Invisibilidad de los pueblos indígenas, el otro virus de la pandemia

La emergencia sanitaria, producto de la COVID-19, ha agudizado otras crisis subyacentes, que han dejado en evidencia una realidad desoladora: en Colombia una pandemia mundial parece ser el menor de los problemas. El hambre, la pobreza extrema, el desplazamiento forzado y la violencia (consecuencias del conflicto, los problemas de tenencia de tierras, la desigualdad social y el abandono del Estado), han afectado directamente a las comunidades indígenas, una de las poblaciones más vulnerables del país. 

Según información revelada en el boletín No. 045 del Sistema de Monitoreo Territorial (SMT) de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), del 29 de agosto del presente año, en Colombia hay 70 pueblos indígenas afectados, 10.062 casos confirmados, 8.619 personas recuperadas y 339 fallecidos. Esta última cifra resulta alarmante, teniendo en cuenta que los mayores de 60 años, portadores de los saberes ancestrales de los pueblos, representan el 66,4% de los fallecimientos, de acuerdo con el mismo informe.

Aunque podría pensarse que estas cifras pertenecen principalmente a la realidad rural, lo cierto es que las comunidades han experimentado un gran riesgo de contagio en la capital. “La mayor proporción de casos se han presentado en Bogotá con el 19,3%, seguido de Amazonas con el 11,5% y Córdoba con el 10,5%. ”, así lo reveló el boletín epidemiológico No. 33, adelantado entre el 9 y el 15 de agosto de 2020, por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. La Onic también asegura que de los 339 fallecimientos “la mayoría de los decesos se registraron en Bogotá, con 40 casos”. 

No obstante, estas son apenas estimaciones de la situación real. La Onic asegura que “el rastreo de casos y contactos ha sido bastante difícil, ya que el virus ha tenido problemas de control en las entidades de salud debido a la pérdida del nexo epidemiológico”, y agrega que “solo los casos indígenas que se registran como activos, en el 98,4% de los casos, el nexo epidemiológico se encuentra en estudio y solo el 1,6% se registra como relacionado”, por lo que los vacíos en la gestión, frente a los grupos indígenas, mantienen en riesgo a las comunidades. 

Ahora bien, sumado a que la pandemia ha representado un cierre drástico del comercio, los grupos indígenas que sobreviven en la capital de la venta de artesanías y el trabajo informal, se han enfrentado a otras amenazas, tanto o más aterradoras como el coronavirus: el hambre y la miseria.  

Pueblos ancestrales nativos del altiplano cundiboyacense como el Cabildo Indígena Mhuysqa de Bosa, con sus más de tres mil miembros, han experimentado grandes retos durante la pandemia que se suman a las problemáticas que ya tenían antes del confinamiento. Ahora, además de las preocupaciones por el sostenimiento y la preservación de su territorio, dentro del Cabildo prevalece la incertidumbre de las familias muiscas por su alimentación, el pago de los arriendos, la atención en salud y la detección de los casos dentro de su comunidad. 

Mauricio Esguerra, delegado ante el Consejo de Planeación Local de Bosa por el Sector de Derechos Humanos, afirma que “hasta el momento se reportan diecinueve fallecimientos, de los cuales dieciséis son por Covid y el resto por muerte natural. Aún se están sistematizando los contagios. Se cree que son más de 105 casos que no están previamente contabilizados debido a que el Cabildo no ha tenido la capacidad de un seguimiento estricto, por lo que la comunidad se encuentra muy disgregada por el territorio y eso dificulta la atención, al no tener una concordancia con el Distrito”.

Esa falta de coordinación es la misma que, el pasado 15 de agosto, derribó el acuerdo de alojamiento temporal en Corferias, firmado entre funcionarios del Distrito y los indígenas Embera, que hoy se encuentran viviendo en condiciones precarias en el Parque Tercer Milenio. Cuando los líderes se acercaron a hacer la verificación de las nuevas condiciones de alojamiento, encontraron impedimentos para su ingreso por no cumplir las condiciones de tratamiento de pacientes en el lugar. "No es posible que dejemos entrar hombres y mujeres con niños”, dijo Sonia Rebollo, jefe de la Oficina de la Subred Centro Oriente, y además afirmó: “Esto no es un albergue, es un hospital". 

