En el ajetreo incesante del centro de la capital, donde los pasos apurados se cruzan entre calles ruidosas y avenidas caóticas, se esconde una realidad que apenas se asoma tras vitrinas improvisadas y toldos plásticos: cientos de adultos mayores trabajan en condiciones precarias, desprovistos de derechos y sin presencia institucional.
Más de 2.087 personas mayores de 60 años continúan trabajando informalmente en Bogotá, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE. La mayoría lo hace en una franja crítica entre las calles 16 y 19, donde la vejez se vive como resistencia y no como descanso. Sin contrato, sin salud, sin pensión, sin red.
Desde el IPES (Instituto para la Economía Social), entidad encargada de ofrecer alternativas a la economía informal, se aseguran esfuerzos por atender a esta población. Carol Liliana Daza, asesora de comunicaciones, menciona programas como “Emprendimiento Social”, dirigidos a personas mayores y con discapacidad. Pero el más reciente informe de gestión revela una cifra limitada: solo 91 personas mayores accedieron a estas alternativas en 2024. Frente a las más de 2.000 que siguen trabajando en condiciones vulnerables, el esfuerzo parece una gota en el asfalto caliente del centro bogotano.
Foto archivo El Tiempo.
Entre la calle y el olvido institucional
María Dolores González tiene 88 años. Cada día recorre desde Lucero Medio, en Ciudad Bolívar, hasta el Parque Santander, donde atiende un pequeño quiosco de confites otorgado por el IPES. No tiene casa propia ni pensión. Vive con problemas de salud, pero no deja de levantarse temprano para tomar el transporte y trabajar. “Es mejor estar haciendo algo que quedarse de brazos cruzados”, dice, con la dignidad intacta pese al cansancio.
María Dolores González tiene 88 años. Cada día recorre desde Lucero Medio, en Ciudad Bolívar, hasta el Parque Santander, donde atiende un pequeño quiosco de confites otorgado por el IPES. No tiene casa propia ni pensión. Vive con problemas de salud, pero no deja de levantarse temprano para tomar el transporte y trabajar. “Es mejor estar haciendo algo que quedarse de brazos cruzados”, dice, con la dignidad intacta pese al cansancio.
Debe asumir el arriendo del quiosco y pagar los servicios básicos, aunque sus ventas diarias rara vez superen los 40.000 pesos. Como ella, decenas de personas mayores mantienen la ciudad en movimiento desde la informalidad, sin que las instituciones se ocupen de su bienestar real.
Cuerpos fatigados, derechos ausentes
Adelaida Urueña lleva más de 30 años vendiendo dulces frente al Museo del Oro. Vive en Soacha y todos los días se levanta a las 4:00 a.m. para llegar a su puesto. Tiene una hija en el colegio, y todo lo que gana lo invierte en su educación. “Del IPES no recibo más que un registro del puesto. Si alguien me lo invade, tengo que llamar a la Policía yo misma”, relata.
Adelaida Urueña lleva más de 30 años vendiendo dulces frente al Museo del Oro. Vive en Soacha y todos los días se levanta a las 4:00 a.m. para llegar a su puesto. Tiene una hija en el colegio, y todo lo que gana lo invierte en su educación. “Del IPES no recibo más que un registro del puesto. Si alguien me lo invade, tengo que llamar a la Policía yo misma”, relata.
No cuenta con asesoría jurídica ni atención médica ni apoyo en trámites pensionales. Cubre sus necesidades básicas con sus propios ingresos y la rutina desgasta más cada día.
El Observatorio de Envejecimiento de Bogotá (2023), coordinado por la Universidad Javeriana, indica que el 71 % de los adultos mayores en la informalidad se ha endeudado para cubrir gastos básicos. Más del 60 % no accede con regularidad a servicios de salud.
Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional se advierte que esta situación no es casual: es el resultado de décadas de desprotección pensional, políticas públicas fragmentadas y un sistema económico que nunca incluyó a quienes trabajaron desde la informalidad.
Cifras que no envejecen: permanecen
Según el DANE, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, el 56,8 % de los trabajadores en Colombia era informal. En las principales ciudades, esa cifra fue del 42,6 %. Y cuando se mira a la población mayor de 60 años, el porcentaje supera el 60 %, según la Fundación Saldarriaga Concha.
Según el DANE, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, el 56,8 % de los trabajadores en Colombia era informal. En las principales ciudades, esa cifra fue del 42,6 %. Y cuando se mira a la población mayor de 60 años, el porcentaje supera el 60 %, según la Fundación Saldarriaga Concha.
La Defensoría del Pueblo, en su informe más reciente sobre personas mayores, alerta sobre la desarticulación entre entidades y la lentitud de las ayudas, que suelen llegar tarde o simplemente nunca. Se recomienda ampliar subsidios, mejorar el acceso a la salud y diseñar una política pensional más justa.
El Ministerio del Trabajo reconoce —en su documento de Política Pública de Empleo Decente para Personas Mayores (2023)— que Colombia ha fallado en garantizar un retiro digno. La vejez, en muchos casos, es sinónimo de angustia.
Foto de César Melgarejo.
Una región que envejece en deuda
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha sido enfática: los sistemas pensionales de la región fueron diseñados para una formalidad laboral que nunca fue mayoría. No cotizaron porque nunca pudieron. La exclusión comenzó desde el primer empleo y se prolongó hasta la vejez.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha sido enfática: los sistemas pensionales de la región fueron diseñados para una formalidad laboral que nunca fue mayoría. No cotizaron porque nunca pudieron. La exclusión comenzó desde el primer empleo y se prolongó hasta la vejez.
Organizaciones como HelpAge International Colombia señalan que muchos adultos mayores ni siquiera son incluidos en censos para acceder a subsidios. A menudo son víctimas de desalojos, tratados como ocupantes irregulares, y despojados de los pocos espacios que les quedan.
¿La esperanza está en la reforma?
Adriana Alba, vocera de la Cámara de Comercio de Bogotá, se refiere al bono pensional incluido en la reforma del sistema como una medida con alto impacto social. “Reconoce el esfuerzo de quienes trabajaron toda la vida sin cotizar, por fuera del sistema”, afirma. Pero también advierte que su sostenibilidad dependerá del equilibrio financiero y del control institucional sobre su implementación.
Adriana Alba, vocera de la Cámara de Comercio de Bogotá, se refiere al bono pensional incluido en la reforma del sistema como una medida con alto impacto social. “Reconoce el esfuerzo de quienes trabajaron toda la vida sin cotizar, por fuera del sistema”, afirma. Pero también advierte que su sostenibilidad dependerá del equilibrio financiero y del control institucional sobre su implementación.
Actualmente, este componente de la reforma está bajo revisión de la Corte Constitucional, que deberá decidir su viabilidad jurídica y fiscal. Si se aprueba, podría significar un alivio real para miles de personas mayores sin pensión.
La calle como refugio, no como elección
Hoy, para miles de adultos mayores, la calle no es una opción, sino un último refugio. Sus historias no son anécdotas: son síntomas de un sistema que les dio la espalda.
Hoy, para miles de adultos mayores, la calle no es una opción, sino un último refugio. Sus historias no son anécdotas: son síntomas de un sistema que les dio la espalda.
Las vidas de María Dolores y Adelaida reflejan la forma en que Bogotá ha normalizado una vejez sin garantías. El discurso institucional de inclusión se desmorona frente a la crudeza de la realidad: una generación que trabajó toda la vida y que hoy debe seguir trabajando para sobrevivir.
La calle no tiene edad, pero sí memoria. Y cada rostro surcado por los años nos recuerda que la dignidad no se jubila.