En el año 2016, mientras en Estados Unidos elegían a Donald Trump como su nuevo presidente y en Colombia transcurría el diálogo de paz entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Juan Manuel Santos, una familia víctima del desplazamiento por el conflicto armado empezaba una lucha por recuperar la oportunidad de volver a su territorio, pero una fiscal, presuntamente, se interpuso en este objetivo aprovechando su cercanía con la familia y queriendo tomar posesión del predio.
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Todo comenzó en el año 1996, cuando la familia Mahecha Cifuentes recibió una herencia que iba a cambiar el rumbo de sus días.
Froilán, el cuarto hijo de Rosalía Álvarez y Froilán Mahecha murió a causa de un infarto mientras conducía su camioneta Ford Bronco de camino a su casa en Chía, municipio de Cundinamarca. Al morir y no tener hijos herederos, sus pertenencias fueron sucedidas a sus hermanos, entre ellos Carmen Elisa Mahecha de Cifuentes, quien recibió entre otros, un lote ubicado en el área rural de la vereda Potosí del municipio de Villagómez.
Llegada a Villagómez
En el mismo año que Carmen Elisa recibió la propiedad, su esposo Sergio, su hija Andrea y ella decidieron partir a Villagómez, municipio ubicado en la provincia de Rionegro en Cundinamarca, para disfrutar del que sería su nuevo hogar, rodeado de vegetación, numerosos cuerpos de agua, paz y tranquilidad; un lugar donde la conexión con la naturaleza se siente al instante. Al llegar al predio los sentimientos de la familia estuvieron a flor de piel: asombro, felicidad, sorpresa y ganas de salir adelante, pues no esperaban encontrar lo que había allí.
De vivir humildemente en Bituima, municipio de Cundinamarca, Carmen Elisa y su familia hallaron en la finca denominada Laguna de Potosí una extensión aproximada de siete hectáreas y seis mil seiscientos metros cuadrados (7 has, 6.600 Mts2), es decir, un equivalente a trece canchas de fútbol profesional. Además, una casa de 450 m2 construida en piedra, establos para vacas, galpones para cuidar aproximadamente 200 gallinas y el mayor atractivo de este predio: la laguna, que se caracteriza entre otras cosas, por ser la fuente hídrica del municipio. Incluso en los alrededores de esta crece abundante vegetación, donde se pueden encontrar frutos silvestres y especies exóticas.
Los años venideros fueron muy fructíferos, pues la familia encontró en este territorio y en las labores del campo estabilidad económica. Además, Sergio, esposo de Carmen Elisa se convirtió en concejal de Villagómez.
Bomba de tiempo
La historia del Frente 22 se remonta a mediados de los años 70 operando en la región noroccidental de las provincias de Rionegro, Magdalena Medio y Gualivá del departamento de Cundinamarca. Estos años de guerra crearon fronteras imaginarias que dividieron y separaron a muchas familias de dichos municipios.
Incluso más allá de las armas, el temor de hablar con extraños era común en estos lugares, pues no se sabía quién era de la guerrilla o paramilitar. Esta situación también generó un conflicto dentro de la casa de la familia Cifuentes Mahecha, ya que la Laguna de Potosí se convirtió en el atractivo de los grupos al margen de la ley y del Ejército Nacional de Colombia, pues en este terreno totalmente plano, gigantesco y con el recurso hídrico encontraron el lugar perfecto para acampar y asentarse cada vez que lo requerían.
A inicios del año 2003 llegaron a la casa tres jóvenes en busca de Sergio. Rápidamente se identificaron como integrantes de la guerrilla de las FARC y ocurrió lo inevitable. Como la familia accedía a las peticiones tanto del ejército como de la guerrilla de asentarse en su predio por unos días, a las FARC no les quedó otra opción que desplazar a la familia Cifuentes Mahecha de su casa en Villagómez, pues esta situación no les favorecía.