Por estas circunstancias el pacto se disolvió, a pesar de que funcionarios de la Alta Consejería Para los Derechos de las Víctimas, la Paz Y la Reconciliación (ACDVPR), la Subdirección de Asuntos Étnicos, el ICBF y la Secretaría de Salud, entre otros, firmaron el acuerdo con los indígenas. 

 

 

Del resguardo al cambuche

A pesar de que la situación de los Embera se hizo viral en redes sociales por la escena de unos niños indígenas lavando sus tapabocas en el agua de un charco, la problemática es todavía más aguda. Los pueblos Embera Katio y Chamí, que hoy se encuentran ubicados en el centro de la ciudad, han sido víctimas del despojo de tierras y de la vulneración de sus derechos, como otros grupos indígenas del país. A pesar de hacer parte de la misma etnia, ambas comunidades provienen de zonas distintas. Por ejemplo, los Embera Chamí se concentran en los departamentos de Risaralda, Caldas y Antioquia, principalmente, según datos del DANE divulgados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic). 

Agobardo Queragama, uno de los líderes Chamí que hoy pasa los días entre cambuches improvisados junto al Parque Tercer Milenio, dice que él y su familia llevan ocho meses en Bogotá por causa de la violencia: “Risaralda ha tenido muchos problemas de orden público, amenazas, y por eso tuvimos que salir del resguardo”.

Los motivos que trajeron a los Embera Katio no son distintos. A pesar de que tradicionalmente se ubican en Antioquia, Chocó y Córdoba, de acuerdo con la Onic, se movilizaron hasta el centro de la ciudad debido a que fueron víctimas del desplazamiento forzado, producto de la minería ilegal y de los constantes enfrentamientos con los grupos armados. Uno de los líderes, de quien reservamos su identidad, le dijo a este medio: “Yo me vine amenazado por las empresas mineras que hay en Bagadó, Chocó. Allá matan a los líderes por eso. Si uno va a reclamar sus derechos, a ellos no les gusta mucho (…) Ellos les hacen mucho daño a nuestro medio ambiente, a nuestras riquezas y a nuestros terrenos. También llegué por problemas de orden público. Ellos me amenazaron, junto a las familias que están acá en este Tercer Milenio. Por esa situación estoy reclamando nuestros derechos, para que puedan reparar al resguardo por el sufrimiento, por la amenaza y el conflicto con la empresa minera”.

No es la primera vez que estos grupos indígenas se desplazan hasta Bogotá exigiendo la ayuda del Estado. Según el Observatorio Distrital de Víctimas, “entre 2015 y 2018 se han presentado dos eventos de desplazamiento masivo desde la región del Alto Andágueda”, cuyo resguardo está localizado principalmente en los municipios de Lloró y Bagadó en el departamento del Chocó.  “Durante el 2018 un total de 631 personas han declarado en Bogotá haber sufrido hechos victimizantes en el departamento del Chocó”, dice el ente de control. Se suma a esto que para el 2018 “el segundo municipio chocoano con mayor número de desplazamientos hacia Bogotá es Bagadó (después de Quibdó). Un total de 115 personas han declarado en Bogotá haber sufrido hechos victimizantes en Bagadó”.

Por eso, si bien los constantes desplazamientos de los indígenas a la capital no son algo nuevo, la emergencia sanitaria ha agudizado su situación. El boletín No. 45 de la Onic asegura que a nivel nacional se han reportado 213 casos en comunidades Embera, 146 dentro de los pueblos Embera Katío y 113 entre los Embera Chamí, sin embargo, este es el menor de los problemas. 

En Bogotá, más de 100 familias que sobreviven en la intemperie, están ahí porque no tienen la capacidad de costear una vivienda digna ni la alimentación de sus familias. Viven entre cambuches improvisados, a punta de ollas comunitarias y de los alimentos que los bogotanos solidarios les hacen llegar.

