Hace seis meses el ministro de defensa empezó una campaña para combatir la desinformación, y lo hizo a partir de una mentira: simuló un ciberataque. Conocimos el documento que indicaba los pasos de cómo lo debían hacer. Acá la investigación que cuenta los detalles de esta política; las mentiras que se han dicho; y la falta de contrapesos.
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A finales de abril y comienzos de mayo de este año, durante los días más fuertes de las manifestaciones sociales, el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares comenzaron una campaña para atacar a quienes los critican y cuestionan. Para hacer esto, se valieron de videos y publicaciones en redes sociales pero también de estrategias de ciberpatrullaje y vigilancia en línea. Estas acciones emprendidas por el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares, en las que se han invertido más de 21 mil horas, no han tenido ningún contrapeso ni control institucional, y se agrandan en medio de mentiras y de opacidad.
El 6 de mayo, las redes sociales y la página web del Ministerio de Defensa y otras entidades adscritas amanecieron vestidas de negro. El último mensaje que aparecía en sus redes era: “Intento de bloqueo”. Parecía un ciberataque. De las 6 a las 9 de la mañana, ningún funcionario estaba autorizado para atender a periodistas ni medios de comunicación. A las 9, las redes se restablecieron y comenzó la campaña “La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad”. Se publicó un video en el que una voz en off decía “nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie”. Luego, el ministro de Defensa Diego Molano y los comandantes de todas las fuerzas militares mencionaron algunas noticias que, a su juicio, consideraron falsas y recalcaron el valor de su trabajo en la protección de los colombianos. En el video se omitió, por completo, la aclaración de que nunca hubo un ciberataque real y que todo este espectáculo hacía parte de su estrategia para llamar la atención de la ciudadanía. Esta era una campaña contra las mentiras que inició con una mentira.
La campaña #ColombiaEsMiVerdad partió de la creación de un enemigo: los y las usuarias de redes sociales que criticaban o cuestionaban el accionar de la fuerza pública, especialmente, durante el paro nacional. Con esto, iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en Internet. No es claro bajo qué criterios definen qué es cierto y qué no. Sin embargo, el MinDefensa anunció que entre el 28 de abril y el 27 de junio identificó 157 noticias falsas a través de acciones de ciberpatrullaje. Así lo documentamos con nuestro pódcast 'Ciberpatrullaje:el nuevo juez de la verdad'.
Desde la FLIP enviamos 12 derechos de petición a 9 entidades con el fin de conocer cómo se están realizando esos ciberpatrullajes, qué instituciones están a cargo de estas actividades y cuáles son los procedimientos de identificación de “noticias falsas”. Además, comparamos las respuestas con las que le entregaron a la Fundación Karisma, quien también está investigando este tema. Con la información que nos dieron, surgieron más preocupaciones.
Primero, sabemos que se creó un PMU-Ciber conformado por: El Centro Cibernético Policial (CCP), el ColCERT (Grupo de Respuesta a emergencias cibernéticas, el MinTIC, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares (CCOC) y la Fiscalía. A la FLIP le aseguraron que son todas las entidades del PMU-Ciber las que identifican y contrastan la información falsa. Sin embargo, el MinTIC y el COLCERT le dijeron a Karisma que no realizan actividades de ciberpatrullaje ni monitoreo de la actividad de las personas en Internet.
Segundo, el Ministerio de Defensa respondió que los criterios que se utilizaron en el marco de esta campaña se guiaron por noticias previamente chequeadas por ColombiaCheck y El Detector de Mentiras de la Silla Vacía. Pero, el CCP afirmó que la información la verifican y la validan a través de labores de campo en el lugar en donde se originó el contenido.
No son claras las funciones ni responsabilidades que tiene a su cargo cada institución que hace parte del PMU-Ciber. Tampoco, qué información personal o sensible conservan y transfieren, ni cuál es el procedimiento que llevan a cabo para identificar y verificar los contenidos que terminan siendo insumo para investigaciones penales o disciplinarias. Y aquí hay otro problema, ¿qué investigaciones penales se están desarrollando con base en estos ciberpatrullajes?
Consulte aquí todos los soportes de esta investigación.
En el video de #ColombiEsMiVedad, afirmaron que la información falsa es terrorismo digital. Pero, en el código penal no existe este delito. El Ministerio de Defensa afirmó que el CCP tiene atribuciones para indicar si “rumores a través de redes sociales que fomenten violencia o mientan sobre acciones de la fuerza pública” configuran o no terrorismo digital. Luego, también afirman que “sobre campañas de desinformación que generan una denuncia por adecuarse a tipologías penales, se le informa directamente a la Fiscalía General de la Nación”. Y la Fiscalía, por su parte, advierte que estas noticias falsas pueden configurar el delito de calumnia.
En un contexto en el que el Ejército Nacional utiliza sus recursos para perfilar e identificar a líderes, ciudadanos y periodistas, alerta que miembros de la fuerza pública puedan recolectar y conservar datos personales sensibles de quienes consideran críticos. Sobre todo, cuando ya existe jurisprudencia nacional que reconoce que las opiniones son datos sensibles. Hay que recordar, además, que la CIDH le recomendó al Estado colombiano garantizar la no repetición de acciones de perfilamientos y esto no se está cumpliendo.
Estas acciones emprendidas desde el Ministerio de Defensa no han tenido un contrapeso institucional, real y efectivo, que ejerza veeduría, exija mecanismos de rendición de cuentas y garantice la transparencia y los derechos humanos. Al criminalizar las voces críticas se institucionaliza un discurso de estigmatización y censura arbitraria contra quienes denuncian irregularidades en las instituciones, rotulando esta información como falsa. Además, se genera un efecto inhibidor en la prensa que deja de publicar información sobre el accionar de la fuerza pública por el temor a represalias.