¿En qué invierten las entidades públicas los dineros de cooperación?
¿Sabe usted en qué están invirtiendo las entidades públicas el dinero proveniente de cooperación internacional? Esta es una de las preguntas que motivó al Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación (IEMP) y al programa de Relaciones Internacionales de Utadeo, a realizar la investigación sobre “La Presencia de las entidades públicas colombianas en la cooperación internacional: reflexiones sobre cuatro experiencias en Bogotá, D.C.”, publicación que fue lanzada el pasado 2 de diciembre, en el Hemiciclo de la Universidad.
El evento contó con la presencia de Martha Isabel Castañeda, viceprocuradora general de la Nación; Christian José Mora, director del IEMP; Cecilia María Vélez, rectora de Utadeo, las investigadoras Denisse Grandas, docente del programa de Relaciones Internacionales de Utadeo y Vanessa Monterroza, asesora del Grupo de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Procuraduría.
¿Cómo estamos en cooperación internacional?
El documento recoge el seguimiento a la ejecución de presupuestos provenientes de cooperación internacional por parte de cuatro entidades distritales: el Convenio de Cooperación 8071 del 2012, suscrito entre la Secretaría Distrital de Salud y la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact); el Convenio firmado en el 2012, entre el FOPAE (Fondo de Prevención y Atención de Emergencias) y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) para el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la gestión integral de riesgos en Bogotá; el Programa Sur de Convivencia, contrato de préstamo y aporte financiero entre Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KfW) y la Alcaldía Mayor de Bogotá, firmado el 14 de diciembre de 2007, y el Proyecto Integration, un Acuerdo de asociación en desarrollo urbano sostenible en superficies contaminadas, suscrito entre la Alcaldía de Stuttgart (Alemania) y la Alcaldía de Bogotá, en noviembre de 2008.
Como lo menciona Denisse Grandes, para hacer seguimiento a dichas iniciativas, se diseñó una herramienta a través de una batería de preguntas, que diera cuenta de factores como protección a los Derechos Humanos, el sistema de contrapartidas y los actores involucrados. En ese sentido, se evaluó el rol del distrito en los objetivos de los proyectos, a través de encuestas y entrevistas a los funcionarios públicos de las entidades evaluadas, beneficiarios y organismos internacionales, al tiempo que se realizaron visitas a las zonas de acción de estos proyectos, con el ánimo de observar la percepción de los ciudadanos, así como los alcances y sostenibilidad de las iniciativas.
Para Denisse Grandas, “el impacto directo de este ejercicio de investigación tiene que ver especialmente con las recomendaciones que se han emitido a las entidades públicas del país, en especial a las del orden departamental y municipal, para que generen o fortalezcan la presencia o capacidad de respuesta frente a las dinámicas de cooperación internacional en sus territorios. Es decir, buscamos con esta investigación que las entidades públicas sean conscientes que deben tener la capacidad de negociación y respuesta de lo que se haga en sus territorio con recursos de cooperación, ya sean técnicos o financieros”.
En concordancia con ello, Vanessa Monterroza señaló que las recomendaciones realizadas a las entidades buscan el mejoramiento de los procesos de cooperación internacional, de tal manera que, este tipo de investigaciones son de carácter preventivo y no sancionatorio. En ese sentido, recordó que todas las actuaciones administrativas deben guiarse por el ejercicio de la función pública de la publicidad, la eficiencia y la eficacia.
En el aspecto de la publicidad, Monterroza recordó que es importante que la ciudadanía y los cooperantes tengan conocimiento acerca de las acciones que las entidades públicas han realizado con los recursos destinados a cooperación. Llamó la atención a algunos funcionarios que, pese a los requerimientos realizados, hicieron llegar extemporáneamente o no presentaron los informes de ejecución de los proyectos. De igual manera, la asesora de la Procuraduría destacó que hoy día, a través de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, los funcionarios pueden difundir estos informes.
En cuanto a la eficiencia, la funcionaria del Ministerio Público enfatizó que dichos proyectos de cooperación deben alcanzar los objetivos propuestos, antes, durante y después de la ejecución. Para ello, es necesario que se realicen monitoreos constantes a la sostenibilidad y pertinencia de los procesos. Finalmente, Monterroza recordó que el Estado debe ser el principal garante de derechos: “nosotros vamos a emitir estas recomendaciones a todas las autoridades públicas, incluyendo a las territoriales. Es un momento crucial porque hay un cambio en las administraciones públicas locales. Es importante que nuestros alcaldes y gobernadores conozcan qué es lo que está sucediendo en cooperación internacional. Ellos antes de iniciar sus mandatos van a tener esta recomendación. Lo que estamos buscando es evitar que en el desarrollo de sus actividades públicas puedan incurrir en irregularidades y no conseguir que esos objetivos de cooperación se cumplan”.