No importa la situación, la sonrisa de los niños Embera sigue presente. Son demasiado jóvenes para entender que les han sido arrebatados sus derechos.

 

Peticiones y obstáculos 

A raíz de los constantes desplazamientos y retornos, las comunidades indígenas se encuentran disgregadas a lo largo y ancho del territorio nacional, alejadas de su estilo de vida arraigado a la tierra, sin poder cultivarla, cuidarla y suplir así sus requerimientos alimenticios y de medicina. Lo anterior aleja a estas etnias de un estilo de vida estable, más aún, en el marco de una pandemia. 

La emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha dejado ver que las comunidades necesitan, ahora más que nunca, que se les den garantías reales para poder reubicarse en sus territorios ancestrales. Jénnifer Villagrán, miembro del colectivo Dignidad Popular (un colectivo sin ánimo de lucro que nació en Ciudad Bolívar y lleva varios años apoyando a las comunidades indígenas en la capital), señala que los constantes retornos de los Embera se dan debido a que los problemas de fondo, aquellos que incentivaron los desplazamientos en un principio, no se han solucionado. El abandono estatal, el enfrentamiento de grupos armados y la minería ilegal siguen latentes e impiden el regreso de los pueblos indígenas. Jénnifer añade que esto genera que ellos prefieran vender artesanías en las ciudades, antes que morir de hambre en sus territorios.

Muchos de los miembros de estas comunidades se desplazan por voluntad a los centros urbanos en búsqueda de entradas económicas estables, sin embargo, la situación sigue siendo poco alentadora. Las ofertas de empleo no son amplias, se ven limitados a ejercer el trabajo informal, relegados a vivir en situación de calle y a ser estigmatizados. Uno de los representantes del pueblo Embera Katío, que hoy se encuentra en el centro de la ciudad, asegura que los miembros de su comunidad no se establecen en Bogotá para ser violentos, lo hacen para exigir reparación por parte de la institucionalidad, además, sostiene: “Nosotros somos víctimas y queremos que nos garanticen no estar más en la calle”.

 

Abogardo Queragama, representante del pueblo Embera Chamí, que a lo largo de los últimos meses se ha mantenido en pie de lucha para que las peticiones de la comunidad sean escuchadas. 

 

Mejor en la calle, pero juntos

El pasado 18 de marzo, más de ochenta familias Embera se reunieron frente al antiguo edificio de Avianca, en el Parque Santander de Bogotá, con el fin de solicitar ayuda para afrontar la crisis sanitaria y económica que se veía venir con la llegada de la COVID-19. Producto de este evento se gestaron compromisos y acuerdos con las entidades del Distrito, uno de ellos fue la garantía de no desintegrar los núcleos familiares Embera. Sin embargo, Jénnifer Villagrán, miembro fundador del colectivo Dignidad Popular, recalca que las comunidades han recibido repetidas propuestas por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), respecto a separar a los niños Embera para que entren a protección estatal, lo que incumple los acuerdos iniciales. 

Martha Peralta, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), recalca que “esa amenaza viene de prácticas históricas de extinción de pueblos, no solo en Colombia, sino en América. Estas amenazas ponen en riesgo de extinción a la cultura del pueblo Embera. Esta es una medida para causar temor y genera consecuencias psicológicas para las madres”.

Las peticiones de las comunidades, especialmente las radicadas en Bogotá, son claras: un lugar seguro en la ciudad mientras retornan a sus territorios de origen. Las condiciones también son explícitas, buscan un sitio digno para que todos los miembros de la comunidad puedan estar unidos. “Ojalá que busquen un sitio mientras que retornamos, para estar tranquilos con nuestros niños. Es apenas un solo tema, es apenas que garanticen un techo seguro, puede ser una casa comunitaria para estar todos”, explica el líder Embera.

 

Los niños en medio de su actuar genuino, no dimensionan lo que a su alrededor sucede.

 

¿Y la alimentación y las tradiciones?

