El precio de desactivar bombas puede ser muy alto para aquellos que se dedican a esta labor. Esa es la cruda realidad de cientos de colombianos que han fallecido a causa de las minas o las actividades terroristas del narcotráfico, las guerrillas y la delincuencia común.
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Cada instante de trabajo para un técnico en explosivos representa la posibilidad de la muerte, que puede llegar en cuestión de segundos por una detonación. El intendente de la Policía Jairo Hernando López (1971 - 2000), quien a sus 28 años ya se había capacitado en la difícil tarea de mirar de frente a un explosivo, estaba casado con Angélica María Mejía y era padre de un niño de apenas 5 días de nacido. El 15 de mayo del 2000, hace 21 años, Jairo fue solicitado para un trabajo en la vereda Palestina del municipio de Chiquinquirá, Boyacá. Allí, Elvia Cortés Gil, una campesina boyacense de 53 años, tenía alrededor del cuello un artefacto fabricado con tubos PVC y explosivos.
Horas antes, cuatro hombres habían interrumpido en su casa y habían obligado a la mujer a permanecer inmóvil con un collar bomba. El plan era obtener 15 millones de pesos en la extorsión de su familia para evitar la explosión del artefacto. En el texto homenaje ‘Un segundo para la eternidad’, de la Policía Nacional y la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), en alianza con el CrossmediaLab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se narra que horas antes, Jairo se despidió de su esposa y le prometió volver pronto para ir a la Registraduría con su hijo recién nacido.
Pese a la tensión que puede ocasionarse en el momento, para un técnico en explosivos conservar la calma y transmitir tranquilidad es una tarea fundamental, en especial en situaciones donde la vida de un civil corre peligro. Aquel lunes, en el proceso de desactivar el explosivo, de recolectar el testimonio de los testigos y de suministrarle calmantes a la señora Elvia, ella le preguntó al intendente López: “¿Usted me va a dejar morir?”, a lo que él respondió: “Tranquila, mi señora, que de esta salimos juntos”. Sin embargo, el destino tenía otra cosa entre sus manos, pues alrededor de las 12:30 del mediodía, ambos murieron con la explosión del collar bomba.
Por aquellos años, el panorama nacional estaba rodeado de varios intentos por terminar el conflicto armado en Colombia. El país era testigo del inconcluso proceso de paz del Caguán del Gobierno del presidente Andrés Pastrana con las antiguas Farc. Inicialmente, la hipótesis de las autoridades y la información brindada por los medios, apuntaban que era el grupo guerrillero quien había cometido el atentado contra la señora Elvia Cortés. Los indicios se basaban en la zona esmeraldera en la que había ocurrido el hecho y el material de los explosivos que se habían utilizado en el collar. Esto produjo la suspensión temporal de los diálogos de paz. Finalmente, se comprobó que el acto fue gestado desde la delincuencia común y no desde el grupo guerrillero.
Como Jairo, esta riesgosa labor ha cobrado la vida de más uniformados en Colombia. La historia de la violencia en el país ha estado colmada de explosivos, desde la época del narcotráfico en los años 80, con la amenaza y detonación de bombas alrededor de zonas rurales y ciudades principales, sin embargo, en las cifras también se encuentran los grupos armados, con las minas antipersona, que según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), dejaron 118 víctimas solo en el primer trimestre del 2019, y los actos delictivos de la delincuencia común. La labor de la Unidad Antiexplosivos Antiterrorista de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), es salvar vidas en este entorno. Los uniformados que hacen parte de la unidad se enfrentan con agentes nucleares, biológicos, radioactivos y químicos, con sustancias explosivas, con pruebas controladas y con amenazas de la vida de civiles y uniformados.
En las manos de los técnicos antiexplosivos está la posibilidad de desactivar un explosivo, realizar una detonación controlada o la explosión repentina de la misma. Su labor en ocasiones se adelanta con éxito, y en otras, les cuesta partes de su cuerpo, su movilidad y hasta su propia vida. En ellos está el sacrificio de anteponer su bienestar ante la actitud de servicio que requiere desactivar un explosivo. De aquello depende su vida, la de sus compañeros y de civiles que se ven en situaciones de violencia.
En ‘Un segundo para la eternidad’, Guillermo Prieto ‘Pirry’ llamó Superhumanos a estos policías que dedican su vida y servicio a prevenir y atender situaciones de riesgo que involucran explosivos. “¿Qué especie de súper humano es capaz de, en contra de las posibilidades y sobreponiéndose al temor, tener la sangre y cabeza fría para decidir qué cable cortar o qué circuito interrumpir?”, se cuestionó ‘Pirry’.
Para ser parte del Grupo Antiexplosivos Antiterrorista de la Policía Nacional, se requiere preparación y voluntad. Actualmente, para convertirse en técnico en explosivos, un policía debe tener conocimientos básicos de sistemas e inglés, haber obtenido mínimo 240 puntos en la prueba ICFES o un promedio de 3.5 y superar exitosamente los procesos de inscripción, selección y formación. Al terminar su formación, el policía sigue en servicio en la institución o laborar en la prestación de servicios relacionados con el manejo de explosivos a empresas privadas.