Desplazamiento
Como muchas familias desplazadas por el conflicto armado, decidieron trasladarse a Bogotá, allí se instalaron en la localidad de Suba, pero ante la falta de recursos económicos y la imposibilidad de pagar el arriendo en el lugar donde vivían, decidieron partir hacia un viejo lugar conocido, el municipio de Nocaima, Cundinamarca; lugar de donde provenía la familia Cifuentes.
Su llegada a Nocaima no fue muy alentadora, debido a la dificultad de conseguir un lugar donde vivir. Sin embargo, a la familia se le presentó una oportunidad a la que no pudieron negarse. En el año 2005, Diego Cifuentes, hermano de Sergio, les ofreció un predio en la Vereda Centro de este municipio, donde había construido dos casas. Este trato se dio por medio de un contrato de prestación de servicios en el que Carmen Elisa se comprometía a cuidar la propiedad y los enseres que allí había. A cambio de esto, Diego quien era registrador en en el municipio de Pacho, a 1 hora de Villagómez, se iba a hacer cargo de la Laguna de Potosí mientras la familia podía retornar.
El cambio de vida fue drástico, pues en este nuevo predio no encontraron ni la cuarta parte de lo que había en la Laguna de Potosí. Además, la situación económica seguía sin mejorar. Aunque Sergio se dedicaba a manejar una ruta escolar, el municipio no cumplía con los respectivos pagos. Por lo que Carmen Elisa era el único sustento de la casa. Así como lo explica Andrea, su hija, en el siguiente audio.
En el año 2014, la familia decidió acudir a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, allí quedaron incluidos en el Registro Único de Víctimas - RUV, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado ocurrido el 10 de enero de 2003. Sin embargo, la propiedad Laguna de Potosí no se considera como una tierra presuntamente despojada o abandonada ya que siempre hubo alguien al cuidado de esta.
De vuelta a casa
A finales del año 2016 Diego Cifuentes falleció de una enfermedad que lo aquejaba desde años atrás. Ante esta circunstancia, la familia Cifuentes Mahecha decidió retornar a la finca de la cual habían sido desplazados por las FARC. El contexto les permitía volver con seguridad, pues la guerrilla se desmovilizó y ante la firma del acuerdo de paz su presencia en este territorio de Cundinamarca era nula, razones por las cuales el peligro por el conflicto armado no era inminente en las zonas rurales del municipio.
El 7 de noviembre del 2016, se hizo realidad la vuelta a la Laguna de Potosí. La familia Cifuentes Mahecha se presentó con la escritura de la propiedad a la inspección de Policía con la aceptación, en un principio, de Mary Luz Moreno Bertoletti, secretaria de Gobierno del momento, quien firmó un documento en el cual certificó que la finca Laguna de Potosí es propiedad de la señora Carmen Elisa Mahecha de Cifuentes.
Sin embargo, al llegar al predio, se encontraron con una familia que habitaba la casa, se trataba de Serafín Quiroga y María Eugenia Ahumada. Ellos vivían allí con el argumento de tener un contrato de arrendamiento que habían firmado con Diego Cifuentes, quien tenía al cuidado la finca desde el año 2005.
Desalojo
Luego de un mes Carmen Elisa interpuso una querella en contra de las personas que residían en su propiedad, y la situación se empezó a tornar difícil. En principio la querella interpuesta fue negada por la Secretaría de Gobierno por no cumplir con los plazos pertinentes. En este punto apareció la exesposa de Diego Cifuentes, Dalila Quiroga López, fiscal delegada de la Fiscalía General de la Nación, quien también interpuso una querella alegando la posesión del predio según ella ejercida por su exesposo, además, en su posición de viuda asumió que esto le correspondía a ella, pues era parte de la herencia que Diego le dejaba a sus hijas. Ella llegó a la propiedad en compañía del personero del municipio y el comandante de Policía, con el objetivo de sacar a la familia Cifuentes Mahecha de la propiedad y lo lograron, este desalojo se hizo efectivo diciéndoles que si no se iban, hacían uso de la fuerza con la policía.