Dentro de las comunidades la falta de acceso a una alimentación adecuada es también una realidad latente. Los casos de malnutrición son evidentes, sobre todo en los más pequeños y en los adultos mayores. En el marco de una pandemia como la que hoy enfrenta el mundo, se hace más notorio la necesidad de garantizar seguridad alimentaria a las poblaciones vulnerables. 

Según datos del informe Impactos del COVID-19 en los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia, realizado por El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, ocho de cada diez hogares indígenas se encuentran en inseguridad alimentaria. Teniendo en cuenta esto, las peticiones de las comunidades se enfocan en las garantías de acceso a una alimentación adecuada, para así disminuir la brecha entre las condiciones de vida de los grupos indígenas, frente al resto de la población.

Dada la coyuntura, ha salido a la luz la falta de enfoque diferencial hacia las comunidades indígenas, en la mitigación del riesgo de contagio por COVID-19. Las situaciones al interior de los asentamientos indígenas no se pueden abordar de forma genérica, dadas las condiciones en las que viven, así lo indica  Mauro Esguerra, delegado ante el Consejo de Planeación Local de Bosa por el sector de Derechos Humanos, quien señala, además, que “el enfoque diferencial debe permitirles formas de asistencia humanitaria que sean adecuadas para la comunidad, que no trastoquen la cultura ancestral ni generen otras dinámicas que pongan en mayor riesgo a la comunidad”.

La llegada de la COVID-19 a los cabildos, no solo implica un riesgo alto de mortalidad para sus miembros, también es el escenario adecuado para que la medicina occidental se imponga sobre la medicina ancestral. Por ello, el Cabildo Indígena Mhuysqa de Bosa exige que los protocolos para la mitigación del riesgo de contagios por COVID-19, en la comunidad, impliquen la convergencia de los saberes ancestrales y del conocimiento técnico que tienen los profesionales de la salud para este tipo de situaciones, y así generar un encuentro entre la medicina ancestral y los conocimientos occidentalizados de las ciencias médicas.

Estas peticiones apuntan a evitar que se continúen invisibilizando las problemáticas de los pueblos indígenas, buscando que la indiferencia no sea más letal, para ellos, que el virus en sí mismo. Mauro Esguerra concluye que para garantizar esto, se requiere un acompañamiento a nivel psicosocial, a nivel de salud y a nivel de Derechos Humanos; que incluya un compromiso de las instituciones, especialmente de la Procuraduría General Nación, para hacer cumplir sus obligaciones con las comunidades.

 

Una lucha que no cesa, un pueblo que no cede y una tradición que se pierde por la indiferencia.

 

El papel de las instituciones

Las medidas tomadas por el gobierno nacional y distrital frente a la situación de las comunidades Embera Katío y Embera Chamí, ubicadas en el parque Tercer Milenio, han sido ineficientes y han contribuido a la revictimización de estas familias. La Unidad para las Víctimas, a través de su director Ramón Alberto Rodríguez, aseguró haber entregado ayudas por $707.158.881 pesos, realizando un total de 1.044 giros. 

De igual manera, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en cabeza de Luis Ernesto Gómez, ha afirmado en varias ocasiones que han entregado las ayudas necesarias a esta comunidad por medio del programa Bogotá Solidaria, que promete un aporte de $423.000 pesos durante los meses de confinamiento a las familias más vulnerables de la ciudad. Hasta el mes de agosto, a través de este sistema, se han invertido en atención integral, para el pueblo Embera, un total de $744 millones de pesos, según la entidad distrital.

Sin embargo, según Martha Peralta, presidente del partido político MAIS, los indígenas aseguraron haber recibido ayudas, aunque no en esa cantidad dicha por la Secretaria, y no de forma constante. Durante la pandemia los desembolsos no han sido fijos y no llegan a todas las familias. Martha Peralta asegura que entre ellos se han encargado de compartir el dinero que tenían para cubrir las necesidades más urgentes, en las que no incluían un lugar para alojarse permanentemente. 