Un instrumento preventivo para la gestión pública en los territorios
En su intervención, la viceprocuradora general de la Nación recordó que la investigación nació como una inquietud académica y misional de la Procuraduría, en el marco del Observatorio al Seguimiento de la Ejecución en Cooperación. En ese momento, se deseaba indagar cómo se ejecutaban los recursos públicos provenientes de instituciones internacionales en las distintas entidades gubernamentales del país.
Como lo sostiene Castañeda, a partir de los resultados obtenidos en la investigación se podrán emitir alertas, con el ánimo de hacer un seguimiento preventivo que evite la realización de conductas que perjudiquen el correcto funcionamiento de la función pública, y por ende, de los Derechos Humanos de los ciudadanos. En ese sentido, la Procuraduría cumple con uno de sus ejes misionales, el cual es la intervención para prevenir futuras faltas disciplinarias por parte de sus servidores: “frente a los resultados arrojados por la investigación, ya estamos haciendo un seguimiento, a través de la Oficina de Cooperación, en el cual tratamos de verificar que efectivamente la inversión que se hace en apoyo internacional se ejecute y se destine conforme al objeto del proyecto. Luego miramos si efectivamente hay o no lugar a iniciar una indagación disciplinaria”, añadió la viceprocuradora, en entrevista con Utadeo.
La funcionaria resaltó que, con este tipo de alianzas entre la academia y la Procuraduría, se busca la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de las funciones públicas. En el caso concreto, se realizaron acciones preventivas a proyectos de cooperación internacional firmados por entidades distritales. Para ello, se solicitaron informes de ejecución, encuestas a los diversos actores que participan en el proyecto, así como las familias beneficiadas por estos acuerdos.
Castañeda puntualizó que es importante fortalecer institucionalmente todas las entidades públicas en materia de cooperación internacional, al tiempo que invitó a todos los actores a trabajar mancomunadamente por el desarrollo de estas temáticas: “la academia tiene un rol importantísimo porque coadyuva en todos los aspectos del desarrollo de un país. Adicionalmente, es un soporte en las investigaciones, reflexiones, opiniones y posturas que se adopten al interior de un claustro universitario”.
Por su parte, Christian José Mora, recordó que los frutos de estas alianzas tendrán repercusiones en las decisiones que el ente de control tome en los próximos años. De igual manera, resaltó la labor de los investigadores, el trabajo en equipo, la suma de saberes y las horas de dedicación a este proyecto. El director del IEMP fue enfático al mencionar que este tipo de investigaciones no solo debe quedar en las bibliotecas sino también debe ser un instrumento práctico en el campo: “estas alianzas estratégicas que hacemos con universidades tan importantes como la Tadeo son de mucha utilidad. Primero porque se tratan temas que tienen impacto a nivel nacional y ponen en sintonía a la academia con la realidad del país y de las instituciones. Entonces, lo que producen los investigadores es adoptado por la Procuraduría General de la Nación y esto nos sirve para afinar un poco más nuestra tarea”, añadió Mora.
El director del Instituto de Estudios mostró su interés en continuar realizando investigaciones mancomunadas, dado que son múltiples los temas afines a ser abordados por ambas instituciones: “esta fue la primera actividad que hacemos con la Universidad en los últimos años y esperamos que sea el inicio de otro tipo de alianzas en los cuales tanto la Tadeo como el Instituto son fuertes”, finalizó el directivo.
Para la rectora de Utadeo, este tipo de investigaciones revelan el interés que tiene la Universidad por el fortalecimiento de las capacidades locales, especialmente en los procesos de cooperación internacional, los cuales apalancan el desarrollo de lo regional. Vélez considera que estas alianzas son muy importantes para que los cooperantes y los ciudadanos tengan la certeza sobre el manejo del erario, especialmente en estas coyunturas de posconflicto. Adicionalmente, señaló que es fundamental institucionalizar los procesos de cooperación, desde su planteamiento, valoración, y ejecución: “es muy apasionante este tema, porque sabremos qué funciona y que no, y a partir de allí, apoyar a las entidades territoriales. Elevar las capacidades de reflexión en el país para todos los procesos solo es posible a través de la investigación. Por tal motivo, nosotros seguiremos apoyando estos procesos en las instituciones públicas”, precisó la rectora.