Este suceso causó el inicio de un enfrentamiento jurídico entre Carmen Elisa Mahecha y Dalila Quiroga. En un principio, Carmen tomó como medida instaurar una tutela, que es un mecanismo para la protección de los derechos fundamentales de los individuos cuando se ven amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad, no solo en contra de la señora Quiroga, sino también de todas las entidades o personas por las cuales se sintió vulnerada como la Alcaldía Municipal de Villagómez, la Secretaría de Gobierno, el inspector de Policía, Serafín Quiroga y María Eugenia Ahumada. En este caso se alegó por los derechos fundamentales a la propiedad privada y la vivienda en condiciones dignas.
La acción de tutela se presentó ante el Consejo Superior de la Judicatura y al Tribunal Superior de Bogotá, pero por competencia fueron remitidas al Juez Promiscuo de Villagómez, quien la consideró temeraria por haberla presentado dos veces debido a la ignorancia del accionante. De esta forma, pasó a segunda instancia donde el Juez Promiscuo del Municipio de Pacho consideró lo mismo, sin determinar si se estaban violando o no los derechos fundamentales de la familia.
Una luz de esperanza
Ante esta situación, tomaron la determinación de acudir al Tribunal Superior de Bogotá, de allí la remitieron a los Jueces Penales con Categoría Circuito de Bogotá, específicamente al Juzgado 47. En este despacho comenzó todo el proceso investigativo para determinar lo que pasaría con la Laguna de Potosí y la tutela puesta por Carmen Elisa.
Lo único que quería la familia era regresar a su hogar, por esto era tan importante el desarrollo de esta investigación, pues no habían tenido muchas opciones y sentían que la falta de garantíasen las entidades a las que habían acudido los afectaba directamente en la lucha contra Dalila Quiroga, quien por ser funcionaria de la Fiscalía representaba al Estado y según ellos tenía cierta influencia en estas entidades.
En la primer declaración por parte de Dalila Quiroga que se encuentra en el fallo del Juzgado 47 de Bogotá, menciona de la tutela que: “carecen de todo fundamento los hechos de la tutela, pues, el predio que está reclamando fue objeto de negocio jurídico hace más de 15 años entre la accionante y mi esposo Diego Cifuentes quien les hizo la entrega real y material de dos casas en el municipio de Nocaima, Cundinamarca… y esta a su vez le entregó posesión del predio que pretende reivindicar y que se ha negado a perfeccionar mediante el título traslaticio de dominio, incumpliendo su papel como vendedora”.
Esta versión también la maneja el personero municipal de Villagómez, Luis Mario Sierra, quien estuvo presente en el desalojo del año 2017, pues menciona que el señor Sergio Cifuentes, le prometió en venta el predio a su hermano Diego.
La razón de la venta según Quiroga fue una permuta en la cual el objeto de cambio fue la finca de Nocaima, por la de Villagómez. Sin embargo, el juzgado pidió alguna prueba que pudiera certificar el negocio, lo cual no fue posible, pues según Dalila, este documento había sido destruido por Sergio. Además, se determinó que Diego Cifuentes no tenía ningún predio a su nombre en el municipio de Nocaima; teniendo en cuenta esto, el trato se habría realizado con un predio propiedad del municipio y no de Diego; lo que implica que la familia Cifuentes Mahecha podrá ser desalojada de esta casa si así lo ordenan las autoridades, de hecho, un estudio técnico realizado en el año 2021, por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal hace notar el estado de riesgo en que se encuentra la vivienda construida y se recomienda el desalojo.
