Luego que el Gobierno Nacional, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), objetara el proyecto de Ley aprobado por el Congreso, que permitía la formalización laboral de cerca de 55.000 madres comunitarias, al incorporarlas como empleadas oficiales del Estado, el periódico El Colombiano consultó a destacados abogados especializados en Derecho Laboral, con el fin de indagar acerca de las posibles medidas que tomará la Corte Constitucional luego de someter este proyecto a revisión.
Una de las fuentes consultadas fue Marcela Roa, asesora laboral del Consultorio Jurídico de Utadeo, quien recordó que con la decisión del ejecutivo las madres comunitarias se ven afectadas, razón por la cual el único camino que les queda es acudir a la jurisdicción laboral, luego que se demuestre la vinculación contractual entre ellas y el Estado.
Sin embargo, la especialista enfatiza que este tipo de proceso pondría en crisis al sistema de justicia, pues habría congestión, problema que quería solucionarse con el proyecto de ley.
