todos con sus fusiles y sus boinas carmín de lanceros, agrupados en camionetas que patrullaban las vías, o parados en las esquinas cercanas al edificio de gobierno.
Y sin embargo, en las horas de la noche, la población respiraba un ánimo generalizado de alegría y confianza: era viernes y la gente ocupaba los restaurantes y los bares, la música sonaba a todo volumen, en la cancha de fútbol se disputaba un partido y los aficionados se agolparon en las graderías y en los bebederos adyacentes. Al interior de los barrios no eran pocos los vecinos sentados en mecedoras afuera de sus casas, disfrutando el aire fresco entre charla y charla.
El doctor Martínez Ricardo recibió las medidas de protección por parte de la UNP en la última semana de abril. Es decir, debió esperar casi tres meses para moverse con escoltas y en camioneta blindada. “En comparación con otros casos, fue una respuesta rápida por parte del Estado”, acepta. Sin embargo, los panfletos intimidantes siguen llegando. En uno dicen que le están haciendo seguimiento y distinguen la camioneta en que se mueve; en otro lo insultan de “malparido sapo”, dicen que ya saben de su “nuevo dormitorio” y que la “sorpresa” que le tienen “es más grande”.
Sus escoltas, además, lo han tenido que sacar del pueblo súbitamente en dos ocasiones porque consideraron que podía haber riesgos inadvertidos: una, cuando encontraron gente extraña merodeando muy cerca de los lugares donde él estaba haciendo gestión de gobierno; la otra, cuando aparecieron personas preguntando por él en su despacho y se dejaron ver acompañadas por hombres armados. A pesar de esto, Martínez se siente optimista y confiado, se aferra a Dios y siente que sus guardaespaldas lo cuidan de la mejor manera. Nunca lo dejan solo: en las noches, uno duerme en su casa y el otro en un lugar próximo. “Ya no es lo mismo que me quieran hacer daño; mis escoltas disuaden”, dice.
Entre las razones que trata de juntar Martínez para entender por qué su vida está en peligro y por qué hay tantos líderes políticos y sociales amenazados en el sur de Córdoba, hay una de carácter cívico que podría ser considerada como síntoma de cambio: “Hoy la gente está dispuesta a defender su territorio”.
Durante los años ochenta y noventa, cuando las guerrillas de las Farc y del EPL, y luego los paramilitares de las AUC, asfixiaron a esta población con asesinatos, masacres y reclutamiento forzado, la gente que sentía alguna inclinación hacia el liderazgo social y político medía sus palabras en público para salvar la vida. Tras las desmovilizaciones —EPL 1991, AUC 2004-2006, y Farc 2016-2017—, el territorio finalmente quedó en manos de los civiles y de las reglas del Estado de Derecho. Los líderes sociales y políticos pudieron levantar la cabeza y expresar sus iniciativas sin temor. Las comunidades fortalecieron sus organizaciones de base y los proyectos de administración pública fueron desplegados sin cortapisas.
Pero a finales de junio de 2018, cuando las balas de esta nueva violencia en el sur de Córdoba volaban impunemente, fue asesinado un líder campesino llamado Iván Lázaro. La indignación de Puerto Libertador fue absoluta; en el corregimiento de Juan José, donde ocurrió el crimen, hubo marchas de rechazo y de reclamo de justicia, y a las autoridades les quedó, además de la legal, la obligación moral de encontrar a los responsables.
San José de Uré. (Foto: Bünker)
Tres meses después, los sindicados del crimen fueron capturados y están siendo juzgados. “Hace unos años era impensable que nadie hablara, todos callaban”, explica Martínez. “Hoy ya somos capaces de decir las cosas”. Y esa actitud de confrontar las acciones criminales con palabras es lo que ha despertado la furia de los violentos. “Hemos visibilizado la situación y hemos llamado al Estado. Hace poco tuvimos reunión con el doctor Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, y hubo compañeros que revelaron cosas muy duras, cosas que no hubieran sido capaces de decir años atrás”.
Esta razón parece tener sentido. Un hecho por fuera de la política local quizás lo pruebe. A comienzos de este año, el congresista Andrés Calle, natural de Montelíbano, denunció en redes sociales la violencia que tenía sometido a su municipio y a San José de Uré. Poco después, circuló un panfleto que lo declaraba a él y a dos periodistas como “objetivo militar”.
Salvo el caso de los mandatarios de Puerto Libertador, que considera “bien delicado”, Francisco Aleán, alcalde de Montelíbano, opina que muchos de los líderes políticos del sur de Córdoba se presentan como amenazados solo “por figurar”. Que a diferencia de los líderes sociales y campesinos que sí están a un pelo de ser asesinados, “porque su labor interfiere con los intereses de las bandas criminales”, los líderes políticos se están haciendo notar porque creen que así obtienen ventajas electorales.
Aleán añade que tal vileza en estas semanas de campaña solo se entiende porque la región recibe generosas regalías por la explotación de sus recursos naturales y hay personas que solo aspiran a ser elegidos gobernantes para controlar a su antojo ese dinero. En Tierralta, con la hidroeléctrica Urrá; en Puerto Libertador, con el carbón tan abundante que ya permitió la instalación de dos líneas de termoeléctricas; y en Montelíbano con el ferroníquel. “Mientras un municipio del tamaño de Montelíbano pero sin minas ni yacimientos, como Sahagún, puede recibir de parte del gobierno nacional unos 3000 millones de pesos por regalías, a Montelíbano le desembolsan 15000 millones”, precisa Aleán.
Todas las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en algo: una vez pasen las elecciones, la cantidad de amenazas e intimidaciones contra líderes políticos van a bajar.
A veces, Rafael Martínez Ricardo se deja llevar por la presión del momento y piensa que su vida de escoltas, carro blindado, panfletos en su contra y días sin sosiego se prolongará más allá de su mandato como funcionario de la administración pública, que cuando él regrese a su labor académica también estará obligado a sobrellevar esta vida de punzones en el cuello, pero luego se dice que no, que no será así: “Me inclino a creer que todo esto va a pasar”.