Otro objeto de investigación fue el contrato de prestación de servicios que realizó Diego y Carmen Elisa, para que ella cuidara la propiedad de Nocaima. Pues esto haría que la permuta no tuviera sustento y se desvirtuaría algún negocio jurídico. En este punto, los testigos del contrato Carlos Perdomo Romero y Benito Arias Olaya negaron las firmas que aparecían. Carlos dijo que no recordaba debido a una patología de alzhéimer y Benito manifestó que: “yo nunca firmé ese documento, se parece a mí firma, si lo hicieron me la escanearon o falsificaron…”. Ante esto, se realizó un peritaje o cotejo para verificar si la firma era auténtica, donde el Técnico Investigador IV Grafólogo y Documentólogo Forense adscrito al CTI Cundinamarca, con varios documentos firmados por Benito, determinó que la firma era auténtica y que sí la había realizado. Esto dio validez al contrato y desvirtuó la presunta permuta de la cual nunca se evidenció ningún documento.
Este proceso determinó la decisión que por tanto tiempo habían esperado por parte del juzgado. Pues a pesar de la lucha de parte y parte, ya había un fallo que favoreció a la familia Cifuentes Mahecha devolviéndoles la esperanza de regresar a casa y finalizar, por fin, el proceso judicial más difícil de sus vidas. La principal determinación del fallo fue declarar procedente la tutela y hacer entrega real y material del predio a Carmen Elisa Mahecha, por ser la dueña legítima de la Laguna de Potosí, sin ninguna interferencia de Dalila Quiroga. Además, se determinó que se debían enviar copias a los entes judiciales encargados de investigar las actuaciones de Dalila Quiroga, de funcionarios municipales que se vieron involucrados en el proceso y de Benito Arias para determinar una presunta acción delictiva por obstrucción a la justicia y declarar bajo juramento que lo habían falsificado.
Dentro de los días estipulados, Carmen Elisa fue con su familia a recibir la casa ya con un fallo judicial y con el objetivo de instalarse definitivamente en su hogar. Al llegar se encontraron con las puertas cerradas, una mesa que no permitía el paso hacia el interior de la finca y la presencia de Dalila Quiroga; el personero, Luis Mario Sierra; la secretaria de Gobierno, Dannys Martínez; el patrullero, Royver Riaño; y quienes habitaban la casa, Serafín Quiroga y María Eugenia Ahumada. En ese momento se firmó un acta en la que quedaba constancia de la entrega. A pesar de eso, no dejaron entrar a la familia y no garantizaron la orden del juez, por lo cual se tuvieron que devolver y el sueño se vio truncado una vez más.
Unos meses después el Tribunal Superior de Bogotá, tumbó el fallo que dio el Juzgado 47 por falta de competencia. Pese a las pruebas que había y todo el proceso investigativo realizado, no pasó nada ante el desacato del juez; y por el contrario volvían a tener todo en contra.
En el año 2020 la familia Cifuentes Mahecha cambió de abogado, pues su predecesor les generó desconfianza en algunas situaciones. El actual abogado, Carlos Romero, está a cargo del caso y teniendo casi todo perdido, inició un nuevo proceso en el municipio de Villagómez y en Villeta, Cundinamarca, por competencia, para demostrar el derecho de Carmen Elisa y su familia sobre la propiedad.
Pese a la muerte de Carmen Elisa el pasado 5 de noviembre de 2021, la investigación sigue en curso. Pues sus 3 hijos herederos quieren recuperar la tierra a la que por tantos años su mamá quiso volver.
Para esta investigación se intentó contactar a la fiscal Dalila Quiroga para conocer su versión de la historia. Sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte de ella.
Esta, como tantas otras historias de desplazamiento forzado se volvieron paisaje en Colombia, por eso estos espacios de memoria histórica son tan importantes, porque a pesar de ser el conflicto armado el problema principal, de él se desencadenan una serie de eventos infortunados para las familias víctimas que sin recursos deben luchar para volver a obtener lo que se les ha arrebatado.
*En memoria de Carmen Elisa Mahecha de Cifuentes.
Para ampliar la información visita la siguiente página: Efectos Colaterales del Conflicto Armado.