Uno de los líderes de la comunidad, aseguró que “ellos nos dijeron que iban a blindar a las familias, y ahora dicen que están brindando $744 millones de pesos, pero en esa plata no están incluidas todas las familias que estamos acá en esta toma. Hay cuarenta familias, más o menos, sin recibir ayuda de Bogotá Solidaria acá en el Tercer Milenio. De nuestros hermanos Katío, de cien, faltan como cuarenta, casi cincuenta familias. Chamí tiene como treinta y ocho familias, y de ellas faltan siete, que no han ingresado al programa de Bogotá Solidaria.”

Como se mencionó anteriormente, el Distrito le propuso a los indígenas Embera un alojamiento temporal en Corferias para mejorar las condiciones de las familias que habitan el parque. Esta era una posibilidad para que 200 personas pudieran permanecer allí por un lapso de tres semanas, mientras se encontraba una solución a largo plazo, y los demás integrantes de la comunidad serían ubicados en espacios de arrendamiento. Sin embargo, este acuerdo no pudo llevarse a cabo, ya que la alcaldía no dispuso de un espacio en Corferias para que las familias pudieran acomodarse, ni tampoco habían informado a las personas que manejaban el Centro Hospitalario Transitorio, que allí sería el lugar donde los ubicarían. El Distrito incumplió lo acordado con los líderes de la comunidad y la comunidad decidió rechazar la oferta, ya que debían separarse de sus hijos porque no eran permitidos en ese espacio, pues solo era permitido el ingreso de adultos.

Un cielo bogotano de ensueño, en contraste, la realidad del pueblo Embera más cercana a una pesadilla. 

 

Además, Agobardo Queragama, representante Embera Chamí, manifestó que, para quedarse en Corferias, debían permanecer la mayor parte del tiempo separados de sus familiares, aislados y alejados de sus hijos, como si se tratara de pacientes de COVID. A raíz de la negativa de los indígenas de aceptar el traslado, la intención de mediar entre las instituciones ha disminuido, dado que, según Martha Peralta, “la voluntad de la alcaldía se ha ido mermando y los compañeros se sienten solos frente a la situación que están viviendo”. 

No obstante, existen entidades que no pertenecen al Distrito y se han encargado de apoyar a estas comunidades, como Dignidad Popular. Asimismo, algunos grupos de personas, de forma independiente, se han unido para ayudar a los indígenas Embera que se encuentran ubicados en el Parque Tercer Milenio, proporcionándoles elementos de primera necesidad como alimentos e implementos de aseo. Juliana Mora, una de las jóvenes activistas que reunió a sus amigos Melanie, Sergio y Alejandro para ir hasta el centro de la ciudad a entregar un mercado a las familias indígenas, afirma: “Quisimos reunir parte de nuestros ahorros, de nuestros sueldos y donar nuestro tiempo para venir a compartir alimentos, elementos de aseo y saber qué está sucediendo con ellos”. 

Por otra parte, Mauro Esguerra, delegado ante el Consejo de Planeación Local de Bosa por el sector de Derechos Humanos, asegura que “durante ese periodo de tiempo (marzo) y hasta mediados de julio, ni la Secretaría de Salud ni ninguna institución del Estado colombiano hizo presencia en el Cabildo para hablar de la entrega de bonos alimentarios, de kits de aseo o de ayudas humanitarias en general, en esa medida el Cabildo recibió una fuerte afectación (...), pues la preocupación del Estado colombiano no recae directamente sobre el Cabildo, sino sobre la comunidad en general”. Tan solo hasta el 13 de julio “153 familias del Cabildo Indígena Muisca de Bosa recibieron canastas básicas con características diferenciales que garanticen su adecuada alimentación durante un mes”, según Integración Social.

En ese sentido, si bien las instituciones han llevado a cabo acciones en medio de la coyuntura, estas no han profundizado en las necesidades de base de las comunidades. Por ende, es urgente, por la pervivencia de los pueblos indígenas y por la permanencia de sus saberes, que se busquen verdaderas soluciones a su situación, dispuestas a mejorar a largo plazo sus condiciones de vida y la de sus territorios. 

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 2613 del 14 de agosto de 1959 Minjusticia.

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