Por Santiago Correa Restrepo. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de Utadeo.*
El pasado fin de semana el presidente Gustavo Petro informó a través de su cuenta de Twitter que era necesario una reforma de fondo a la estructura de precios de los combustibles en Colombia. Esto se debe, según el Presidente, a que en la actualidad el déficit trimestral del Fondo de Estabilización de los Combustibles (FEPC) es de $10 billones de pesos y de $40 billones anuales, lo que equivale a la mitad del déficit del presupuesto nacional.
Esto en sí mismo no es novedoso. En el proceso de empalme los ministros Diego Mesa (de Minas y Energía) y José Manuel Restrepo (Hacienda) indicaron en el Marco Fiscal de Mediano Plazo la necesidad de un proceso gradual de incremento en los precios de los combustibles, pues debido a la pandemia se mantuvieron sin alzas para evitar el impacto inflacionario que hubiera tenido y permitir de esa manera la recuperación económica del país. En el proceso de empalme, el gobierno saliente señaló que el FEPC se entregó saneado para el primer trimestre por un valor de $14,2 billones y se dejaron asignadas las partidas presupuestales para el resto del año ($28,5 billones). Adicionalmente, el proceso de incremento de los precios ya había comenzado con un alza de $150 el galón en julio de este año.
Cuando se analizan estas cifras y las razones por las cuales se tomaron las decisiones es claro que existe la necesidad de replantear para el futuro la estructura de precios de los combustibles, en especial porque el esquema de subsidios a los combustibles es altamente regresivo con un impacto fiscal alto y difícil de sostener en el tiempo, pues equivalen para el 2022 a cerca del 2,5% y para el 2023 a 2,1% del PIB.
Por otra parte, si se compara con el resto de América Latina, Colombia tiene uno de los precios promedio de venta al público más bajos, alrededor de USD$2 el galón de gasolina corriente, mientras que los futuros en las bolsas internacionales se cotizan entre USD$4,33 y USD$3,53 entre mayo y junio de este año, con lo cual se tendría aún un margen importante de maniobra dada la distancia en precios.
Sin embargo, si bien esta propuesta es necesaria y debe implementarse, la gran preocupación radica en el impacto inflacionario que tiene un incremento en los precios de los combustibles. El gobierno en sus trinos ha indicado que se desmontarían los subsidios a la gasolina corriente (la extra no está subsidiada) y no afectaría los derivados del ACPM; no obstante, el comportamiento del IPC es preocupante al registrar una inflación anual a agosto del 10,84% (9,06% año corrido) y un aumento del valor de los combustibles se reflejará necesariamente en un incremento de precios que apuntalaría la tendencia inflacionaria de este año y del próximo.
Esto implica que el gobierno, más allá de los anuncios en redes, debe plantear una discusión de fondo en la que la gradualidad y la mesura en el desmonte de los subsidios a la gasolina permita aliviar la presión fiscal sin que se traduzca en un escenario inflacionario que elimine sus beneficios y que deteriore la calidad de vida y la capacidad adquisitiva de los colombianos. No podemos olvidar las lecciones de Ecuador, Panamá y Perú en donde los incrementos en los precios de los combustibles generaron inestabilidad política y protestas sociales.
* Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Economista y doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas; magíster en Historia.