Se requiere de valor, compromiso, fuerza y amor por la institución, para asumir el rol de policía técnico en explosivos que demanda la Policía Nacional. Más que un sacrificio, se convierte en un modo de vida que los uniformados adquieren con valentía y honor. Por eso, aquí reproducimos las historias de 6 uniformados que hacen parte del homenaje ‘Un segundo para la eternidad’, que, como el intendente de la Policía Jairo Hernando López, arriesgaron sus vidas en la labor de proteger con su servicio a los demás.
Los técnicos antiexplosivos son hombres de carne y hueso, aunque con su traje de protección se ven fuertes e indestructibles. Foto que pertenece al libro 'Un segundo para la eternidad'.
Javier Aguillón Orduz (1970 - 1999)
En Tame, departamento de Arauca, el intendente Aguillón se enfrentó a la desactivación de un artefacto explosivo que se encontraba adherido a un radio de comunicaciones. El manejo de la situación comenzó con la destrucción del radio con un francotirador. Javier se disponía a desactivar la carga y cuando estaba próximo al artefacto esta se activó, terminando con su vida el 1 de abril de 1999 a la edad de 28 años.
Javier Aguillón siempre deseó ser parte de la Policía desde que presenció un robo a una casa familiar y a un local comercial. Él, siendo un adolescente, fue en busca de la Policía en aquella ocasión. Vivía en Santander junto a su esposa Marisol Montes y era padre de dos niñas. Sus amigos y familia lo recuerdan por su empatía, la sensibilidad al dolor ajeno y la valentía.
Durante ese año la violencia en Colombia no cesaba a pesar de los diálogos de paz que el gobierno Pastrana mantenía con las Farc. Según un informe de Naciones Unidas, desde Ecuador se producía la principal fuente de suministros explosivos a grupos al margen de la ley para acciones terroristas.
Samuel Moreno López (1967 - 2001)
El sargento segundo fue solicitado en el municipio de Almaguer, Cauca. Las Farc habían realizado un ataque a una estación de la Policía y mientras Moreno se dirigía al lugar logró desactivar varias cargas explosivas que estaban ubicadas en la vía entre Popayán y Almaguer, permitiendo que llegara ayuda al municipio.
Mientras prestaba apoyo en la búsqueda de civiles y compañeros heridos entre los escombros, el uniformado encontró una granada, la cual trasladó a un lugar alejado con la intención de desactivarla, sin embargo, esta se activó, arrebatando su vida el 1 de abril del 2001, con 33 años de edad.
Sus compañeros y amigos lo apodaban ‘Arturito’. Vivía con Fabiola Jiménez, su esposa, y con su hija de 10 años. Debido al llamado a Almaguer, el uniformado se disculpó con su esposa por no poder asistir a la primera comunión de su hija, siendo la última conversación que mantuvo la pareja. Moreno es recordado como un padre dedicado y amoroso y como un policía eficiente, con una excelente presentación personal.
Durante 2000 y 2004 el departamento del Cauca fue el epicentro de fuertes enfrentamientos entre las Farc y el paramilitarismo por el control de la zona. Esto se vio reflejado en hechos violentos en municipios como Santander de Quilichao, El Tambo y Cajibío.
Edwin José Ortega Balaguera (1971 - 2001)
En el corregimiento de San Juana, en el departamento de Norte de Santander, el intendente José Ortega fue solicitado para desactivar unos explosivos que se encontraban en un taxi y un microbús abandonados. Ortega comenzó con la desactivación del explosivo que se encontraba en el microbús. Después de un descanso, se disponía a desactivar la bomba que se encontraba en el taxi cuando esta se detonó. Edwuin falleció a sus 30 años de edad, el 6 de noviembre del 2001.
Ortega comenzó en el servicio a la patria al prestar servicio militar y realizó estudios en Enfermería, sin embargo, entregó su carrera a la Policía. Su familia sufrió la pérdida de dos miembros que hacían parte de la institución, pues tiempo atrás, el policía Jaime Antonio Ortega, hermano del intendente, había fallecido. Edwin era padre de 3 niños; familiares y compañeros lo recuerdan como un hombre exigente, comprometido y responsable.
Ese mismo año, en el mes de agosto, Norte de Santander también había sido el objetivo de un bus bomba abandonado en la capital del departamento por el ELN. Ese mismo mes el gobierno de Andrés Pastrana suspendió el diálogo de paz que se gestaban con el grupo guerrillero las Farc.
Los técnicos antiexplosivos de la Policia Nacional se cuidan mutuamente durante todo el procedimiento para disminuir al máximo el riesgo de una detonación. Foto de Federico Ríos que pertenece al libro 'Un segundo para la eternidad'.
Germán Arturo Ruíz Marín (1967 – 2002)
El mayor Arturo Ruíz fue solicitado en la vía que conduce de Soacha a Sibaté, Cundinamarca, junto con un subteniente. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron un cadáver abandonado en un camión que obstruía el paso de peatones y vehículos en la vía. El cuerpo tenía adheridos algunos explosivos que fueron detonados a control remoto mientras los policías llevaban a cabo la desactivación de los artefactos y del sistema electrónico del vehículo, cobrando así la vida de ambos uniformados el 9 de abril de 2002.
Germán tenía 34 años, estaba casado con Maribel Pulido y era padre de 3 niños. Ingresó a la Policía con el apoyo de su familia, obtuvo varios reconocimientos en la escuela de formación y participó en la desactivación de más de 350 artefactos explosivos en su carrera. El mayor es recordado por su servicio, su pasión por el deporte y su sonrisa.
Durante el 2002 se acrecentaron los ataques con explosivos en el país. En el mes de enero, las Farc perpetraron un atentado en el municipio El Dorado en el departamento del Meta al detonar una casa que cobró la vida de más de 20 uniformados. En mayo, un atentado en Barranquilla durante una visita del entonces candidato a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, cobró la vida de 4 personas. En el mes de mayo ocurrió la Masacre de Bojayá, efectuada por las Farc con un cilindro bomba, que cobró la vida de más de 70 personas. Así como estos, se presentaron más actos de violencia relacionados con explosivos en ciudades principales y zonas rurales.
Nelson Cristóbal Lizcano Cárdenas (1978 - 2002)
El día 28 de octubre de 2002 el subintendente Lizcano, de 23 años y la subintendente Mónica del Pilar Murcia murieron en la detonación de un carro bomba abandonado enfrente del colegio Cristo Rey en el municipio de Arauca, departamento de Arauca. Se presupuestaba que el día del acto violento llegará al municipio el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez a un consejo regional de seguridad. En el hecho resultaron varias personas heridas, entre ellos 2 estudiantes, Carlos Sandoval y Orlando Quenza.
Nelson, padre de dos niños, desde joven fue un hombre entregado a su familia. Desde temprana edad ayudaba en el sustento económico de la familia al trabajar de día y estudiar en la noche. En su carrera, logró desactivar más de 300 artefactos explosivos. Entre sus planes estaba realizar una especialización en explosivos en Estados Unidos. Su familia y compañeros lo recuerdan por su valor, tenacidad y el rechazo a la violencia.
El atentado en el colegio Cristo Rey sirvió como precedente para que el gobierno empleara nuevas estrategias y un mayor control de los vehículos estacionados en entidades públicas y el aumento en controles de la frontera con Venezuela, país donde estaba registrada la matrícula del carro bomba. Ese mismo mes en Vanadía y Samorá, Arauca, se había presentado el derrumbe de dos torres de energía que había dejado al departamento sin electricidad.
Jean Carlo Ortiz Contreras (1981 - 2007)
El patrullero Ortiz fue solicitado en el municipio de Agua Azul en el departamento de Casanare. Allí, la Policía había incautado un material explosivo que estaba destinado a ser utilizado en un atentado en el municipio de Yopal. Durante el proceso de destrucción del material, una sustancia en polvo se incineró en las manos de Jean Carlo, y propagándose por todo su cuerpo, causándole graves heridas. El 18 de agosto, a la edad de 26 años, Jean murió después de ser trasladado a una unidad médica de Bogotá.
Su carrera en la Policía fue una herencia familiar que asumió con compromiso. Era conocido como el ‘Gordo’ por sus compañeros y seres queridos. El mismo año de su muerte se había trasladado al comando de la Policía con Claudia Jimena Mariño, su esposa, y el día del incidente con el material explosivo, había fijado una cita con su esposa para almorzar. La institución y su familia recuerdan del uniformado su pasión por viajar y conocer los rincones de Colombia y el carácter protector de Jean Carlo.
El departamento de Casanare ha tenido una gran afluencia en la temática de violencia por sus recursos naturales y rutas estratégicas para el transporte de mercancía ilegal. El control de esta zona, y los límites de Arauca, Boyacá y del Magdalena Medio fueron por muchos años disputados por diferentes grupos guerrilleros y los paramilitares.
Marcelo Reyes Rodríguez (1975 - 2016)
En el sector de Balastera, en el municipio de Chinchiná del departamento de Caldas, el intendente jefe, Marcelo Reyes, se disponía a destruir un material explosivo cuando su detonación le arrebató la vida a sus 41 años.
El ‘Chico bomba’, como lo llamaban sus amigos, tenía desde joven el sueño de entrar a la Policía, por lo que desde temprana edad trabajó y ahorró para costear su formación en la institución.
El 25 de octubre del 2016 el hijo de Marcelo habló por última vez con su padre, cuando él lo llamó en la mañana para desearle, como cada día, un buen día en el colegio. Sandra Milena Herrera, esposa de Marcelo, su hijo y la Policía lo recuerdan como un hombre solidario, comprometido con el servicio a la comunidad, exigente y amoroso.
En el mismo año de la muerte de Marcelo, en el mes de diciembre, un policía en Bogotá fue asesinado y su cuerpo fue utilizado para utilizar un explosivo que dejó a 4 uniformados heridos tras su detonación. Colombia no sólo se ve afectada por la importación y uso de armas y explosivos, sino también es vendedor de armamento. Durante el 2016, INDUMIL, entidad colombiana que comercializa armas y explosivos, realizó ventas de más de 9 mil millones de pesos colombianos.